24 dic. 2009

El Museo de la Memoria no debe estar en Miraflores

No juzgo a los vecinos de Miraflores, que son parte del Perú también. ¿Pero por que construir el Museo de la Memoria ahi? Es cierto que el alcalde ha donado el terreno, pero debe haber sitios disponibles en otros barrios de Lima. Si no hay ofrecimientos de otros alcaldes, entonces para eso están los organizadores, para que hagan las gestiones necesarias.

En primer lugar, independientemente del carácter particular de este museo, ya hay suficientes oportunidades culturales y de aprendizaje en distritos pudientes como Miraflores, y pocas en otras zonas. Para evitar seguir reproduciendo esta desigualdad, habría que tratar de localizar nuevas instituciones y museos, irrespectivamente del tema del que traten, en zonas menos acomodadas.

Pero en el caso particular del Museo de la Memoria, es especialmente importante no caer en el juego de la derecha de querer representar el tema de los derechos humanos como algo pituco, “caviar”, elitista. Derechistas que en otras ocasiones denigran al pueblo, no pierden tiempo en acusar a los “caviares” de elitismo por defender a los derechos humanos. Esa es precisamente la tradicional estrategia fascista, utilizar argumentos populistas selectivamente para avanzar una agenda que en última instancia es antipopular. Es cierto que hay tendencias estructurales que hacen que con frecuencia los derechos humanos como tales sean una preocupación de intelectuales de clase media o de élite, como algunos de los integrantes de la Comisión de la Verdad. Pero hay que ser muy cínico para pensar que debido a esto los derechos humanos son un tema que por naturaleza pertenece a las élites. Es fácil pensar que los derechos humanos son una frivolidad – hasta que a uno mismo le toca ser torturado, o que le desaparezcan a un familiar. ¿Quienes fueron los que más sufrieron la violencia política en el Perú? No fueron los vecinos de Miraflores, con la excepción del atentado de Tarata. Fueron, en su mayoría, peruanos que vivían en pueblos o barrios bastante lejos de Miraflores, que probablemente verían a Miraflores como un espacio alienante y ajeno, y que con frecuencia serían discriminados en los restaurantes y discotecas de Miraflores.

Construir un Museo de la Memoria elitista es contribuir a los esfuerzos fascistoides de la derecha por hacer creer al pueblo peruano que los derechos humanos son algo que no les concierne – esfuerzos que tienen como propósito, por supuesto, poder pisotearles esos mismos derechos con impunidad, y poder declarar, como hizo el ministro Rafael Rey, que masacres como la de Putis no son delitos de lesa humanidad.

En el caso de Vargas Llosa, el flamante director del museo, sospecho que el genuinamente no va a querer alejarse de Miraflores o de su Barranco. Pero no me sorprendería que García esté secretamente feliz de que el museo al que inicialmente se opuso termine proyectando una imagen de elitismo y exclusivida, pues esto le resta efectividad.

5 nov. 2009

De Soto en la Selva: Un Análisis de El Misterio del Capital de los Indígenas Amazónicos

El economista Hernando de Soto es sin duda uno de los peruanos más famosos y celebrados en el mundo, habiéndose convertido en un verdadero guru para algunos círculos internacionales, sobre todo después de la publicación de su último libro El Misterio del Capital. Esta popularidad se debe a varios factores: De Soto ha tenido varias ideas originales, escribe bien, se ha vinculado a uno de los fenómenos más importantes de la segunda mitad del siglo XX – la migración de millones de personas del campo a las ciudades del tercer mundo y la nueva economía que crearon – y ofrece soluciones al problema de la pobreza que no sólo parecen sencillas sino que prometen arreglar todo sin costo alguno para los sectores más poderosos y adinerados del planeta.

Ahora de Soto ha ingresado al debate sobre el reciente conflicto en la amazonía peruana, con una producción fílmica que dice responder a un llamado de Álan García a que todos aporten para conseguir la “paz social” en la selva tras los sucesos de Bagua. En el video El Misterio del Capital de los Indígenas Amazónicos, de Soto argumenta que lo que los pueblos amazónicos necesitan son derechos de propiedad – individual – bien definidos, para así poder ingresar al mercado y volverse pequeños e incluso grandes capitalistas; directamente propone la parcelización de las comunidades nativas. El video muestra como de Soto viaja a una localidad de la selva junto con representantes de tribus indígenas canadienses que se han vuelto ricas y exitosas en el mundo de los negocios, con el propósito de mostrar a los amazónicos que ellos también lo pueden lograr.




Alberto Chirif, antropólogo que trabaja en la amazonía, ha escrito una crítica punzante a este proyecto de de Soto, la cual recomiendo leer antes que nada . Allí Chirif muestra la manera superficial en que De Soto representa a la selva e incluso específicamente a las comunidades a las que visita. No voy a centrarme tanto en estos temas, sino en aspectos más generales de los argumentos de de Soto.

Desde los años 80, a través de su Instituto Libertad y Democracia, Hernando de Soto se ha enfocado en la problemática de los empresarios del sector informal y en la idea de que ellos han acumulado bastante riqueza, pero que esta constituye “capital muerto” y por tanto lo que les falta son títulos de propiedad apropiados para poder obtener créditos, convertir sus activos en capital y así multiplicar su riqueza. En sus escritos posteriores, de Soto ha desarrollado su visión de que los títulos de propiedad - como sistema de representación que permite codificar y transmitir información sobre los activos y de esta manera darles vida en el mundo del valor paralelo al mundo físico – son la clave en la producción del capital y el origen de la riqueza de occidente, al cual el tercer mundo debe imitar si es que quiere alcanzar un éxito similar. De Soto ha logrado combinar un interés por los logros materiales de los sectores populares con una propuesta que no cuestiona las reglas de juego del capitalismo sino que ofrece una solución dentro de ellas.

Sin duda, facilitar títulos de propiedad a una persona para validar y asegurar su posesión de un predio urbano o un pequeño negocio por el cual ha trabajado, para que así pueda acceder a crédito en los bancos y entrar en negocios con terceros, no está mal en si, y puede representar una mejora para muchos individuos. El problema de Hernando de Soto, como ha señalado Jorge Gascón en una crítica a El Misterio del Capital es que cree haber encontrado la piedra filosofal de los alquimistas: la falta o inestabilidad de los títulos de propiedad es la causa de la pobreza en el tercer mundo, y por tanto reparar esta deficiencia es la única solución, y es suficiente.

Otorgar títulos de propiedad y formalizar la economía informal puede ser beneficioso para muchos pequeños y medianos empresarios exitosos, pero, como señala Gascón, esta gente de éxito, si bien son muchos, siguen siendo una minoría entre la población de migrantes recientes en ciudades como Lima. La mayoría son o bien trabajadores empleados por estos empresarios de éxito, o personas con negocios tan pequeños que a las justas logran sobrevivir y no llegan a acumular grandes cantidades de capital muerto o vivo. Por tanto las políticas a favor de estas personas no podrían limitarse solamente a la titulación de la propiedad.

En términos más generales, el problema de Hernando de Soto es que abstrae ciertos elementos de la realidad que encajan con sus postulados y se enfoca sólo en ellos. De Soto comparte con Marx – a quien cita extensamente en El Misterio del Capital – la idea de que las mercancías tienen una naturaleza dual, compuesta en primer lugar de “valor de uso” (las propiedades físicas de una mercancía) y en segundo lugar de “valor” simplemente (el enjambre de relaciones sociales en las que la mercancía se inserta, y que cada vez más se expresan por medio del dinero), este último pudiendo separarse de la existencia física de la mercancía y adquiriendo vida propia. En el sistema capitalista, es como si el valor buscara reproducirse y aumentarse a si mismo, y en el proceso genera la mayor riqueza que se ha conocido en la historia de la humanidad. Pero de Soto se aparta de Marx cuando este último discierne no solamente el aspecto positivo de la producción de riqueza sino también los aspectos negativos de este proceso, en particular la acumulación primitiva (el despojo que es precondición de un proceso de acumulación), la explotación del trabajo (cuando en un proceso productivo el dueño recibe los frutos del trabajo del trabajador) y la concentración de capital (cuando la riqueza se acumula en pocas manos).

De Soto no ve estos aspectos o no les da importancia; para él basta con convertir o pretender convertir a todos en capitalistas y ya no habrá más problemas. No es necesario estar plenamente de acuerdo con las teorías de Marx sobre los 3 aspectos mencionados arriba para darse cuenta mínimamente que si hay capitalistas también tienen que haber trabajadores, que no a todos les va a ir bien en los negocios, y que la gente está empezando con activos tan desiguales que los problemas de la injusticia, el poder y la concentración de riqueza no desaparecen con la integración de toda la población al mercado formal. La formalización de la propiedad informal puede ayudar, pero no puede ser la única solución mientras se mantengan estos factores (y otros). Pero como de Soto no ve estos aspectos, puede proponer una especie de populismo capitalista – “los pobres son la solución, no el problema,” dice él – al mismo tiempo que promueve políticas macroeconómicas ortodoxas y neoliberales que lo hacen popular entre las élites. De Soto insiste solamente en el tema de los títulos de propiedad, con la emoción de un profeta, mientras que por detrás, sin que nos demos cuenta, abre la puerta para dejar entrar a todas las otras políticas que mantienen el orden establecido y la actual distribución de riqueza.

Esto queda claro en el video sobre la amazonía. De Soto se lanza con sus argumentos y teorías sobre las bondades de los títulos de propiedad individuales y como pueden impulsar a las comunidades amazónicas hacia la prosperidad y el desarrollo; esto es lo que presenta como su intervención en el debate generado por los recientes conflictos en la selva.


¡Como si el conflicto hubiera sido sobre como mejorar la vida de las comunidades amazónicas! No, el tema no surgió porque el estado peruano estaba buscando ayudar a los nativos; si eso era una motivación, como dice el gobierno en sus justificaciones, era una motivación muy secundaria e indirecta. El conflicto surgió porque las industrias extractivas, para bien o para mal, están penetrando cada vez más en las tierras de las comunidades amazónicas, y el gobierno a través de sus decretos busca facilitarles el acceso. El avance de las industrias extractivas, y su choque con los terrenos de las comunidades es uno de los principales temas aquí; piense uno lo que piense, es el tema en este conflicto, y por tanto para solucionar el conflicto habría que enfocarnos directamente sobre este tema. Pero de Soto no lo menciona para nada. Habla en términos generales sobre la integración al mercado, que ciertamente es lo que muchas comunidades quieren – ¿pero que tipo de mercado? A las empresas petroleras y mineras les conviene la propiedad individual porque así pueden comprar más fácilmente la tierra, a precios más bajos, y porque si desaparecen las comunidades nativas y campesinas se les ahorrará un gran dolor de cabeza, pues ya no habrá una población organizada que les pueda hacer bloqueos o exigir compensación por daños causados. Es este el mercado que les está esperando a las tierras comunales, no un mercado listo para brindarles crédito y grandes oportunidades empresariales.

En cierta manera, la serie de artículos El Perro del Hortelano de Alan García fue más honesta en su posición, pues glorificaba a la industria extractiva como el sector que podía dar valor a recursos que los campesinos estaban desperdiciando. De Soto se abstrae de esta problemática de las industrias extractivas – lo cual parece increíble, pues en general se ha convertido en uno de los principales temas de conflicto a nivel nacional - y habla como si todos estuviéramos juntos en una lucha desinteresada por ayudar de la mejor manera posible a los que él llama los “amigos amazónicos.”




