11 abr. 2009

Minería: Comunidad y Trabajo

Artículo que publiqué recientamente en la revista Trabajo y Desarrollo - http://www.plades.org.pe/publicaciones/revistas/vigilancia_social/revista_nro5.pdf



Minería: Comunidad y Trabajo

Federico Helfgott


El 8 de agosto de 1982, 1,800 trabajadores de la empresa Minas Canaria S.A. salieron del departamento de Ayacucho, recorriendo el camino hasta Lima junto con sus familias, en una marcha de sacrificio. Permanecieron más de un año en la capital, exigiendo el pago de salarios atrasados y la reapertura del centro minero, pues la empresa había suspendido operaciones alegando crisis y dejando a miles de personas sin sustento.

Dos décadas después, se desarrollaba el conflicto de Tambogrande, en que la población de un valle agrícola - productivo y exportador - impidió el ingreso de una empresa minera cuyas operaciones hubieran puesto en peligro la agricultura así como la existencia física del centro poblado. Similarmente, en el 2004 protestas masivas en Cajamarca llevaron a la empresa Yanacocha a desistir de su expansión hacia el Cerro Quilish, fuente de agua para la ciudad y las comunidades aledañas. Situaciones conflictivas se daban también en Vicco (Pasco), Tintaya (Cusco) y otras zonas del Perú por temas como la compra de tierras, el agua, la contaminación y la distribución de los recursos económicos generados por la minería.

Por un lado tenemos el caso (no el único en esa época) de una población que se moviliza para evitar el cierre de una minera, por el otro lado varios casos de movilización dirigida a impedir, limitar o modificar la expansión de la minería. Este contraste, y en general los encuentros y desencuentros entre los dos principales ámbitos sociales en la minería – lo laboral y lo comunitario/poblacional – nos invitan a reflexionar sobre los cambios de las últimas décadas, y sobre las contradicciones y ambigüedades siempre presentes en la minería peruana.

Hasta comienzos de los años 90, la principal preocupación social de la industria minera era de carácter laboral – sus relaciones con sus trabajadores. El surgimiento de la minería industrial en el Perú a partir de 1902 había creado una fuerza laboral concentrada, compartiendo niveles de vida y condiciones de trabajo bastante difíciles dentro de cada centro minero.

Como en otras partes del mundo con condiciones similares, esta situación conllevó al surgimiento de sindicatos, organizaciones de defensa del trabajador en una economía controlada por el capital. A través de un tortuoso proceso de luchas, se llegó a forjar un movimiento sindical minero que en la segunda mitad del siglo XX empezó a conseguir importantes mejoras en salarios y condiciones de trabajo y de vida. Este proceso llegó a su cúspide con las Huelgas Nacionales Mineras de 1988 y 89, en las cuales la Federación Minera luchó por el Pliego Nacional. Al no conseguir esto, debido a la oposición de la Sociedad Nacional de Minería y la difícil situación política que vivía el país en ese entonces, el movimiento sindical minero se debilitó. A esto se sumaron los golpes provenientes del conflicto armado y, a partir de 1990, las reformas anti-sindicales del gobierno de Fujimori. La nueva minería peruana que se perfiló a partir de los 90s por lo tanto fue una industria dominada por el poder y las necesidades del capital, al menos en el ámbito laboral.


Por otro lado, la minería siempre ha contenido la posibilidad (y a veces la concretización) de conflicto con las poblaciones rurales, en particular con las comunidades campesinas, pues es una industria que utiliza el espacio intensiva y extensivamente – ya sea como tajo, depósito de relaves o desmontes o fuente de agua y otros insumos para sus operaciones. Y en nuestro país desde los 70s y 80s el espacio rural andino está mayormente en manos de las comunidades campesinas, instituciones políticas y sociales muy importantes que son producto de la particular historia del Perú. A diferencia del movimiento laboral, las comunidades campesinas no se vieron tan debilitadas por el ascenso del capital en los 90s, pues su supervivencia no dependía tan directamente de su relación con el capital. Por tanto, cuando el área nacional de las concesiones mineras se multiplicó por un factor de 6 en la década del 90[1], muchas comunidades empezaron a defender sus territorios.

Pero hay que recordar que las comunidades campesinas y los trabajadores mineros no han sido ni son dos entidades completamente extrañas una a la otra. ¿De donde han venido históricamente los trabajadores mineros en el Perú sino de las comunidades? Es cierto que con la mecanización de la minería a partir de los años 40 y 50 las empresas tuvieron que crear una fuerza laboral más estable y capacitada, y algunos de los vínculos a la sociedad campesina se debilitaron. Pero estas conexiones nunca se perdieron del todo, pues junto con la población minera urbanizada seguían viniendo trabajadores de las comunidades.

