En los últimos días he colocado en este blog algunos artículos escritos por distintas personas sobre el conflicto en la selva; ahora quisiera compartir algunos puntos de vista personales.
Pocas veces en la historia del Perú la región amazónica ha irrumpido en la conciencia nacional con tanta fuerza como ha sucedido en estos días con los violentos sucesos de Bagua y con las protestas que se han extendido a buena parte de la selva norte y central.
Aún es difícil determinar todos los pormenores de lo sucedido, debido a las distintas versiones que provienen por un lado del gobierno y por otro de fuentes independientes. Los antecedentes a los sucesos del 4 de junio parecerían estar más claros. El año pasado la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) lideró a un conjunto de comunidades amazónicas en una jornada de protesta que logró la derogación del Decreto 1015.
Este decreto modificaba las reglas para la venta de tierras de comunidades andinas y amazónicas, reduciendo el requisito de obtener la aprobación de 2/3 de los comuneros empadronados al 50% de los asistentes a una asamblea comunal, de esta manera facilitando la venta de tierras a empresas extractivas (mineras en la sierra y madereras y petroleras en la selva). Aún si fuese verdad que esta ley estaba dirigida a promover el desarrollo económico de las comunidades andinas y amazónicas (algo que yo no creo), debió haber sido consultada con las federaciones de comunidades de la selva y sierra.
Las protestas amazónicas del 2008 tuvieron un desenlace pacífico; los comuneros abandonaron las instalaciones petroleras tomadas y liberaron a los policías rehenes, y el Congreso derogó el 1015. Este decreto era tan sólo uno de una multitud de decretos legislativos que el Poder Ejecutivo emitió el 2008 valiéndose de poderes especiales otorgados por el Congreso para la negociación del TLC con Estados Unidos. Varios otros de estos decretos se referían también a la selva y sus recursos, en particular las tierras. Las organizaciones amazónicas y andinas solicitaron la derogación de estos decretos a lo largo de muchos meses, y ante los oídos sordos del gobierno, AIDESEP inició una nueva jornada de protesta en Abril del 2009.
Esta protesta incluyó el bloqueo de carreteras y de vías de extracción de petróleo, pero durante los 50 días que duró no se registraron incidentes de violencia, aún si al nivel de retórica la situación se iba polarizando. El premier Yehude Simon ofreció dialogar sobre los decretos, pero al mismo tiempo el partido de gobierno bloqueó la discusión del tema en el Congreso, mientras que el presidente Alan García seguía aferrado a su tesis del “perro del hortelano,” que demoniza a todos los que cuestionan algún aspecto del modelo económico dominante en el Perú.
Finalmente, el 4 de junio el Estado envió contingentes policiales para expulsar por la fuerza a los comuneros manifestantes. En los siguientes enfrentamientos murieron 10 manifestantes y resultaron docenas de heridos, según las cifras oficiales del gobierno. Esperemos que estas cifras sean correctas y que el número de ciudadanos amazónicos muertos no resulte ser mayor, aunque es imperativo que se haga una investigación a profundidad, dadas las versiones alternativas que siguen saliendo a la superficie sobre un mayor número de víctimas, así como los esfuerzos del gobierno por minimizar o hasta ignorar el sufrimiento de los comuneros amazónicos que perdieron sus vidas o las de familiares.
La muerte de 10 comuneros sin duda hubiera indignado a muchos (no a todos), pero quizás no hubiera causado tanta sorpresa – en un país cuya historia está llena de matanzas de gente que lucha por sus derechos – como el otro componente de los sucesos del 4 de junio: la muerte de 24 policías en manos de algunos manifestantes. Varios de estos policías fueron ejecutados cuando ya se habían rendido. Estas muertes han sido utilizadas por el gobierno para pintar a las protestas amazónicas (y a los que les han manifestado apoyo, como los 7 congresistas suspendidos el día jueves) como salvajes, terroristas, y como parte de una conspiración internacional. Y sin duda la muerte de los policías es perjudicial para la imagen de AIDESEP, organización que había logrado acumular fuerzas y visibilidad a través de mucha organización y esfuerzo.