De Soto habla de la propiedad como la solución, y critica a los que piensan que lo indígena y la propiedad son incompatibles. No se quien piensa así, pues las comunidades indígenas y nativas del Perú conocen muy bien la importancia de la propiedad, sin necesidad de que De Soto se los diga. Estas comunidades han luchado por sus tierras a lo largo de 500 años. Las comunidades andinas, por ejemplo, se esmeraron en preservar títulos coloniales que les daban esperanza en sus batallas legales con los hacendados. Pero debido a varios motivos históricos, estas propiedades han llegado al presente como propiedades comunales, no individuales, en el sentido que legalmente el dueño es la comunidad y no los individuos que la componen. De Soto ve esto como algo lamentable y como una propiedad que no es propiedad, pues para el la verdadera propiedad solo puede ser individual.

Para dar más credibilidad a su argumento, De Soto se inventa un oponente imaginario, romántico y desubicado, que cree que las comunidades indígenas son paraísos de colectivismo y solidaridad. Esta ya se ha vuelto una estrategia común en los esfuerzos por parte del actual gobierno por disolver las comunidades, y se encuentra bastante también entre los intelectuales en el Perú de hoy. A través de esta retórica se crea un estándar tan alto de perfección comunitaria que cuando una comunidad no logra alcanzarlo (sería imposible hacerlo), se declara a toda voz que como no es esa entidad solidaria y homogénea que pensábamos, la comunidad es un fracaso. La realidad es que si bien la comunidad no es y nunca fue – y no tiene porque serlo – esa entidad colectivista y solidaria, la comunidad si es algo. Es una forma social y legal que no existe en todos los países, y cuya predominancia en el Perú nos hace un caso inusual en el mundo de hoy. Pero como tanto el gobierno como muchos intelectuales siguen pensando que hay un debate - y hasta cierto punto crean un debate, estéril y mediocre – entre dos extremos, el romántico y el anti-comunitario, no se dedican a tratar de entender que es lo que realmente son las comunidades.

La zona andina, que conozco un poco mejor que la amazónica, también ha sido blanco de esta reciente ofensiva anti-comunitaria. Las comunidades andinas presentan una amplia gama de formas de funcionamiento y tenencia de la tierra, lo cual hace muy difícil la generalización, pero se pueden señalar algunos aspectos más o menos comunes. En las comunidades andinas por lo general existe un sistema dual de tenencia de la tierra: la comunidad es dueña de todas las tierras, que no pueden ser vendidas, pero dentro de esto cada familia hace usufructo de una cierta extensión de tierras, por separado. Estos terrenos familiares pueden estar cercados o no, pero los comuneros saben donde termina uno y empieza el otro. Estos derechos de usufructo se heredan de padres a hijos, pero si una familia abandona la comunidad permanentemente pierde los derechos, y sus terrenos pueden ser readjudicados por la directiva comunal a otra familia que los necesite. Además de estos terrenos familiares, en muchas comunidades existen también extensiones menores de terrenos comunes, generalmente para el pastoreo de animales; también pueden haber otros bienes comunales, como cooperativas, granjas, empresas comunales e incluso maquinarias de propiedad comunal que son alquiladas a empresas mineras o a municipios.

Dentro de estos lineamientos generales, las comunidades varían enormemente en el grado de desigualdad en la distribución y acumulación de terrenos usufructuados – hay procesos de desigualdad y acumulación dentro de muchas comunidades. También varían en cuanto al número de personas que participan regularmente en las faenas comunales, así como en el grado de efectividad y organización de la comunidad como entidad política y de defensa de los terrenos – funciones políticas que, como ha señalado el antropólogo Alejandro Diez,[1] son hoy en día más importantes que las funciones económicas de la institución comunal.

Dentro de las comunidades hay actualmente un debate entre sectores que quieren parcelar los terrenos comunales y adueñarse permanentemente de los terrenos sobre los que presentemente tienen derechos de usufructo, y sectores que quieren preservar la unidad comunal con el argumento de que las tierras son un patrimonio legado por sus padres y abuelos que no debe ir a extraños y que juntos pueden defender mejor que por separado. En las comunidades que yo he conocido, esta última posición tiende a expresarse más abiertamente mientras que la primera lo hace de manera más discreta.

Me he permitido esta ligera desviación hacia temas andinos porque es lo que conozco un poco más, porque las comunidades andinas son también objeto de la ofensiva anti-comunitaria del gobierno, y porque quería mostrar la diferencia entre el estéril debate entre románticos y liberales, que imaginan de Soto y periodistas como Jaime de Althaus, y la realidad más compleja de la institución comunal en el Perú de hoy. Yo pienso que si las comunidades quieren parcelar sus terrenos y abandonar la propiedad comunal como tal, no se les debe impedir. Pero otra cosa es si es que se quiere incentivar y acelerar este proceso, en contra de los deseos públicamente expresados de los organismos representativos de las comunidades, como son las federaciones campesinas y nativas, que uniformemente se oponen a la parcelación (pues no se trata de un solo dirigente “mal asesorado” como llama de Soto a Pizango).

Y más aún, hay que ver con que argumentos se hace, pues en el caso de de Soto parecería que sus prestigiosas y populares teorías están siendo utilizadas para justificar un proceso que debe ser examinado tanto en sus lados prometedores como en las amenazas que implica. ¿Que va a hacer una familia campesina o nativa con una parcela de 2 o 3 hectáreas, una vez perdido el acceso a pastos o bosques comunes y la posibilidad de utilizar la institución comunal como un medio de organización política y de acceso a recursos colectivos como son las empresas y cooperativas comunales (estas últimas siendo modalidades que curiosamente el actual gobierno no parece interesado en alentar)? ¿Esa familia va a poder realmente utilizar esas 2 o 3 hectáreas para conseguir crédito en los bancos o para asociarse de manera equitativa con grandes capitales agrarios?

Esas son preguntas abiertas que de Soto tendría que responder. Si logra responderlas satisfactoriamente, en buena hora. Pero que no se utilicen los argumentos del liberalismo económico como excusa para permitir el despojo generalizado de tierras – como ya sucedió en la sierra en el siglo XIX, cuando la institución comunal no tenía existencia legal. La institución comunal actual puede tener muchos defectos, pero debe ser reformada hacia algo mejor, no peor. En todo caso, la naturaleza de los suelos andinos y amazónicos, y la baja productividad de su agricultura actualmente, parecería indicar que lo que se necesita es una mayor asociación, no mayor fragmentación.

Así como construye el oponente imaginario que idealiza a las comunidades, en su video de Soto también construye una visión idealizada de los pueblos indígenas de Norteamérica, en particular de Canadá. Lleva a algunos representantes de las más exitosas de esas “primeras naciones,” como se les llama en ese país, a la selva peruana para decirles a los pueblos amazónicos que los indígenas si pueden formar empresas exitosas y ganar millones de dólares. El video es bastante vago sobre como han logrado esto. De Soto dice solamente:

"En su caso, lo que han hecho las tribus, es que se han unido, para delimitar propiedad desde ellos y crear corporaciones, es decir empresas, que están pobladas de esquimales como son ellos, pero que solamente tienen un enfoque económico. Y frente a eso, entonces han dicho, nosotros queremos nuestra parte del petróleo. Y queremos utilizar nuestros beneficios para formar a nuestra gente, para que nuestra gente también se eduque en petroleo, se eduque en minas, se eduque en madera. Y para tener ahorro suficientes para no solamente quedarse en la micro empresa, sino meterse a la gran empresa. Y eso les ha permitido, con poder económico, proteger sus tierras. Entonces si alguien viene de afuera, ellos son los primeros en pedir “no, yo lo compro antes que lo compre alguien”... . Ustedes están al lado del petróleo, el oro, la madera, la palma de aceite. Es justo y lógico que también tengan la posibilidad de integrarse a su entorno productivo. Pero como lograrlo? Bueno, sin propiedad, no podrán hacerlo. Porque no hay capital sin propiedad. Allí reside el misterio del capital. "

De Soto parece estar afirmando que las comunidades canadienses han parcelado sus tierras, conseguido títulos de propiedad individuales por separado, y han utilizado estos títulos para insertarse en el mercado capitalista, conseguir crédito y poner empresas (¿son empresas comunales, como las que varias comunidades en el Perú han formado sin necesidad de parcelar sus tierras? ¿o empresas de propiedad individual? De Soto no es claro sobre este punto). Pero aquí parecería haber varios pasos aparte de los derechos de propiedad individuales, que es el único factor que de Soto enfoca. Las parcelas obtenidas de la división de tierras de estas comunidades tienen que haber sido suficientes como para utilizar como garantía en el banco y poder obtener crédito. Más aún, han tenido que nuevamente asociarse para crear empresas y hacer que estas sean exitosas (¿funcionan estas empresas equitativamente? ¿o son la propiedad personal de los 2 o 3 individuos que acompañan a de Soto a la amazonía peruana? Si es lo primero, genial, ¿pero como se llega a ese resultado?).

De Soto no explica estos aspectos ni como se podría conseguir que se den también en el caso peruano. Habla de los derechos de propiedad como único factor, ignorando el hecho que en Norteamérica, por lo menos en EE.UU., así como hay tribus exitosas, hay muchas tribus que viven en situación de pobreza, algunas de ellas muy pobres. Esto a pesar de que viven dentro del mismo sistema de propiedad que los amigos de de Soto – y en realidad, la parcelación de sus tierras fue promovida por el gobierno estadounidense hace muchas, muchas décadas. Muchas de estas tribus perdieron gran parte de sus tierras como parte del triunfo militar del colonialismo estadounidense, y fueron relegadas a los terrenos más inhóspitos e infértiles, con poca oportunidad de volver a cultivar o cazar extensamente, y al mismo tiempo con pocas oportunidades de empleo en el sector formal, en el cual eran con frecuencia discriminados y el cual exigía calificaciones y capacidades a las cuales ellos no tenían acceso. Sin tratar de pintar una imagen demasiado pesimista, cabe mencionar que los pueblos indígenas norteamericanos son hoy en día el grupo étnico que sufre la mayor pobreza en EE.UU, más que los blancos, latinos, afro-americanos o descendientes de inmigrantes asiáticos. Y sospecho que algo similar sucede en Canadá. Todo esto dentro de un sistema de propiedad que de Soto presenta como el modelo a imitar. Claramente, hay otros factores aparte de la propiedad individual que pueden facilitar o limitar la mejora económica de los pueblos.

Pero hay también un factor muy importante que – como ya ha señalado Guillermo Salas en un post sobre este asunto - de Soto no menciona para nada pero que es una diferencia fundamental entre el contexto en el que operan las tribus canadienses y los pueblos indígenas peruanos. En los sistemas de propiedad anglosajones como el de Canadá, el que es dueño de la superficie es también dueño del subsuelo. Si uno encuentra petróleo en su tierra, automáticamente es dueño de este petróleo. Esto les da a las tribus del Canadá una posibilidad mucho mayor de asociarse con las industrias extractivas para explotar los recursos en sus territorios, pues estos recursos desde un inicio les pertenecen a ellos.

En América Latina el sistema es distinto: el subsuelo siempre pertenece al Estado, no al que es dueño de la superficie. Es por eso que el Estado otorga las concesiones de explotación minera y petrolera, y al dueño de la superficie – con frecuencia comunidades campesinas y nativas – legalmente le corresponde sólo un pago por servidumbre por la superficie (si bien es cierto que, gracias en gran parte a la organización comunal, las comunidades han logrado en los últimos años forzar a las empresas extractivas a otorgarles mayores pagos y beneficios).