En los últimos años se han mantenido los vínculos laborales entre las comunidades campesinas y la minería, aunque han cambiado su modalidad. Esto está relacionado al harto conocido fenómeno de la tercerización, a través del cual una mayor parte de la fuerza laboral trabaja no directamente para la empresa sino a través de contratistas, con menos beneficios sociales, horas más largas y sin estabilidad laboral. Como ejemplo podemos ver el caso de la mina de Cerro de Pasco, donde el número de trabajadores de planilla disminuyó de 2,090 en 1992 a 1,346 en el 2002, mientras que los trabajadores por contrata aumentaron de 110 a 1,100 durante este mismo período.[2]

En otras unidades mineras de la Región Pasco la situación es aún más dramática: en el 2006, de acuerdo a datos del Ministerio de Energía y Minas, la empresa Brocal empleaba directamente a 264 trabajadores y recibía los servicios de 829 trabajadores de contrata, mientras que Atacocha tenía 280 de planilla y 2,316 de contrata.[3] Este es uno de los principales factores que han impedido el resurgimiento de los sindicatos, pues estos sólo pueden representar a la fracción de trabajadores que tienen un vínculo formal con la empresa; cuando en ciertas zonas mineras los trabajadores de contrata han intentado formar sindicatos, por ejemplo en Pierina (Ancash) y Casapalca (Lima), estos han sido despedidos u hostilizados, al no contar con estabilidad laboral.

Muchos de estos trabajadores de contrata provienen directamente de las comunidades campesinas, como solía suceder antes de la estabilización laboral en la minería de mediados del siglo XX. En muchos casos estos comuneros trabajan a través de contratistas individuales, pero otra modalidad que ha surgido en los últimos años son las empresas comunales. Así como en los años 70 las políticas del estado incentivan la formación de las cooperativas comunales, el clima político neoliberal a partir de los 90s ha sido más favorable al surgimiento de las empresas comunales; esta forma social es utilizada por las comunidades como un vehículo para mejorar su nivel de vida y su posicionamiento frente a las empresas.

En Pasco, una de las primeras empresas comunales fue formada a principios de los 90s por la comunidad de Rancas; compraron volquetes y otras maquinarias para la minería con la compensación obtenida de la empresa Centromín tras un proceso de lucha contra la usurpación de terrenos comunales para una cancha de relaves. En varios casos, las empresas comunales se han formado por iniciativa de las propias comunidades. En otros, como dice un funcionario de relaciones comunitarias de una empresa de mediana minería de Pasco, entrevistado por Víctor Falconí, Mariella Estrada, y el autor, “vemos que las comunidades a veces no tienen ningún interés. Al contrario nosotros como empresa estamos exigiéndoles a ellos.”[4] La existencia de una empresa comunal beneficia a la compañía minera no sólo porque es una forma mas de tercerización, sino también porque ata el sustento económico de los comuneros a las operaciones de la empresa, haciendo más difícil la oposición comunal a la expansión minera o a la contaminación ambiental.

Sin embargo, también puede crear nuevos problemas para la empresa minera, pues se crea una nueva fuerza en las comunidades. La empresa comunal puede hacerle un paro a la compañía cuando no está satisfecha con los términos de la relación laboral; mas aún, la comunidad en si empieza a incluir el aspecto laboral al negociar con la compañía sobre temas de tierras. Por ejemplo, en Octubre del 2008 la comunidad de Huayllay paralizó las operaciones de la mina Animón, de la empresa Volcan, en protesta por la usurpación de terrenos comunales, pero también exigiendo que un cierto número de trabajadores de la comunidad pasaran a planilla de la compañía.

En algunas comunidades ganaderas de Pasco, especialmente las que están más cercanas a las operaciones mineras, cerca al 40 o 50% de los comuneros trabajan en la minería, manteniendo aún sus ganados y otras actividades. En el caso particular de una comunidad, casi la totalidad de la población económicamente activa trabaja en la actividad minera; la ganadería ya no es factible, pues dentro del pequeño territorio comunal se encuentran dos canchas de relaves, una planta concentradora y parte del tajo abierto de la empresa minera. En otras zonas donde las empresas mineras son recién llegadas, estas a menudo proveen puestos de trabajo rotativos a los comuneros como parte de sus programas de responsabilidad social.

En todos estos casos, vemos que muchas de las comunidades campesinas en zonas mineras del Perú no son únicamente entidades que entran en conflicto con las empresas mineras o que pueden reclamar beneficios de ellas; son también parte de la fuerza laboral que crea valor para la empresa y que contribuye a producir la riqueza minera del Perú – riqueza que no es equitativamente distribuida. Inversamente, esto significa que parte de la fuerza laboral de la minería peruana tiene vínculos a esta actividad que van más allá del trabajo y el salario, y que incluyen la competencia por el agua y la tierra así como la preocupación por la contaminación y por la distribución de los recursos extraídos del territorio.