Al parecer, los dirigentes que ocupaban la Estación Petrolera 6 decidieron dar muerte a los policías al ver la forma en que sus hermanos eran atacados violentamente por las fuerzas del Estado. Sin embargo, nada justifica la ejecución de los policías. Es importante que los sectores de izquierda del país reconozcan que la muerte de estos policías no sólo es una tragedia sino una matanza condenable. Sin necesidad de idealizarlos, los policías aquí como en la mayor parte de los países son gente del pueblo, gente trabajadora que terminan defendiendo los intereses de las transnacionales sólo por que el Estado los manda.
La responsabilidad por la muerte de los policías recae tanto sobre los individuos que ordenaron su ejecución como sobre el gobierno que manejó la situación de una manera torpe y autoritaria, poniendo tanto a los policías como a los comuneros en una situación de alto riesgo. No es justo que se le atribuya toda la culpa automáticamente a Alberto Pizango (para quien el Estado ha pedido entre 35 años de prisión y cadena perpetua) y que se satanize a AIDESEP como grupo terrorista. Pizango no ha promovido una ideología ni una cultura política de violencia o intolerancia; ha liderado protestas que hasta el momento habían sido pacíficas, pero cuyo enfrentamiento con las fuerzas enviadas a reprimirlas terminó en derramamiento de sangre.
El asesinato de los policías es condenable, y debe ser investigado no solo por el gobierno sino también por la misma AIDESEP (si es que el estado permite que siga existiendo), para ver porque las cosas sucedieron de esta manera. Pero al margen de las decisiones de algunos dirigentes y las estrategias de otros, la causa por la que luchó AIDESEP sigue siendo justa, y es importante que se siga diciendo esto en los próximos meses, que no se pierda de vista el tema de la selva y de los derechos de las comunidades. Dentro de movimientos que luchan por causas justas hay gente buena y mala; esto siempre ha sido así.
Defender solamente el orden y la autoridad, como vienen haciendo algunos fascistoides seducidos por el poder como Aldo Mariátegui, puede ser muy atractivo (aunque ciertamente Mariátegui y sus colegas no hablan de la autoridad del estado cuando se trata de las protestas en contra de Evo Morales en Bolivia). Parecería ser una respuesta fácil y automática a la situación actual. Pero esta adulación al orden ignora el hecho de que ya hay desorden en el mundo cuando se dan injusticias como la desigualdad extrema y la apropiación de recursos para el beneficio de algunos.
Lo cual no quiere decir que estas realidades justifiquen la violencia. Cierto orden es importante también para vivir, y para que funcione una democracia. Pero no se puede satanizar la idea de la protesta cuando sus manifestaciones concretas van en contra de la ideología de uno y endiosarla cuando están de acuerdo. Hay protestas que son justas y necesarias y punto. Otro tema es que ejecutar a alguien que ya se ha rendido nunca es justo, ni cuando lo hizo Fujimori con los emerretistas rendidos en la residencia del embajador japonés en 1997, ni cuando se hizo con los policías en Bagua.
Ojalá esta matanza de comuneros amazónicos y de policías no se repita. Lamentablemente, el gobierno de García, en vez de tratar de conciliar y dialogar, ha estado haciendo todo lo posible por polarizar aún más la situación con su actitud arrogante y autoritaria y su hostilidad hacia todo lo que tenga que ver con movimientos indígenas. Hoy se ha dado la noticia que Yehude Simon ha aceptado derogar los decretos 1090 y 1064, y que estará solicitando tal derogación al Congreso el día de mañana. Esperemos que esto represente un verdadero cambio en la actitud del Ejecutivo, aunque ciertamente hay que mantenerse en alerta dada la tendencia del actual gobierno de manipular y utilizar maniobras deshonestas. Pero de todas formas, hay que preguntarse, ¿era necesario que murieran 34 personas para que el gobierno se diera cuenta de que la Amazonía en su mayoría rechaza a las “leyes de la selva”?