Las comunidades nativas, o las familias individuales cuando los terrenos se parcelan, no son dueñas del petróleo o los minerales que se encuentran bajo su territorio. Por tanto, ¿que incentivo pueden tener las industrias extractivas para asociarse con los pobladores como socios y compartir las ganancias? Los incentivos tendrían que venir de la organización política en las comunidades (incluyendo, quieran o no, las protestas) y la presión de la sociedad civil – cosas que las propuestas de de Soto harían más difíciles en lugar de facilitarlas. Se está empezando en una situación mucho más desventajosa para las comunidades, debido a la diferencia en el sistema de propiedad del subsuelo.

Lo irónico es que al negarse a mencionar o discutir esta diferencia, de Soto podría parecer estar aceptando que los pueblos indígenas tienen también derecho al subsuelo. ¿Es realmente esto lo que piensa? Cuando las organizaciones indígenas y campesinas han propuesto que ellos deben tener derecho al subsuelo de sus territorios, han sido tildados por los amigos de de Soto y García como ultrarradicales o hasta opuestos a los intereses del país. Durante las protestas en junio los defensores ideológicos del gobierno no se cansaban de recitar la frase “los recursos naturales son de TODOS los peruanos, no solo de los indígenas.” Al decir este tipo de cosas Alan García y sus amigos (el director de un conocido diario llamó a las comunidades amazónicas “los más grandes gamonales”) sonaban casi como socialistas, afirmando un derecho colectivo sobre un patrimonio nacional.

Pero es que en realidad lo que querían decir era, “son de todos los peruanos para que su gobierno los entregue a las transnacionales.” Nuevamente se ve que el mayor defecto del liberalismo económico no es tanto el error como la inconsistencia: se utilizan argumentos colectivistas cuando conviene y argumentos de propiedad privada también cuando conviene (de la misma manera que se busca el capitalismo y la responsabilidad individual en épocas de bonanza, pero el socialismo y la intervención gubernamental para los grandes empresarios y los bancos en épocas de crisis. También se afirma el derecho de propiedad individual del capitalista sobre las ganancias obtenidas por su capital, pero no el derecho de propiedad individual del trabajador sobre el objeto de su propio trabajo. Estas contradicciones podrían talvez ser reconocidas y afirmadas como parte de un análisis complejo de la sociedad, pero los liberales simplemente las practican inconscientemente como parte de su defensa ideológica de la desigualdad).




En su video De Soto afirma: “La única manera que los pueblos indígenas tienen para mantener su cultura y su tierra en el siglo XXI es con poder económico.” Estoy totalmente de acuerdo. Hubo una época en que era la izquierda la que se preocupaba por el tema del poder económico. Pero con el desprestigio y colapso de los modelos socialistas “realmente existentes,” y en general de las alternativas concretas a la economía de mercado, la izquierda se retiró en cierta medida de los temas económicos y de economía política, cambiando a un lenguaje más de derechos (humanos, civiles, sociales) y de resistencia a las facetas más extremas del neoliberalismo. Estos temas son importantes, de hecho, pero hay que volver a retomar el tema del poder económico – su distribución y los mecanismos de su generación y reproducción.

Si de Soto está sugiriendo que el poder económico debe estar distribuido más o menos equitativamente entre los pueblos amazónicos y las empresas extractivas transnacionales, o que por lo menos se debe de trabajar hacia este fin en el mediano plazo - estoy de acuerdo. Pero más parece ser que quiere poder económico en general (para quien) sin interesarle su distribución. Más adelante de Soto añade: “...Y solo hay poder económico con empresa y propiedad.” Esto es bastante más debatible: ¿llevan siempre los regimenes de propiedad privada individual a la posibilidad de formar empresas exitosas, y al poder económico?

La experiencia histórica del Perú, y de muchas de las comunidades indígenas de Norteamérica, indicarían que de por si la generalización de la propiedad privada por toda la sociedad no lleva necesariamente al poder económico. Hay demasiados otros factores que intervienen. Se deben formular propuestas para la Amazonía que vean el tema de la propiedad pero que también estén dirigidos a estos otros aspectos – como son la desigualdad en el poder político y económico; lo que tiende a suceder cuando una gran transnacional se enfrenta con una multitud de pequeños parcelarios; la precariedad de la “solución empresarial” a la pobreza que propone de Soto, que obtiene logros vistosos e importantes pero solo para una minoría de la población; y la afirmación por parte de los pueblos nativos de derechos no solo económicos sino también culturales y ancestrales (me dirán romántico, pero eso es también un factor real). El problema para de Soto es que muchos de estos aspectos son cosas que incomodan a los sectores de poder a nivel nacional e internacional, que son los que más lo aplauden y que más pendientes están de cada palabra del guru.

[1] Castillo, Pedro; Diez, Alejandro; Burneo, Zulema; Urrutia, Jaime, et al. ¿Qué sabemos de las comunidades campesinas? Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales, Allpa Comunidades y Desarrollo, Agosto 2007.
Fotografías:

29 sept. 2009

La era de la estupidez

Mañana miércoles se estrena en Lima la película La Era de la Estupidez (The Age of Stupid). Se trata de un film independiente que combina la acción dramática con el documental para alertar sobre los peligros del cambio climático antes que sea demasiado tarde, si es que no lo es ya. Aquí va la nota de prensa:

Estreno mundial de la película The Age of Stupid
(La era de la estupidez)


¿Eres estúpido? Directa y sin rodeos. Así es la película del nuevo gurú de la lucha contra el cambio climático, que expone sin contemplaciones las barbaridades contra el planeta en “La era de la estupidez”.

El día 30 de septiembre, a una semana de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, que trató sobre el cambio climático, se estrenará en el Perú la película The Age of Stupid (La era de la estupidez), que busca sensibilizar a la población en general del grave problema del cambio climático,

Lima es una de las ciudades que apreciará esta película, estrenada en simultáneo el 22 de setiembre en más de 100 salas de cine en 40 países de Europa, Asia, Medio-Oriente y África. Todos proyectaron simultáneamente la película en directo, intentando así batir el récord Guiness.

Financiada sólo con donaciones para evitar la especulación con el proyecto, la película ha sido escrita y realizada por Franny Armstrong (McLibel, Drowned Out) y producida por John Baltsek (nominado a los Oscar por Un día de septiembre). En ella el nominado a los Oscar, Pete Postlethwaite (En el nombre del padre, Sospechosos comunes), representa a un hombre solitario que vive en el año 2055 en un mundo devastado por el cambio climático. Al ver reportajes del daño causado cuarenta años atrás se pregunta: ¿por qué no hicimos algo para evitarlo?

En el Perú, el estreno de la película se hará el 30 de septiembre a las 20:00h, en Cine Planet Alcázar, Primavera y San Miguel.

Agradecemos su difusión

Articulos referente a la pelicula:

- ''La era de la estupidez'': la Tierra devastada en el 2055"
http://noticias.123.cl/entel123/html/Tele13/Noticias/Internacional/387101.html

- El mundo entero será testigo de “La era de la estupidez”
http://www.lanacion.com.py/noticias-268939.htm

- Avances de la pelicula:
http://www.youtube.com/watch?v=iNDtkvAdHOw

28 sept. 2009

Solidaridad con Salomón Lerner Febres

Reproduzco este mensaje referente a las recientes amenazas contra Salomón Lerner Febres, quien fue presidente de la Comisión de la Verdad. Como se sabe, este mes sus perros fueron envenenados y el recibió una llamada telefónica amenazando con hacerle lo mismo que le habían hecho a los perros. No se sabe quien ha sido, puede haber sido tanto el gobierno actual o los seguidores de Keiko Fujimori, como los remanentes senderistas. El gobierno de Álan García, y sus ayayeros como el diario Correo, critican constantemente a la Comisión de la Verdad por supuestamente defender a los senderistas. Curiosamente, los que quedan de estos últimos utilizan el lenguaje de "excesos" para justificar sus crímenes, de la misma manera que lo hace la derecha.

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Solidaridad con Salomón Lerner Febres

Conocedores del enorme valor del trabajo que llevó a cabo la Comisión de la Verdad y Reconciliación bajo su Presidencia, los abajo firmantes nos solidarizamos con Salomón Lerner Febres y exhortamos a las autoridades que se investigue el origen de la campaña de amedrentamiento que se está realizando en las últimas semanas contra su persona a través de llamadas telefónicas que amenazan su vida.

Salomón Lerrner Febres tiene una reconocida trayectoria en el campo de las humanidades y los derechos humanos. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Alto Nivel para la creación de un Museo de la Memoria en el Perú, que preside el reconocido escritor Mario Vargas Llosa.

Solicitamos que las autoridades peruanas tomen todas las medidas del caso para que se proporcione la seguridad debida a él y a su familia, y se identifique y sancione a los autores de las amenazas que está recibiendo.

Remitir por favor su adhesión (nombre y DNI) a ccastillo@pucp.edu.pe

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Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Salomon_Lerner_Febres.jpg

27 sept. 2009

Los conflictos por los recursos en Ecuador y Perú



El gobierno ecuatoriano de Rafael Correa está enfrentando protestas por parte tanto del sindicato de maestros como de la mayor confederación indígena ecuatoriana, la CONAIE. Los maestros se oponen a nuevas medidas de evaluación en el sistema educativo, y la CONAIE protesta contra una nueva Ley de Aguas y contra los esfuerzos del gobierno por impulsar la explotación minera. Todos temas que han sido materia de gran controversia en el Perú, en particular los últimos dos. Irónico que Correa, que tiene un discurso populista y forma parte de la nueva ola de mandatarios izquierdistas en América Latina, se enfrente a problemas similares a los de Alan García, que tiene (en su segundo gobierno) un discurso antipopular y que junto con Álvaro Uribe de Colombia lidera la derecha sudamericana.

Sin duda hay diferencias entre los dos casos. Correa a diferencia de García tiene un discurso antiprivatizador en general, e insiste que la nueva ley de aguas no constituye un intento privatizador. Correa ha sido muy crítico de las empresas mineras transnacionales, pero si ve a la minería como necesaria para el desarrollo del país, por lo cual ya ha sido criticado por algún tiempo por las organizaciones indígenas, que en Ecuador son mucho más fuertes que en el Perú. Estas últimas apoyaron su gobierno en un inicio, e incluso ahora su relación con el gobierno es menos distante y conflictiva que la que tienen las organizaciones amazónicas y andinas con el gobierno de García en el Perú. Pero es claro que se ha producido un distanciamiento, y que la visión que propone la "Revolución Ciudadana" de Correa dista en muchos aspectos de lo que CONAIE y sus organizaciones proponen.