Al mismo tiempo, otros tipos de comunidad aparte de la comunidad campesina han visto una transformación en su relación con las empresas mineras. Antes de los 90s los trabajadores estables de planilla eran la gran mayoría de la fuerza laboral, y formaban una “comunidad” de otro tipo, viviendo en campamentos con servicios proveídos por las empresas y representados por sus sindicatos que precisamente luchaban por estos beneficios además de por los salarios. Ahora, con los sistemas de trabajo flexible, las familias de los trabajadores muchas veces ya no viven con ellos en el centro de producción. Muchos de los campamentos han desaparecido; un caso dramático es el de la empresa minera Huarón, donde una comunidad vibrante de 1,300 trabajadores y sus familias – con cine, equipos de fútbol, escuelas, sindicato y clubes de madres – vio como su espacio físico era desmantelado en los 90s, al mismo tiempo que ellos mismos eran retirados de la empresa.

Aún en casos como el de Cerro de Pasco donde todavía se mantienen campamentos dentro de la ciudad, ha habido una disminución en los servicios brindados por la empresa, desde materiales como kerosene y leche hasta los colegios de la empresa que fueron transferidos al Estado. Mientras que las empresas mineras en algunos casos han tenido que desarrollar más sus programas de responsabilidad social hacia las comunidades campesinas y otras entidades territorialmente definidas, que son actores fuertes que les pueden generar problemas sociales, han disminuido su relación comunitaria con su fuerza laboral como tal.


Esto talvez ha causado que a veces el núcleo de defensa de lo colectivo también cambie de lo laboral a la comunidad campesina u otra entidad territorial. Es el caso por ejemplo de la Sra. Aquilina Robles, dirigenta de los comités de mujeres de los sindicatos mineros, que había luchado por muchos años por los derechos de las familias de los trabajadores en los campamentos; ya en esta década su madre le dijo “Tú has trabajado mucho para los mineros, y hoy quiero que trabajes por mi pueblo... Tu eres campesina, hija de un campesino, has nacido acá.”[5] Ella ha continuado su labor sindical además de ahora luchar por su comunidad campesina y su distrito.

Sería un error pensar que estos cambios han sido totales, y que el ámbito laboral ha sido absorbido por el comunal, pues no es así. El trabajo minero hoy toma lugar bajo varias modalidades, y los trabajadores de planilla siguen siendo un elemento importante. Además, desde el inicio de la presente década el movimiento sindical minero ha mostrado señales de un cierto re-fortalecimiento. La actual crisis en la minería peruana, en la que miles de trabajadores han sido despedidos en los últimos cuatro meses, afecta tanto a los sindicatos, que ven debilitado su poder de negociación, como a las comunidades, cuyos miembros son muchas veces los primeros en ser despedidos.

Más bien, es necesario pensar nuevas formas de articular los actores y de integrar los temas comunales, ambientales y laborales para poder crear solidaridad en vez de competencia y división. Para esto es necesario plantear tanto el fortalecimiento de los sindicatos como de los derechos de los trabajadores de contrata y de las comunidades campesinas, y el derecho de la población en general a una vida digna y saludable. Tampoco se trata de un rechazo total e inmediato a las empresas mineras, pues en el sistema actual vivimos en un mundo dominado por empresas y nuestra subsistencia se ha vuelto en buena parte dependiente de su actividad, además de que el Perú sigue dependiendo económicamente de la minería.

No se trata por tanto de un simple si o no a la minería; los mismos empresarios mineros saben esto, pues el capital tiene ciclos de expansión y contracción y las empresas son las primeras en paralizar operaciones cuando esto les conviene a sus intereses, como muestra el ejemplo con el que iniciamos este artículo. Pero podemos tratar de re-orientar la forma de esta actividad extractiva y la distribución de los beneficios así como de los reales e inevitables perjuicios; para esto es necesario tener una perspectiva amplia del problema que tome en consideración todas las ambigüedades y contradicciones que se presentan.

[1] José de Echave, Mining Activity and Community Rights. Cooperacción, 2005, p.10
[2] Desarrollo Sustentable, Descentralización y Minería en Pasco. CEDAL, Centro Labor-Pasco, 2005, p.24.
[3] Pasco: Trabajo, Educación, Salud y Medio Ambiente. Documento de Trabajo. CEDAL, 2008, p.16.
[4] Entrevista, 10 de Octubre 2008.
[5] Entrevista, Noviembre 2008.

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