Pocas veces en la historia del Perú la región amazónica ha irrumpido en la conciencia nacional con tanta fuerza como ha sucedido en estos días con los violentos sucesos de Bagua y con las protestas que se han extendido a buena parte de la selva norte y central.
Aún es difícil determinar todos los pormenores de lo sucedido, debido a las distintas versiones que provienen por un lado del gobierno y por otro de fuentes independientes. Los antecedentes a los sucesos del 4 de junio parecerían estar más claros. El año pasado la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) lideró a un conjunto de comunidades amazónicas en una jornada de protesta que logró la derogación del Decreto 1015.
Este decreto modificaba las reglas para la venta de tierras de comunidades andinas y amazónicas, reduciendo el requisito de obtener la aprobación de 2/3 de los comuneros empadronados al 50% de los asistentes a una asamblea comunal, de esta manera facilitando la venta de tierras a empresas extractivas (mineras en la sierra y madereras y petroleras en la selva). Aún si fuese verdad que esta ley estaba dirigida a promover el desarrollo económico de las comunidades andinas y amazónicas (algo que yo no creo), debió haber sido consultada con las federaciones de comunidades de la selva y sierra.
Las protestas amazónicas del 2008 tuvieron un desenlace pacífico; los comuneros abandonaron las instalaciones petroleras tomadas y liberaron a los policías rehenes, y el Congreso derogó el 1015. Este decreto era tan sólo uno de una multitud de decretos legislativos que el Poder Ejecutivo emitió el 2008 valiéndose de poderes especiales otorgados por el Congreso para la negociación del TLC con Estados Unidos. Varios otros de estos decretos se referían también a la selva y sus recursos, en particular las tierras. Las organizaciones amazónicas y andinas solicitaron la derogación de estos decretos a lo largo de muchos meses, y ante los oídos sordos del gobierno, AIDESEP inició una nueva jornada de protesta en Abril del 2009.
Esta protesta incluyó el bloqueo de carreteras y de vías de extracción de petróleo, pero durante los 50 días que duró no se registraron incidentes de violencia, aún si al nivel de retórica la situación se iba polarizando. El premier Yehude Simon ofreció dialogar sobre los decretos, pero al mismo tiempo el partido de gobierno bloqueó la discusión del tema en el Congreso, mientras que el presidente Alan García seguía aferrado a su tesis del “perro del hortelano,” que demoniza a todos los que cuestionan algún aspecto del modelo económico dominante en el Perú.
Finalmente, el 4 de junio el Estado envió contingentes policiales para expulsar por la fuerza a los comuneros manifestantes. En los siguientes enfrentamientos murieron 10 manifestantes y resultaron docenas de heridos, según las cifras oficiales del gobierno. Esperemos que estas cifras sean correctas y que el número de ciudadanos amazónicos muertos no resulte ser mayor, aunque es imperativo que se haga una investigación a profundidad, dadas las versiones alternativas que siguen saliendo a la superficie sobre un mayor número de víctimas, así como los esfuerzos del gobierno por minimizar o hasta ignorar el sufrimiento de los comuneros amazónicos que perdieron sus vidas o las de familiares.
La muerte de 10 comuneros sin duda hubiera indignado a muchos (no a todos), pero quizás no hubiera causado tanta sorpresa – en un país cuya historia está llena de matanzas de gente que lucha por sus derechos – como el otro componente de los sucesos del 4 de junio: la muerte de 24 policías en manos de algunos manifestantes. Varios de estos policías fueron ejecutados cuando ya se habían rendido. Estas muertes han sido utilizadas por el gobierno para pintar a las protestas amazónicas (y a los que les han manifestado apoyo, como los 7 congresistas suspendidos el día jueves) como salvajes, terroristas, y como parte de una conspiración internacional. Y sin duda la muerte de los policías es perjudicial para la imagen de AIDESEP, organización que había logrado acumular fuerzas y visibilidad a través de mucha organización y esfuerzo.