Esto hace pensar en dos cosas. Es una muestra más que el actual ciclo expansivo de las industrias extractivas está entrando cada vez más en conflicto con los dueños de las tierras debajo de las cuales se encuentran los yacimientos mineros o petrolíferos. Esta tendencia conflictiva sin duda continuará por lo menos por un tiempo, si no mucho más. Y al parecer es una contradicción que no solamente afecta a gobiernos de derecha o neoliberales, sino también a los que se identifican públicamente con la izquierda y el "socialismo del siglo XXI." El tema del agua, recurso básico para la vida que las organizaciones indígenas ven amenazado por la privatización y por su conversión en una mercancía, es parte de este conflicto. Por otro lado, cabe notar que en países con gobiernos muy disímiles hay intentos paralelos por reformular los marcos legales que afectan tanto a recursos naturales como el agua como a otros ámbitos como la educación. Puede ser que estas reformas sean muy distintas en Perú y Ecuador, pero aún así, tienen una similitud por lo menos superficial, que sin duda comparten con otros países. ¿De donde vienen estas pautas e instrucciones para los distintos gobiernos? Estoy pensando no solamente en estas últimas leyes como las leyes del agua, sino también en muchas de las reformas legales e institucionales de los últimos años. Parecería haber mucha homogeneidad y cruce de fronteras en como estos proyectos de leyes son formulados por "expertos" y aplicados en los distintos países. Sin duda el Fondo Monetario Internacional y el Banco Muncial son fuentes importantes de estas normas y proyectos de ley, pero habría que identificar cuales son las otras.

Aquí van algunos links de noticias sobre las protestas en el Ecuador:

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gvYZvECCfGtWrgcSF5wJ2_EQBrRg

http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?idSeccion=937317

Página de ECUARUNARI, una de las principales organizaciones que integran CONAIE:

http://ecuarunari.org/portal/

Imágenes obtenidas de: http://www.radiosantafe.com/ y http://ecuarunari.org/portal/

20 sept. 2009

Perú: un país diverso

El otro día vi un micro que llevaba publicidad de esta campaña:


Pueden leer sobre la campaña en la página http://prosa.org.pe/perupaisdiverso/. Ahí podran también ver y oír los spots televisivos y radiales. Hay que felicitar a las personas dentro del MINSA, así como en PROSA, que crearon esta campaña contra la homofobia. Espero que las personas que vean estos anuncios no solo los relacionen al tema del VIH como dice la campaña sino también a la diversidad sexual en general. Campañas como esta ya hace rato que hacen falta. Ojalá Cipriani se tope con estos buses (desde su carro con chofer, por supuesto...)...

La necesidad de entender el carácter particular del racismo peruano: el caso de Andrés Bedoya Ugarteche

Hace más de dos meses que no escribo en este blog... mal, muy mal. Quiero retomar un tema que ha estado en las noticias últimamente pero que siempre está presente de alguna manera...

El racismo es un fenómeno que se da en buena parte del mundo, y que adquiere una forma particular a raíz de la formación de un mundo globalizado bajo la dominación europea, a partir del siglo XVI. Aún dentro de esta vertiente, sin embargo, adquiere formas particulares, y por eso es importante que se pueda reconocer el tipo especial de racismo que existe en un país. En el Perú, mucha gente practica el racismo, lo propaga y lo transmite a las siguientes generaciones, pero logra negar que sea racista apelando a nociones que pueden ser anti-racistas en otros contextos pero que no lo son en el peruano.

Así, mientras que en la Alemania Nazi se hablaba de una “ciencia racial” que demostraba que había razas y que la “aria” era superior a otras como la semita y la eslava, en el Perú el racismo “científico” perdió prestigio bastante temprano, y, a diferencia de muchos países, aquí las estadísticas oficiales no se clasifican por raza o etnicidad. Mientras en la Sudáfrica del apartheid o en los EE.UU. de la era de la segregación se separaba a las supuestas razas por ley, en el Perú republicano no ha habido segregación legal. Y mientras en la época de la colonia los españoles utilizaban el concepto de “pureza de sangre,” en el Perú de hoy existe el cliché “el que no tiene de inga tiene de mandinga.”

La negación oficial de la raza biológica y la falta de segregación oficial son cosas muy buenas, sin duda. Pero no han sido suficientes para evitar que el racismo florezca y prospere de la manera más dañina en el Perú. Es que el racismo no necesita de aquellos mecanismos; se reproduce y crece por otros medios aquí. Por lo general, el racismo peruano consiste en diseminar y reforzar la idea de que lo blanco y lo occidental es superior (a lo andino, lo afroperuano, etc.), mientras al mismo tiempo se niega que uno sea racista o que uno haga diferencias entre las personas. El racismo acá funciona por medio del chiste y el insulto así como a través de medios más sutiles, pero con menor frecuencia a través del discurso explícito y “científico.” No niego que también puedan haber modalidades de racismo en el Perú que se asemejen al nazismo o a la ideología del apartheid, pero quiero señalar lo que considero que es una variante más nacional y que muchas veces no logramos comprender. Debido a que no la comprendemos, permitimos que siga floreciendo en innumerables formas, desde los anuncios de trabajo que buscan “buena presencia” y las discotecas pitucas que niegan entrada a la gran mayoría de peruanos hasta las postas de salud que tratan mal y discriminan a los quechuahablantes. La mayor parte de la gente que comete estos actos seguramente niega ser racista cuando se le pregunta, pero sus acciones discriminan contra los mismos grupos que las variantes foráneas de racismo, y en base a las mismas jerarquías entre lo occidental y lo no-occidental. Acá el decir “yo no soy racista” co-existe con las maneras de pensar más retrógradas sobre el valor de las culturas y las personas. Y el racismo no se limita a estas cosas; también está incorporado y materializado en la estructura socioeconómica, reproduciéndose ya no únicamente a través de la discriminación intencional sino también de los mecanismos regulares del mercado – por eso las desigualdades económicas en el Perú van unidas al color de la piel y el origen cultural, si bien no tanto como antes. Esto se da también en otros países, pero no siempre llega al mismo nivel. Finalmente, todas estas formas de racismo generan entre sectores de la población un rechazo y hasta odio hacia los que son percibidos como blancos. A veces esto se puede hasta mezclar con el racismo pro-occidental, en la misma persona.

Volviendo al terreno concreto, hace unas semanas hubo un pequeño alboroto en los medios por la entrega de un premio por el “artículo mas racista del año” al columnista del diario peruano Correo, Andrés Bedoya Ugarteche, de parte de la ONG británica Survival. Este premio fue otorgado por un artículo de Bedoya del 13 de junio de este año – “¡Pobrecitos chunchos! y otras torpezas”” – en la que no solo se refiere a los amazónicos como “chunchos” y “salvajes,” sino que ridiculiza sus culturas y lenguajes: “Apenas chancan el castellano, sus lenguas nativas no pasan de ochenta vocablos ¿y ya mastican el concepto de "cosmovisión" que todos los demás peruanos debemos respetar?” También declara que “no sé qué espera Alan que no prepara a su FAP con todo el napalm necesario.” En un artículo anterior, del 2006, Bedoya se refiere a las congresistas María Sumire e Hilaria Supa como “un par de huacos retratos de la cultura Mochica (con gollete estribo y todo).”

Si bien el racismo de Bedoya puede parecer totalmente abierto y sin tapujos, a pesar de todo el logra negar ser racista; en su columna del 13 de junio escribe: “No se atrevan a llamarme racista. Para racistas, los chunchos. Escuché las declaraciones de uno de ellos, masticando apenas el castellano, diciendo que habían muerto ‘cinco soldados, cuatro nativos y un mestizo’ ¡Es decir! Ni los criadores de perros se atreverían a tanto.” Y, en una columna más reciente, del 5 de setiembre – “Quien practica el racismo es un individuo que supone que la raza a la cual pertenece es superior a todas las demás, y que éstas deben estar a su servicio. Este individuo, o es un ignorante sin pensamiento científico, o es un absoluto imbécil, o es un enfermo mental con complejos insalvables. Y es que la ciencia ha demostrado -hasta la saciedad, el aburrimiento y el cansancio- que NO EXISTEN RAZAS SUPERIORES NI INFERIORES.” Tanto en sus columnas como en la radio y la televisión el Sr. Bedoya ha negado que hayan indígenas en el Perú, pues indígena simplemente significa oriundo de un lugar, por tanto todos los peruanos somos indígenas del Perú pues todos somos peruanos, y los que hablan de los derechos de los indígenas son los verdaderos racistas. O sea, habla de bombardear a los “chunchos” con napalm en un momento, y de la fraternidad y de borrar distingos entre peruanos en el siguiente.

En una entrevista con Radio Programas, Bedoya también insiste que el no es racista pues para serlo, “yo tendría que ser un pura sangre y no lo soy.” ¿Desde cuando no se puede ser mestizo y racista a la vez? Si los únicos racistas en el Perú fueran los blancos puros (o los que creen serlo), no habría tanto problema, pues son pocos. Lamentablemente, en el Perú el racismo está muy esparcido entre los mestizos también, o sea entre la mayoria de los peruanos. El racismo viene en muchas variedades – se puede ser auto-racista, o se puede ser racista contra los que son un poco más oscuros que uno, o un poco más quechuahablantes que uno, etc. etc. Las posibilidades son casi infinitas.

Pero más allá de eso, hay que recordarle al Sr. Bedoya que un ladrón con frecuencia niega ser ladrón, y un asesino con frecuencia niega ser asesino. Lo que el hace es como golpearle a alguien y al mismo tiempo decirle que no le está golpeando. Lo que importan son las acciones, no lo que uno dice que hace. El Sr. Bedoya niega ser racista pues dice algunas cosas que no encajan con el racismo “clásico” de un nazi, un segregacionista estadounidense de los años 60 o un defensor del apartheid sudafricano. Pero el efecto al final es el mismo. Negar la idea de la pureza de sangre, o la utilidad del uso explícito de categorías raciales, no es nada nuevo en el Perú, y no nos ha salvado para nada del racismo.

Y hablar sobre el racismo y los grupos humanos puede significar que alguien es racista, pero también puede significar lo contrario. No se puede curar las enfermedades psicológicas sin hablar de ellas, ni curar el cáncer sin describir los síntomas para poder desarrollar un tratamiento. El racismo existe y produce la raza, que también llega a existir. La raza no tiene ningún fundamento biológico, ni nunca lo podrá tener – no tiene ningún sentido como categoría biológica. Pero la raza existe como categoría social en el mundo actual – es una institución de la misma manera que el sistema jurídico, la religión, etc. Sería mejor que no existiera, pero ignorar un problema no es la manera de deshacerse de el. Es deshonesto decir “no hay razas, para que entonces hablamos de eso” y luego ir y no solo discriminar, sino en general vivir la vida reproduciendo los patrones socioeconómicos estructurados por las jerarquías sociales entre lo occidental y lo no-occidental, lo blanco y lo no-blanco.

Aparte de la raza como institución social, entre los grupos humanos muchas veces hay características culturales e históricas particulares. Estas no deben de limitar ni definir al individuo, pero tampoco se les puede negar por completo – por ejemplo, el hecho que hay una cultura Quechua en el Perú, que no es ni homogénea ni cerrada, sino que es una vertiente que fluye a través del tiempo, una corriente viva a la que naturalmente algunas personas están más cercanas que otras. O que hay una tradición cultural afroperuana, cuyos practicantes pueden con justicia sentirse orgullosos. Aunque muchos lo nieguen, el Perú es un país multicultural y las diferencias culturales hay que celebrarlas (como también hay que celebrar los distintos colores y formas en los que viene el ser humano). No estoy hablando de un multiculturalismo liberal – bien intencionado pero muchas veces condescendiente e inefectivo – sino de un multiculturalismo activo y a la vez complejo y realista, basado en un proyecto común de construir el futuro, un multiculturalismo que en un país como el Perú es realmente la única opción.

29 jun. 2009

Solidaridad con Honduras

El golpe de estado ocurrido ayer en Honduras debe ser condenado por todos y sin ambigüedades.

Ayer por la madrugada los militares hondureños secuestraron al presidente de ese país, José Manuel Zelaya, irrumpiendo con ráfagas de metralleta en su vivienda; lo pusieron en un avión y lo enviaron a Costa Rica. Posteriormente el ejército cerró los medios de comunicación críticos al golpe e inauguraron como nuevo mandatario al presidente del Congreso, Micheletti, presentando una supuesta renuncia (falsificada) de Zelaya. Ahora quieren presentar lo que ha sucedido no como un golpe sino como un proceso de sucesión de acuerdo a las leyes, algo que nadie en la comunidad internacional, ni la OEA ni Estados Unidos, cree.

¿De que lo acusan los golpistas y sus aliados al presidente Zelaya? De que estaba intentando hacer un referéndum nacional para consultar a la población si en las elecciones generales de Noviembre se podría incluir un referéndum sobre el nombramiento de una Asamblea Constituyente para diseñar una nueva constitución para el país. O sea no se estaba imponiendo nada, ni siquiera era un referéndum sobre una nueva constitución, era un referéndum sobre un referéndum. De acuerdo a los golpistas, y a medios de prensa que los apoyan en espíritu aunque no necesariamente en la forma como han tomado el poder (en este grupo estaría por ejemplo nuestro Aldo Mariátegui), lo que Zelaya realmente quería era incluir en la nueva constitución la posibilidad de hacerse reelegir después que su mandato concluyera el próxima año. No importa que Zelaya haya dicho que no piensa buscar la reelección, o que en todo caso para eso está un referéndum, para que el pueblo decida. Si no les gustaba la idea de una asamblea constituyente, los golpistas debieron hacer convencido a la gente para votar en contra. A mi personalmente no me gusta la reelección presidencial, ya sea de Alan García o de Manuel Zelaya, pues sería mejor que los líderes políticos busquen cultivar movimientos de largo plazo y no personalismos. Pero esto de la reelección es una pobre (y poco creíble) excusa para lo que realmente ha sucedido: la derecha hondureña no ha estado contenta con el acercamiento de Zelaya a la izquierda, y ha querido interrumpir este proceso violentamente, a la antigua, a la manera en que se hacía en Centroamérica en la época que los empresarios bananeros, los finqueros y los militares norteamericanos hacían lo que querían en esa región.

Un artículo de la página web de Radio Programas esta mañana trataba de hacer creer que la población hondureña era indiferente al golpe, que solo “unos cuantos cientos” habían asistido a manifestar contra el golpe. Aparte de que los métodos de los periodistas siempre son dudosos (pueden decir casi lo que les da la gana), parece que la prensa peruana, si bien en temas estrictamente nacionales es un poco más heterogénea y variada, no se cansa de tratar de lavarle la cabeza a la población cuando se trata de temas latinoamericanos. Los medios y el gobierno quieren que denigrar y despreciar a todo país y gobierno que tenga algún acercamiento con Hugo Chávez se convierta en un deporte nacional. Y lamentablemente si han logrado que un segmento considerable de la población se crea que Chávez es un dictador (no un presidente elegido, que es lo que es) que se está apoderando del continente, que todo gobierno que en aras de la unidad latinoamericana busque acercarse a Venezuela es automáticamente un títere de Chávez. Y a esto se suma el odio a Evo Morales y Bolivia, país que supuestamente nos ha “traicionado” como nos “traicionó” en la guerra del Pacífico, otra de las muchas tonterías que nos enseñan en los textos de historia y en los colegios. Dejémonos ya de patrioterismos absurdos entre países hermanos, desde cualquier otro rincón del mundo debe dar risa vernos pelear entre nosotros. Que Chávez habla demasiado y habla sobre lo que no debe y que debería estar haciendo reformas más profundas y menos personalistas en su país, y no tratar de hacerse reelegir, es otro tema. Pero dejémonos de tonterías, como decir que Chávez es un dictador o que Evo, Correa y Zelaya son sus títeres o que problemas diplomáticos o de fronteras que el Perú tiene con algunos de estos países tienen más importancia que los problemas reales de América Latina, como la desigualdad, la discriminación, la corrupción, el autoritarismo cotidiano y político, etc.

Volviendo al tema de Honduras, debe servir para reflexionar y darnos cuenta que a pesar de lo que nos dice el gobierno peruano y sus intelectuales y los medios de prensa, no es la izquierda o el “chavismo” la mayor amenaza para la democracia en la región. La derecha recalcitrante al parecer sigue dispuesta a recurrir al golpe de estado cuando le faltan otros medios. Ojalá la presión internacional termine por desprestigiar rápidamente a los golpistas hondureños y estos se vean obligados a ceder el poder al gobierno legítimamente elegido.

16 jun. 2009

¿Que pasó en la selva?

En los últimos días he colocado en este blog algunos artículos escritos por distintas personas sobre el conflicto en la selva; ahora quisiera compartir algunos puntos de vista personales.

Pocas veces en la historia del Perú la región amazónica ha irrumpido en la conciencia nacional con tanta fuerza como ha sucedido en estos días con los violentos sucesos de Bagua y con las protestas que se han extendido a buena parte de la selva norte y central.

Aún es difícil determinar todos los pormenores de lo sucedido, debido a las distintas versiones que provienen por un lado del gobierno y por otro de fuentes independientes. Los antecedentes a los sucesos del 4 de junio parecerían estar más claros. El año pasado la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) lideró a un conjunto de comunidades amazónicas en una jornada de protesta que logró la derogación del Decreto 1015.

Este decreto modificaba las reglas para la venta de tierras de comunidades andinas y amazónicas, reduciendo el requisito de obtener la aprobación de 2/3 de los comuneros empadronados al 50% de los asistentes a una asamblea comunal, de esta manera facilitando la venta de tierras a empresas extractivas (mineras en la sierra y madereras y petroleras en la selva). Aún si fuese verdad que esta ley estaba dirigida a promover el desarrollo económico de las comunidades andinas y amazónicas (algo que yo no creo), debió haber sido consultada con las federaciones de comunidades de la selva y sierra.

Las protestas amazónicas del 2008 tuvieron un desenlace pacífico; los comuneros abandonaron las instalaciones petroleras tomadas y liberaron a los policías rehenes, y el Congreso derogó el 1015. Este decreto era tan sólo uno de una multitud de decretos legislativos que el Poder Ejecutivo emitió el 2008 valiéndose de poderes especiales otorgados por el Congreso para la negociación del TLC con Estados Unidos. Varios otros de estos decretos se referían también a la selva y sus recursos, en particular las tierras. Las organizaciones amazónicas y andinas solicitaron la derogación de estos decretos a lo largo de muchos meses, y ante los oídos sordos del gobierno, AIDESEP inició una nueva jornada de protesta en Abril del 2009.

Esta protesta incluyó el bloqueo de carreteras y de vías de extracción de petróleo, pero durante los 50 días que duró no se registraron incidentes de violencia, aún si al nivel de retórica la situación se iba polarizando. El premier Yehude Simon ofreció dialogar sobre los decretos, pero al mismo tiempo el partido de gobierno bloqueó la discusión del tema en el Congreso, mientras que el presidente Alan García seguía aferrado a su tesis del “perro del hortelano,” que demoniza a todos los que cuestionan algún aspecto del modelo económico dominante en el Perú.

Finalmente, el 4 de junio el Estado envió contingentes policiales para expulsar por la fuerza a los comuneros manifestantes. En los siguientes enfrentamientos murieron 10 manifestantes y resultaron docenas de heridos, según las cifras oficiales del gobierno. Esperemos que estas cifras sean correctas y que el número de ciudadanos amazónicos muertos no resulte ser mayor, aunque es imperativo que se haga una investigación a profundidad, dadas las versiones alternativas que siguen saliendo a la superficie sobre un mayor número de víctimas, así como los esfuerzos del gobierno por minimizar o hasta ignorar el sufrimiento de los comuneros amazónicos que perdieron sus vidas o las de familiares.

La muerte de 10 comuneros sin duda hubiera indignado a muchos (no a todos), pero quizás no hubiera causado tanta sorpresa – en un país cuya historia está llena de matanzas de gente que lucha por sus derechos – como el otro componente de los sucesos del 4 de junio: la muerte de 24 policías en manos de algunos manifestantes. Varios de estos policías fueron ejecutados cuando ya se habían rendido. Estas muertes han sido utilizadas por el gobierno para pintar a las protestas amazónicas (y a los que les han manifestado apoyo, como los 7 congresistas suspendidos el día jueves) como salvajes, terroristas, y como parte de una conspiración internacional. Y sin duda la muerte de los policías es perjudicial para la imagen de AIDESEP, organización que había logrado acumular fuerzas y visibilidad a través de mucha organización y esfuerzo.

Al parecer, los dirigentes que ocupaban la Estación Petrolera 6 decidieron dar muerte a los policías al ver la forma en que sus hermanos eran atacados violentamente por las fuerzas del Estado. Sin embargo, nada justifica la ejecución de los policías. Es importante que los sectores de izquierda del país reconozcan que la muerte de estos policías no sólo es una tragedia sino una matanza condenable. Sin necesidad de idealizarlos, los policías aquí como en la mayor parte de los países son gente del pueblo, gente trabajadora que terminan defendiendo los intereses de las transnacionales sólo por que el Estado los manda.

La responsabilidad por la muerte de los policías recae tanto sobre los individuos que ordenaron su ejecución como sobre el gobierno que manejó la situación de una manera torpe y autoritaria, poniendo tanto a los policías como a los comuneros en una situación de alto riesgo. No es justo que se le atribuya toda la culpa automáticamente a Alberto Pizango (para quien el Estado ha pedido entre 35 años de prisión y cadena perpetua) y que se satanize a AIDESEP como grupo terrorista. Pizango no ha promovido una ideología ni una cultura política de violencia o intolerancia; ha liderado protestas que hasta el momento habían sido pacíficas, pero cuyo enfrentamiento con las fuerzas enviadas a reprimirlas terminó en derramamiento de sangre.

El asesinato de los policías es condenable, y debe ser investigado no solo por el gobierno sino también por la misma AIDESEP (si es que el estado permite que siga existiendo), para ver porque las cosas sucedieron de esta manera. Pero al margen de las decisiones de algunos dirigentes y las estrategias de otros, la causa por la que luchó AIDESEP sigue siendo justa, y es importante que se siga diciendo esto en los próximos meses, que no se pierda de vista el tema de la selva y de los derechos de las comunidades. Dentro de movimientos que luchan por causas justas hay gente buena y mala; esto siempre ha sido así.

Defender solamente el orden y la autoridad, como vienen haciendo algunos fascistoides seducidos por el poder como Aldo Mariátegui, puede ser muy atractivo (aunque ciertamente Mariátegui y sus colegas no hablan de la autoridad del estado cuando se trata de las protestas en contra de Evo Morales en Bolivia). Parecería ser una respuesta fácil y automática a la situación actual. Pero esta adulación al orden ignora el hecho de que ya hay desorden en el mundo cuando se dan injusticias como la desigualdad extrema y la apropiación de recursos para el beneficio de algunos.

Lo cual no quiere decir que estas realidades justifiquen la violencia. Cierto orden es importante también para vivir, y para que funcione una democracia. Pero no se puede satanizar la idea de la protesta cuando sus manifestaciones concretas van en contra de la ideología de uno y endiosarla cuando están de acuerdo. Hay protestas que son justas y necesarias y punto. Otro tema es que ejecutar a alguien que ya se ha rendido nunca es justo, ni cuando lo hizo Fujimori con los emerretistas rendidos en la residencia del embajador japonés en 1997, ni cuando se hizo con los policías en Bagua.