Al parecer, los dirigentes que ocupaban la Estación Petrolera 6 decidieron dar muerte a los policías al ver la forma en que sus hermanos eran atacados violentamente por las fuerzas del Estado. Sin embargo, nada justifica la ejecución de los policías. Es importante que los sectores de izquierda del país reconozcan que la muerte de estos policías no sólo es una tragedia sino una matanza condenable. Sin necesidad de idealizarlos, los policías aquí como en la mayor parte de los países son gente del pueblo, gente trabajadora que terminan defendiendo los intereses de las transnacionales sólo por que el Estado los manda.
La responsabilidad por la muerte de los policías recae tanto sobre los individuos que ordenaron su ejecución como sobre el gobierno que manejó la situación de una manera torpe y autoritaria, poniendo tanto a los policías como a los comuneros en una situación de alto riesgo. No es justo que se le atribuya toda la culpa automáticamente a Alberto Pizango (para quien el Estado ha pedido entre 35 años de prisión y cadena perpetua) y que se satanize a AIDESEP como grupo terrorista. Pizango no ha promovido una ideología ni una cultura política de violencia o intolerancia; ha liderado protestas que hasta el momento habían sido pacíficas, pero cuyo enfrentamiento con las fuerzas enviadas a reprimirlas terminó en derramamiento de sangre.
El asesinato de los policías es condenable, y debe ser investigado no solo por el gobierno sino también por la misma AIDESEP (si es que el estado permite que siga existiendo), para ver porque las cosas sucedieron de esta manera. Pero al margen de las decisiones de algunos dirigentes y las estrategias de otros, la causa por la que luchó AIDESEP sigue siendo justa, y es importante que se siga diciendo esto en los próximos meses, que no se pierda de vista el tema de la selva y de los derechos de las comunidades. Dentro de movimientos que luchan por causas justas hay gente buena y mala; esto siempre ha sido así.
Defender solamente el orden y la autoridad, como vienen haciendo algunos fascistoides seducidos por el poder como Aldo Mariátegui, puede ser muy atractivo (aunque ciertamente Mariátegui y sus colegas no hablan de la autoridad del estado cuando se trata de las protestas en contra de Evo Morales en Bolivia). Parecería ser una respuesta fácil y automática a la situación actual. Pero esta adulación al orden ignora el hecho de que ya hay desorden en el mundo cuando se dan injusticias como la desigualdad extrema y la apropiación de recursos para el beneficio de algunos.
Lo cual no quiere decir que estas realidades justifiquen la violencia. Cierto orden es importante también para vivir, y para que funcione una democracia. Pero no se puede satanizar la idea de la protesta cuando sus manifestaciones concretas van en contra de la ideología de uno y endiosarla cuando están de acuerdo. Hay protestas que son justas y necesarias y punto. Otro tema es que ejecutar a alguien que ya se ha rendido nunca es justo, ni cuando lo hizo Fujimori con los emerretistas rendidos en la residencia del embajador japonés en 1997, ni cuando se hizo con los policías en Bagua.
Ojalá esta matanza de comuneros amazónicos y de policías no se repita. Lamentablemente, el gobierno de García, en vez de tratar de conciliar y dialogar, ha estado haciendo todo lo posible por polarizar aún más la situación con su actitud arrogante y autoritaria y su hostilidad hacia todo lo que tenga que ver con movimientos indígenas. Hoy se ha dado la noticia que Yehude Simon ha aceptado derogar los decretos 1090 y 1064, y que estará solicitando tal derogación al Congreso el día de mañana. Esperemos que esto represente un verdadero cambio en la actitud del Ejecutivo, aunque ciertamente hay que mantenerse en alerta dada la tendencia del actual gobierno de manipular y utilizar maniobras deshonestas. Pero de todas formas, hay que preguntarse, ¿era necesario que murieran 34 personas para que el gobierno se diera cuenta de que la Amazonía en su mayoría rechaza a las “leyes de la selva”?