Ojalá esta matanza de comuneros amazónicos y de policías no se repita. Lamentablemente, el gobierno de García, en vez de tratar de conciliar y dialogar, ha estado haciendo todo lo posible por polarizar aún más la situación con su actitud arrogante y autoritaria y su hostilidad hacia todo lo que tenga que ver con movimientos indígenas. Hoy se ha dado la noticia que Yehude Simon ha aceptado derogar los decretos 1090 y 1064, y que estará solicitando tal derogación al Congreso el día de mañana. Esperemos que esto represente un verdadero cambio en la actitud del Ejecutivo, aunque ciertamente hay que mantenerse en alerta dada la tendencia del actual gobierno de manipular y utilizar maniobras deshonestas. Pero de todas formas, hay que preguntarse, ¿era necesario que murieran 34 personas para que el gobierno se diera cuenta de que la Amazonía en su mayoría rechaza a las “leyes de la selva”?

11 jun. 2009

José Álvarez Alonso - ¿Cuánto vale la vida de un peruano?

Comparto un artículo de José Álvarez Alonso, biólogo ornitólogo que trabaja en la Amazonía, y cuya esposa es especialista en enseñanza bilingue. El original está en http://www.viajerosperu.com/articulo.asp?cod_cat=7&cod_art=1406.


¿Cuánto vale la vida de un peruano?
Por: José Álvarez Alonso, especial para VOL.
Foto: www.catapa.be, 10 de junio de 2009

Días de luto para el país exigen calma, diálogo pacífico y reflexión. Con insultos y descalificaciones no se solucionará el conflicto indígena en el Perú. Nos duele, nos debe doler en el alma a todos, cada vida perdida de un peruano, vida valiosa e irreemplazable. Se han enfrentado innecesariamente peruanos con peruanos, jóvenes con uniforme y jóvenes con pinturas tradicionales. He visto las caras de las madres y esposas de los policías, y las de los familiares indígenas que lloraban también a sus muertos, y ambas me duelen.

No importa si son indígenas o policías, han muerto peruanos que tienen padres, madres, esposas, hijos. Han muerto gratuitamente, porque sus muertes no solucionan nada, echan más leña a una hoguera ya demasiado caliente. La violencia engendra más violencia, siempre. Miles de indígenas se están sumando a la rebelión indígena en varios puntos de la Amazonía, y algunos hablan ya de riesgo de guerra civil. Se impone la calma, la conciliación y la serenidad, en ambos lados.

El duelo nacional debe ser por todos, aunque algunos parece que sólo se duelen de “sus” muertos: siguen considerando a los indígenas como ciudadanos de segunda clase, “esos llamados nativos”, como los calificaron despectivamente algunos. Mientras se muestra en televisión las escenas de dolor de los valerosos policías muertos en cumplimiento de su deber, se ignora o minimiza la cifra de muertos indígenas, que algunos calculan en más de un centenar, quizás dos; ya se han encontrado más de una docena de cadáveres hinchados de indígenas arrojados al río Marañón, y se habla de cadáveres incinerados y enterrados en fosas comunes. Esos ciudadanos tienen derechos que han sido violados, y tienen familias que hoy lloran a sus muertos tanto como las dolidas madres de los jóvenes policías. El dolor no tiene color político ni racial.

Mientras la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y otros sectores siguen haciendo llamados al cese inmediato de la violencia, a la serenidad y al diálogo, se sabe que se sigue cazando casa por casa a los indígenas y otros civiles en Bagua, como si fuesen animales, y se está planeando el debelamiento por la fuerza de los bloqueos en la carretera a Yurimaguas, en Andoas, en Trompeteros y otros lugares. ¿Qué se busca, otra masacre?

No se puede criminalizar a todo un pueblo, a un sector de la población, acusándoles de criminales, salvajes e ignorantes, por defender lo que consideran con justo derecho suyo. Los insultos racistas van a alimentar más la violencia. Si ha habido violencia y han muerto policías y ciudadanos, que se castigue a los culpables, pero no se insulte o condene a todo un pueblo.

¿Quién es responsable de este desastre?

Lo que ocurrió en Bagua es la historia de una masacre anunciada. Sabíamos que bastaba una chispa para desencadenar el desastre. ¿Tan poco conocen nuestros gobernantes a la Amazonía y a sus pueblos? ¿No pudieron asesorarse con expertos en antropología amazónica? Los Awajún son un pueblo que nunca se dejó conquistar por el imperio inka; es el único pueblo indígena que se rebeló con éxito contra el imperio español. Mandar a un pelotón de policías armados con bombas lacrimógenas y armas de fuego a atacar una masa de indígenas fue mandarlos a una masacre anunciada. Es una torpeza que le está costando muy cara a decenas de familias y al país, y que tiene responsables políticos, los mismos pésimos manejadores del conflicto indígena.

No estoy de acuerdo con algunas de las formas de protesta que se salen del marco de la ley, y mucho menos con cualquier acto de violencia, pero junto con los obispos de la selva, comprendo la desesperación de los indígenas, marginados y expoliados de sus recursos por décadas. Y la desesperación de pueblos que sienten amenazado su futuro y sufren día a día el hambre de sus hijos no se puede enfrentar con bombas y armas.

¿Pudo evitarse la masacre de policías e indígenas?
Por supuesto. Situaciones más difíciles en el mundo se han solucionado de forma pacífica, negociando. Pero cuando uno se sienta a la mesa sin la mínima intención de ceder, porque hay grandes intereses económicos en juego, no se puede encontrar soluciones…

Matando al mensajero

Se habla de la obstinación de Alberto Pizango, y ahora se lo ha convertido en chivo expiatorio de la masacre. ¿Es culpable Pizango de “intransigencia”, de los hechos de violencia como le acusa el Gobierno? Eso es desconocer totalmente la cultura e idiosincrasia indígena.
Como bien explicó en una entrevista a RPP el P. Jaime Regan, uno de los antropólogos más reconocido en temas amazónicos, Pizango no tiene facultades delegadas por los pueblos indígenas para cambiar términos de negociación, él es simplemente un portavoz de sus demandas. Los indígenas amazónicos nunca tuvieron gobernantes, practicaron una democracia sui géneris que apenas delegaba facultades parciales a sus curacas en tiempo de guerra. Una democracia bien diferente a la que practican nuestros congresistas, que una vez elegidos hacen lo que les da la gana en el Congreso. Cuando Pizango firmó un acta en la mesa de diálogo con el Premier, aceptando revisar decreto por decreto, inmediatamente salieron los apus de muchas comunidades a desconocer ese acuerdo, “porque eso debía ser consultado con las bases”. Por eso tuvo que retirar su firma. ¿Es culpable por eso?

Por qué le echan la culpa a Pizango, si él sólo transmite lo que le exige su gente”, me comentó Doña Marina, con la sabiduría de una madre de familia de Iquitos. Esto que entiende Doña Marina no lo entiende o no lo quiere entender el Gobierno. En la antigüedad existía la salvaje costumbre de matar al mensajero que traía malas noticias de una batalla. ¿Qué culpa tenía el mensajero? ¿Creen que si Pizango hubiese firmado alegremente un acta de acuerdo se habría solucionado el conflicto?


¿Y de la obstinación del Gobierno, quién habla?
Hasta los obispos de la selva peruana exigieron al Gobierno que derogara esos ignominiosos decretos. ¿Vale más un decreto promulgado de forma inconsulta que la vida de decenas, quizás de cientos de peruanos? Ni la vida de uno… La sangre de peruanos inocentes salpica también a las empresas y consorcios que han presionado al Gobierno a sacar esos decretos para favorecer sus intereses. Espero que se pudra en los bolsillos de los responsables cada dólar corrupto que esté detrás de esa obstinación en defender unos decretos legislativos no pergeñados a exigencia de EE.UU. para la aplicación del TLC (ya fue desmentido por el embajador de este país), sino para facilitar el acceso a las tierras y recursos de la Amazonía de los grandes capitales.

La conjura internacional

¿Están manipulados los indígenas por intereses extranjeros? La teoría de la conjura extranjera siempre ha sido usada por los gobiernos autoritarios para tratar de justificar sus problemas internos y para unir a los ciudadanos frente a un potencial enemigo común. Los indígenas no son niños, son ciudadanos inteligentes, que saben lo que les conviene, y hoy tienen entre sus filas a profesionales muy bien capacitados. Se oponen al gobierno porque rechazan un modelo de desarrollo que, definitivamente, no les beneficia gran cosa, más bien pone en riesgo su modo de vida y su único patrimonio, sus bosques y sus ríos.


¿No los creen capaces de pensar por sí mismos? Calificarlos de manipulados por foráneos es racismo. ¿Por qué no califican así a los empresarios que protestan por un nuevo impuesto o una nueva política económica? Lo que no se puede negar es el oportunismo de algunos partidos políticos para sacar ventaja apoyando la causa indígena. Pero este “aprovechamiento político” de una causa justa, común en nuestra arena política, no invalida ni descalifica en absoluto a la causa indígena.

Se usa el argumento de que necesitamos los recursos del subsuelo, y especialmente el petróleo, para desarrollar al país. Creo que pocos pongan en duda eso, incluyendo quien escribe estas líneas. Necesitamos explotar éste y otros recursos naturales, pero no a cualquier precio, violando las normas constitucionales (como el derecho a la consulta previa establecida en el Convenio 169), o envenenando a la gente que está encima, como se ha hecho, con bendición del Estado, por 30 años en el río Corrientes.

El derecho a la consulta de los indígenas no es sinónimo al derecho a la participación que tenemos todos los peruanos. Los indígenas tienen un privilegio, como pueblos originarios, y la obligación de consultarlos y lograr su aceptación sobre proyectos o leyes que les afecten es vinculante para el Gobierno, lo que quiere decir que los decretos legislativos cuestionados son inválidos de origen, como bien determinó ya la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso.

¿Demasiada plata, demasiada tierra?

Muchos han hablado de los cuatro y pico millones de dólares que ha recibido AIDESEP en cuatro años, como si hubiesen llegado a las manos de Pizango para que haga lo que quiera con ellos. “A ver qué escuelas ha construido con esa plata”, dicen algunos corifeos del poder. Este dinero está repartido en decenas de proyectos ejecutados por sus organizaciones regionales descentralizadas en los confines más alejados de la Amazonía, y me consta que son supervisados estrechamente por las entidades financieras. Incluyen proyectos de educación intercultural bilingüe para profesores y niños indígenas (como el prestigioso programa FORMABIAP, con sede central en Iquitos), proyectos de salud, proyectos para titulación de tierras y ampliación de territorios, proyectos de fortalecimiento de capacidades para la gestión de sus recursos, y otros muchos. Si bien tiene derecho el Estado a supervisarlos, es repugnante que se difame alegremente a los indígenas de malos manejos de este dinero, sin fundamento.

Se habla de los 12 millones de hectáreas tituladas a los 400,000 indígenas reconocidos como tales por el Estado peruano. Tocan a unas 30 ha por cada uno. “Es demasiado”, dicen algunos, queriéndolos comparar quizás con las tres o cuatro hectáreas que tienen algunos campesinos en la sierra o en la costa. Es como si quisiéramos comparar el apartamento de 100 m² un neoyorquino en la 7ª Avenida con el lote de 250 m² de un habitante de un barrio peruano como Las Malvinas o Huaycán, y dijésemos: ¿de qué te quejas, cholito?
Es ridículo. Primero, que los indígenas son los pueblos originarios de la Amazonía y son los legítimos propietarios de esas tierras, que es cierto, ahora también son, en cierto modo, de todos los peruanos, pero prioritariamente de ellos. Y segundo, los indígenas no son campesinos que viven de cuatro cosechas, son “bosquesinos”, que viven de los recursos silvestres, de la caza, de la pesca, de la recolección: necesitan para su subsistencia grandes extensiones de bosques, con lagos, ríos y quebradas sanos, para garantizar su subsistencia y la sostenibilidad del ecosistema, de acuerdo a su modo de vida tradicional. Están en su derecho, conforme a la ley peruana y al derecho internacional. Pero acerca de esto abundaremos más en otro artículo.

9 jun. 2009

Informe de Francisco Eguiguren sobre los decretos legislativos

Recomiendo leer este análisis jurídico de los decretos legislativos que fueron emitidos por el Ejecutivo el año pasado y que hoy están en el ojo de la tormenta que se ha desatado en la amazonía. El informe fue elaborado por el abogado Francisco José Eguiguren Praeli, el 5 de Agosto del 2008, a solicitud de Oxfam-Peru. Contiene observaciones generales sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la delegación de poderes que hizo el Legislativo al Poder Ejecutivo el año pasado; además, discute de forma individual algunos de los decretos más importantes, los cuales AIDESEP y sus aliados buscaban derogar.

Para acceder al archivo ir a http://es.oxfamamerica.org/ y hacer click en “¿Los Decretos Legislativos dados por el Ejecutivo son Constitucionales?,” en la categoría “Últimas Publicaciones,” lo cual le llevare directo al PDF del informe de Eguiguren.

8 jun. 2009

Frederica Barclay y Alberto Chirif sobre la crisis en la Amazonia

Recomiendo leer este artículo escrito por Alberto Chirif y Frederica Barclay, conocidos antropólogos y expertos sobre la amazonía peruana:


Ataques y mentiras contra los derechos indígenas

Por: Alberto Chirif y Frederica Barclay, especial para VOL.

Fuente: http://www.viajerosperu.com/articulo.asp?cod_cat=4&cod_art=1388

En un artículo periodístico, titulado “El radicalismo indígena”, aparecido en el diario El Comercio (15/5/09), el periodista Jaime de Althaus insiste en restarle importancia al derecho de consulta previa, libre, informada y de buena fe, consagrado en la legislación peruana desde hace 15 años, fecha en la que entró en vigor en el Perú el Convenio 169 de la OIT. Como los indígenas han tenido que batallar en la arena internacional para lograr el reconocimiento de éste y otros derechos, Althaus alega que se trata de un complot internacional destinado a cercenar el territorio nacional.

El derecho de consulta

Según sus palabras: “El pecado original –y quizá el único- de los decretos rechazados por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep es que, efectivamente, no fueron consultados. Ese es un pecado general de la institucionalidad peruana, un rezago de la cultura autoritaria: ni las leyes ni los decretos suelen ser consultados ni con los especialistas, se imponen respondiendo con frecuencia a intereses específicos”.

Para Althaus el incumplimiento de este compromiso y derecho no sería sino una mala “costumbre” de la “institucionalidad peruana”, un pecadillo menor, que disculpa señalando que así es siempre, en todos los casos. Este ninguneo a la consulta nos lleva a pensar que él no ha entendido que se trata de un derecho que emana de su condición de pueblos originarios y no de una graciosa concesión del Estado. Que el Estado no consulte decretos con especialistas está muy mal, ya que hacerlo abonaría en favor de una concepción más amplia de la democracia y de posibles planteamientos mejor sustentados. Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas pasar por alto la consulta es violar un derecho reconocido por la ley que, como señala la Defensoría del Pueblo, “posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas”. Estamos así ante realidades diferentes.

La consulta es un derecho perfectamente definido en el Convenio 169 (Ley Nº 26253). Éste señala que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”; y que estas consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 1 y 2).

Queda claro entonces que las consultas tienen que ser previas, mediante procedimientos apropiados, de buena fe, deben realizarse a través de sus instituciones representativas y, muy importante, tiene por finalidad llegar a un acuerdo. Por su naturaleza lo que establece el Convenio 169 al respecto es vinculante, es decir, obligatorio, no facultativo, como se ha pretendido señalar. El convenio, entonces, es concluyente en el hecho de la obligatoriedad de realizar la consulta, cuya violación invalida automáticamente cualquier decisión o norma que tome el Estado de manera unilateral.

En un reciente documento (Informe Nº 011-2009, mayo 2009), la Defensoría del Pueblo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida”. Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella”. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente, le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan”.

¿El gobierno ha actuado de esta manera y se ha enfrentado a las opciones planteada por Defensoría de aprobación de la materia de la consulta, de consentimiento parcial o de desaprobación total? No, nunca. Jamás ha hecho una consulta. Frente a una decisión arbitraria del Estado luego de una consulta, los pueblos indígenas podrían cuestionada judicialmente por carecer de fundamentación. Pero el problema es que en el Perú el gobierno (éste y los anteriores) ni siquiera hace consultas de mala fe.

La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que “la consulta es el instrumento previsto por el Convenio para institucionalizar el diálogo, asegurar procesos de desarrollo incluyentes y prevenir y resolver conflictos” (citado en Informe Nº 011-2009 de la Defensoría del Pueblo, antes mencionado). La Defensoría señala que la consulta “es un ‘derecho instrumental’ que posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo: a la identidad cultural, a la propiedad, a la integridad, al desarrollo, etcétera. Su ámbito de ejercicio es el sector público”. Es decir, el derecho a la consulta es un derecho central de la legislación peruana referida a pueblos indígenas y está también ampliamente reafirmado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Para los casos de explotaciones mineras, el Convenio señala que la consulta debe llegar a “determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. Y remata diciendo que: “Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” (Art. 15).

¿Algo de esto ha hecho alguna vez este gobierno o los anteriores? No, nunca. ¿Por qué? Porque al parecer el Estado no sabe lo que firma o porque, tratándose de indígenas, ¡qué diablos!, por qué hacer tanto alboroto. A fin de cuentas, como ha señalado el presidente Alan García, “las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos”, lo que significa borrar de un plumazo los derechos legales de propiedad de las comunidades nativas y campesinas, hacer una declaratoria por la vía rápida de libre disponibilidad de las tierras de la región y convocar al caos para que se encargue de cancelar los derechos indígenas.

El gobierno actual trata de confundir a la ciudadanía haciendo pasar la participación como consulta, como si se tratara de lo mismo. Pero, como la propia Defensoría del Pueblo ha señalado: “El derecho a la consulta corresponde solamente a los pueblos indígenas”, mientras que “El derecho a la participación ciudadana le corresponde a todas las personas. Es un derecho que salvaguarda y propicia la libre intervención en el ámbito político, económico, social y cultural. No tiene por finalidad lograr un acuerdo o consentimiento. Su ámbito de ejercicio es el sector público y privado” (Ver Informe de Defensoría antes citado).

El gobierno ha introducido esta confusión interesada en el DS Nº 012-2008-EM, “Reglamento sobre participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos”, y en la práctica, con resultados desastrosos. Un caso concreto sucedió en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, en marzo de 2008, cuando funcionarios de PERUPETRO y del MEM convocaron a un “evento presencial” (así los llama ese reglamento) para informar a la población nativa sobre la suscripción de un contrato de exploración con la empresa petrolera HOCOL en diciembre de 2006, es decir, un año y tres meses antes. Los pobladores, lógicamente, reaccionaron de manera violenta y largaron a toda la delegación, también integrada por el inefable representante de CONAP.

¿Qué derechos vulneran los decretos cuestionados por las organizaciones?

El análisis de la inconstitucionalidad e impactos negativos de los decretos ha sido ya efectuado por diversas instituciones, incluidas la Defensoría del Pueblo y el CAAAP, y especialistas, como Francisco Eguiguren: (ver “Informe jurídico Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el congreso al poder ejecutivo mediante la ley N° 29157”) Patricia Urteaga y Pedro García, que se han referido a esto en varios documentos, unos publicados y otros de circulación más restringida.

No obstante, sí podemos señalar al DL 1064 como uno de los más nocivos para las comunidades indígenas, porque atropella el derecho de imprescriptibilidad de sus tierras y permite que invasores con cuatro años de establecidos se apropien de tierras comunales. ¿Será por esto que el presidente Alan García ha dicho que las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos, contradiciendo por cierto lo que había dicho en su primer gobierno, cuando afirmó públicamente los derechos preferenciales de los indígenas porque estaban “antes que los Pérez y los García”? También expropia terrenos comunales usados para servicios públicos o declara como propiedad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas, aunque estén poseídas y pretendidas por los pueblos indígenas y las pone en condición de adjudicables a inversores.

Esta misma norma coloca nuevamente el tema del abandono sin definirlo, lo que significa un grave riesgo para las comunidades que utilizan sus territorios de manera extensiva y con un sistema de rotación perfectamente adaptado a los suelos amazónicos, suprime el acuerdo del minero con el dueño del suelo, permite que mediante un expediente técnico se cambie el uso de la tierra y deroga todo el régimen comunitario desconociendo la necesidad de una legislación especial, tal como señala el Convenio 169 y el propio Código Civil. Por último, todos los decretos tienen defectos formales que los hacen inconstitucionales por el hecho de no haber sido consultados y de legislar, algunos de ellos, sobre temas no permitidos por delegación de funciones legislativas al Ejecutivo.

Un ataque integral

Pero la arrogancia y prepotencia del gobierno va más allá de los actuales decretos. El perro del hortelano fue algo así como el “marco teórico” y la clarinada para el ataque que vendría de inmediato. El presidente García pretende que los proyectos y las medidas dictadas se orientan a la lucha contra la pobreza y devastación de los bosques amazónicos. Para darse un aire técnico y convocar el apoyo a sus medidas los voceros del gobierno han señalado una y otra vez que hay 11 millones de hectáreas deforestadas, que efectivamente existen, pero ninguno ha mencionado dos cosas: la primera, que la devastación de los bosques no es consecuencia de la actividad de los pueblos indígenas, que han vivido en la región durante siglos sin poner en riesgo ni el bosque, ni otros recursos naturales, como los suelos y la fauna; y la segunda, que la deforestación es producto de la colonización impulsada desde fines del siglo XIX por el Estado y potenciada durante los dos gobiernos del presidente Fernando Belaunde, a través de la Carretera Marginal y de proyectos especiales, financiados con deuda externa contraída por el Perú con organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y US/AID.

¿Saben ustedes cuál fue la razón que dieron ése y otros gobiernos para emprender estos programas de colonización?: Superar la pobreza. Ahora el presidente García se ilumina y sin cuestionar el rol del Estado y la responsabilidad que a él mismo le toca, en la medida que ya estuvo a la cabeza de éste en 1985-90, emprende una nueva búsqueda para “superar la pobreza”. Lo que está en cuestión es si a los anteriores gobiernos les interesaba la pobreza de los peruanos o más bien buscaban engañarlos con promesas ilusorias de tierras ubicadas en el Dorado amazónico. Y al actual gobierno, ¿le interesa la pobreza o satisfacer las demandas de empresarios ávidos de terrenos para plantaciones de biocombustibles?

El gobierno, si es que el tema le interesa de verdad, no debe buscar la pobreza en lugares tan alejados como la Amazonía, sino en Lima y en las demás grandes ciudades del país, donde un gran porcentaje de la población no tiene trabajo y sobrevive con ingresos ínfimos. La pobreza que sí afecta a indígenas amazónicos está precisamente en las zonas que han sido devastadas por la colonización y por las industrias extractivas, que han contaminado el medio ambiente, afectado su salud y destruido sus redes sociales de solidaridad. Pero las políticas del gobierno no se dirigen hacia la solución de estos problemas, sino hacia su expansión.

El ataque a los pueblos indígenas desatado por este gobierno no se limita a socavar su derecho al territorio sino que procura acabar con ellos a través de la medidas destinadas a debilitar sus lenguas y culturas. Es con esta finalidad que hay que entender las sucesivas medidas tomadas por el Ministerio de Educación, como la exigencia de la nota 14 para los postulantes a institutos superiores pedagógicos. Es verdad que esta norma es general y afecta a todos los candidatos: durante los tres años que lleva de vigencia no ha habido ingreso a dichos institutos en el país, porque la dispersión de quienes superaron la valla (alrededor del 3% de más de 14.000 postulantes) no he permitido conformar un número suficiente para justificar el funcionamiento de un año lectivo.

Una vez más el Estado castiga a quienes son víctimas de su mala política, en este caso, educativa. Aunque el ministro de educación ha recibido, de parte de muchas instituciones, explicaciones fundamentadas sobre las consecuencias de la norma, entre ellas, el déficit de profesores bilingües, mantiene su decisión inmutable. El ataque a la identidad de los pueblos indígenas se demuestra, además, por medidas como el rechazo de fondos de la cooperación internacional para educación intercultural bilingüe o la negativa del ministerio de participar en eventos sobre EBI.

¿A quién defiende el Estado?

La consigna del gobierno (y en esto no se diferencia de los anteriores) es negar la evidencias, enterrando bien su cabezota de avestruz en un hoyo. Hace cerca de tres años, cuando los achuares del río Corrientes hicieron pública sus denuncias sobre la contaminación de las fuentes de agua y sus recursos para la vida y, en general, del medio ambiente de su territorio, y de cómo ésta estaba afectando la salud de los pobladores, el Estado negó con desparpajo que esto fuese verdad, a pesar de que el Ministerio de Salud y el de Producción habían comprobado, mediante análisis de laboratorio, la magnitud del daño.

Solo una protesta descomunal por parte de los indígenas, con toma de campamentos petroleros y pozos y cierre de válvulas de estaciones de bombeo, lo llevó a reaccionar, aunque su primera opción fue por la recaptura de las instalaciones por la vía violenta, lo que en realidad quería decir que seguía negando que la actividad afectaba la salud de la gente y el medio ambiente. La presión fue tan grande que tuvo luego que dar marcha atrás y reconocer la veracidad contenida en las denuncias y suscribir, junto con la empresa y la federación indígena, el acta de Dorissa, mediante la cual Pluspetrol y el Estado se comprometían a remedir la situación en un plazo perentorio. En buena hora que haya sido así, pero ¿no pone esto en evidencia el hecho de que el gobierno mintió al negar primero los estragos negativos causados por la extracción de petróleo? El hecho de que hoy día el ministro Brack trate de hacer aparecer los cambios en la legislación sobre explotación de hidrocarburos como un logro del gobierno y no de los indígenas, nos parece un hecho carente de sinceridad.

Pero esa reacción del gobierno fue apenas coyuntural y producto de una presión formidable ejercida por las organizaciones indígenas, la sociedad civil y algunas instituciones pública, como la Defensoría del Pueblo, que antes como ahora ha jugado un papel destacado. Ahora el Estado niega una vez más la realidad de que el petróleo y las industrias extractivas en general son fuente de contaminación e impactos negativos para los pobladores locales. Toda la contaminación, afirma, es cosa del pasado. Ignoramos qué alcance querrá darle el gobierno a su noción de pasado, pero lo cierto es que el gasoducto se rompió cinco veces durante el primer año de funcionamiento, lo que es un indicador de irresponsabilidad y, probablemente, de corrupción, por el uso de tubos en mal estado o de segunda mano, como lo estableció una auditoría ambiental independiente que luego, para seguir con la costumbre nacional, fue silenciada.

Pero el anterior no es el único caso, ya que las denuncias de contaminación causadas por industrias extractivas o de transformación de minerales van desde el Callao y, pasando por La Oroya (donde el gobierno, una vez más, ha prolongado el plazo de Doe Run para cumplimiento del PAMA, mientras la población se ahoga en humos y los índices de plomo y otros metales pesados aumenta en su sangre), se expande por otras zonas.

Y no es un problema sólo de derrames, sino, de manera más global, de impactos en el medio ambiente en que viven indígenas y campesinos. En el Urubamba, durante la época de instalación del proyecto del gas del Camisea, un promedio de 200 barcazas diarias “batían” o “licuaban” las aguas del río, contaminando y alterando el hábitat de los peces, fuente principal de las proteínas que consumen los pobladores. Los matsiguengas que habitan la cuenca han sido “compensados” temporalmente por la pérdida admitida de capacidad de pescar en ése y otros ríos de la zona con un sol diario, lo que apenas alcanza para adquirir una lata de conserva a la semana.

¿Quién es el responsable de crear pobreza en los pueblos indígenas? Que no se diga que la contaminación es cosa del pasado porque ahora hay estándares, pues éstos existen desde 1993 y los achuares, quichuas y urarinas sólo consiguieron que se supervise la actividad de las empresas y se les obligue a cumplir las normas después de 13 años de continuas denuncias.

El problema es que al gobierno y a mucha gente le parece normal que los indígenas paguen los costos del llamado desarrollo. Si sus chacras son destruidas, también el monte que utilizan para cazar y realizar actividades forestales, poco importa. La idea es que esos espacios valen poco frente a la riqueza que producen las industrias extractivas. También sus vidas y las de las generaciones por venir valen poco, lo que es un indicador más del racismo que impera en el país. Nos preguntamos qué pasaría si 200 barcazas batieran diariamente el agua del mar en los balnearios del sur de Lima. La protesta sería masiva y apoyada por la prensa, porque se consideraría que se está afectando propiedad privada valiosa de gente que vale más.

Los indígenas y la seguridad nacional

En los últimos tiempos, se acusa cada vez más a los indígenas de constituir una amenaza a la seguridad nacional. Cancillería se niega a dar pase a la creación de dos reservas comunales y a un parque nacional, ubicados en la zona comprendida en el curso alto de los ríos Napo y Putumayo, alegando razones de seguridad nacional. Dice temer que los 700 secoyas peruanos y los 300 ecuatorianos, que por lo demás provienen de familias peruanas que emigraron antes del conflicto de 1941 y que luego no pudieron volver, puedan afirmar derechos territoriales y conformarse en un Estado independiente.

Es para no creerlo, sobre todo considerando que tanto las reservas como los parques son áreas naturales protegidas de propiedad pública. Ha dado la misma razón para justificar el recorte del parque nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor, pero en cambio permite la presencia en la parte cercenada de la empresa Dorato Perú, pantalla de la transnacional canadiense Dorato Resources Inc., cuyo gerente general, Carlos Ballón, fue asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno, como ha puesto a la luz César Hildebrandt en un reciente artículo. ¿Resulta ser entonces que una transnacional es mejor defensora de la seguridad nacional que el propio Estado, que, reiteramos, es el dueño de parques nacionales y otras áreas naturales protegidas? Eso se llama tener confianza en las instituciones propias e ideas muy claras sobre la defensa nacional.

La lista de las ventas del patrimonio nacional y de empresas privadas a un país como Chile, con el cual el Perú, por desgracia para la paz, mantiene conflictos pendientes, es inacabable. Más aun, este gobierno quiso venderle incluso parte del terreno del Ministerio de Defensa, lo que tal vez no signifique nada en términos de seguridad nacional comparándolo con lo que ya el Estado peruano había ya vendido a capitales chilenos (en especial, las industrias estratégicas), pero no se puede negar que el simbolismo del hecho resulta grotesco. Podemos también mencionar la profusión de decretos que suspenden la norma constitucional que prohíbe que “dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad” (Art. 71º), alegando para esto razones de necesidad nacional.

Cuando la excepcionalidad de levantar la prohibición por razones de “necesidad pública” se convierte en norma, debemos sospechar de la existencia de otros intereses. El papel aguanta todo. Algunos ejemplos: Petrobras en el lote 117, en el extremo norte del país, en la zona frontera con Colombia y Ecuador; Pacific Stratus Energy, en los lotes 135, 137 y 138, en la frontera con Brasil; y la lista sigue. También podemos mencionar que hace apenas unos años, las denuncias públicas pusieron en evidencia que la empresa maderera Newman Lumber Company de los Estados Unidos había construido una carretera de 150 Km a lo largo de la frontera con Bolivia para extraer caoba de manera ilegal, sin que las autoridades políticas ni las Fuerzas Armadas del Perú se hubiesen dado cuenta, o al menos así lo dijeron. Ni qué decir del ingreso cotidiano a territorio peruano de madereros colombianos por la frontera del Putumayo, sin que los numerosos puestos de las Fuerzas Armadas peruana hagan nada por frenarlos. Frente a todo esto, ¿podemos seguir sosteniendo que son los indígenas una amenaza a la integridad nacional?

Para terminar queremos referirnos a las dimensiones que ha tomado la actual protesta indígena. Su impacto se debe a la movilización masiva de familias y organizaciones indígenas amazónicas, incluyendo entre ellas algunas que eran consideradas como bases de CONAP, como las awajun del Alto Mayo; y a la amplia solidaridad que ha convocado su causa en diversas instituciones y personalidades de los más diversos sectores sociales. Además del carácter justo de los reclamos, esta solidaridad expresa el desagrado de la ciudadanía con un gobierno que le ha mentido de la manera más burda. La lista de mentiras es larga, pero la que mejor describe la traición es el ofrecimiento electoral de renegociar los contratos petroleros y mineros, que terminó con la genuflexión de estirar la mano para esperar una propina, según la voluntad de las empresas, que por supuesto no tienen ninguna.

Confrontado por un periodista con las contradicciones entre las promesas de la campaña y las medidas tomadas por el presidente ya en el ejercicio del poder, el congresista aprista José Vargas respondió: “Una cosa es lo que se dice en la campaña y otra la que se hace cuando se llega al poder”. Estamos frente a una buena muestra de las “interpretaciones auténticas” que podemos esperar de este personaje que se desempeña como presidente de la Comisión de Constitución. Nada menos.

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Informacion sobre los autores (de la pagina de Servindi):

* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.

* Frederica Barclay es antropóloga y Doctora en Historia por la Universitat de Barcelona. Investigadora del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía en las líneas de trabajo: Amazonía. Historia regional. Elites locales. Colonización. Es autora y co-editora de numerosas publicaciones como Guía etnográfica de la alta amazonía, Pueblos en situación de extrema vulnerabilidad. El caso de los Nanti de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua, Camisea, La frontera domesticada. Historia económica y social de Loreto, 1851-2000, Órdenes y desórdenes en la selva central. Historia y economía de un espacio regional amazónico, entre otros.