22 ago. 2010

Más fácil es no pensar: El caso Lori Berenson


Foto: www.terra.com.pe

Dos circunstancias, a primera vista contradictorias, han caracterizado el retorno de Lori Berenson a prisión esta semana. Por un lado, el Poder Judicial ha sustentado este nuevo encarcelamiento usando una minucia técnica: que la jueza que otorgó libertad condicional a Berenson no verificó adecuadamente el domicilio donde esta iba a residir, por lo cual queda nula la orden de libertad. Por otro lado, el regreso de Berenson a la cárcel es producto de una campaña propagandística casi constante en su contra, por parte de los medios de comunicación, los congresistas, el gobierno, y otros poderes.

Una campaña que, lamentablemente, ha logrado convencer a buena parte de la población que Berenson es algo así como una gran dirigente terrorista, asesina de muchos y enemiga del Perú. Las acusaciones con frecuencia carecen de mucha especificidad, como suele suceder con las mentiras, pero no por eso dejan de rayar en lo absurdo, pintando a la acusada casi como un Abimael Guzmán en pequeño – o para los políticos y periodistas más histéricos, no tan pequeño.

En medio de toda esta payasada, lo que se va perdiendo es no solo la dignidad nacional sino también nuestra habilidad de mantener alguna noción de la diferencia entre lo cierto y lo falso. Que fácil es hablar y hablar cuando todo se vuelve una bruma, cuando no nos interesa distinguir entre alguien que simpatizó y colaboró en algún momento, y un dirigente o un asesino, ni distinguir entre dos grupos subversivos que en realidad fueron muy distintos. Claro, terrorista es terrorista, todo es igual, todo es cierto, todo es falso.

No conozco a Lori Berenson ni soy simpatizante del MRTA. Tampoco considero que la Sra. Berenson es una santa ni que su pasado esté completamente libre de toda acción ilegal. Cual debió haber sido la longitud exacta de su condena original, ese es un tema aparte. Pero sea como sea, ya ha pasado más de 14 años y medio en prisión. Bajo cualquier criterio imaginable, esto ya es un castigo excesivo para lo que ella cometió (al respecto, ver abajo). Nuestras autoridades y supuestos líderes de opinión, y muchos de nosotros, parecemos haber olvidado que el castigo debe ser proporcional al crimen.

Me remito a dos hechos:

1. Lori Berenson no fue dirigente del MRTA ni mató a nadie. Si parece haber tenido simpatías por el MRTA, como por los movimientos izquierdistas de centroamérica, y a través de amistades conocidas en dicha región, llegó al Perú. A través de las mismas amistades, asistió al MRTA alquilando una casa que fue utilizada por dicha organización. Ella reconoce esto. También se le acusa de haber participado en una misión de reconocimiento en preparación para una posible toma del Congreso por parte del MRTA. Ella niega haber sabido de dicho plan; aún si fuese cierta la acusación, no cambia el hecho que Berenson fue brevemente una colaboradora del MRTA, no una dirigente ni alguien que llegara a participar en acciones armadas. Tampoco se puede decir que fuese alguien que diera órdenes a otros, violentas o no. Fue una simpatizante de izquierda con poco conocimiento del Perú, que evidentemente tenía una visión política que permitía la lucha armada como una entre varias estrategias posibles para acabar con las injusticias. Una opinión que era compartida por mucha gente en esa época. Uno puedo criticar y hasta condenar esa visión, pero ¿20 años en prisión? ¿Que no salga nunca, como ha dicho una congresista?

2. El MRTA no es Sendero Luminoso. Aquí es donde la gente salta. “Los terrucos son todos iguales.” Comprendo que para el familiar de, por ejemplo, un policía caído en esa época, poco le importará si fue víctima de uno o de otro grupo. Tampoco le importará si el que le disparó era alto o bajo, flaco o gordo. Pero no por eso los hechos dejan de ser los hechos.

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el más pequeño de los dos grupos armados enfrentados con el estado peruano en los 80s y 90s, era distinto a Sendero en origen, ideología y tácticas. El MRTA tiene sus orígenes en la guerrilla del 65 (que a su vez surgió del Apra Rebelde, separado del aprismo en 1959), en grupos velasquistas de finales de los 70s, y en otras corrientes de la nueva izquierda de esa época. A diferencia de SL, que se adhería al maoísmo, el discurso e ideología del MRTA lo ubicaban firmemente dentro de la tradición de las guerrillas izquierdistas latinoamericanas – el Che Guevara y la Revolución Cubana, los Sandinistas en Nicaragua, el FMLN en El Salvador, los Tupamaros en Uruguay, etc., etc., etc. Pertenecía a una época en la cual amplios sectores de la izquierda latinoamericana creían que para acabar con la desigualdad y crear una sociedad socialista había que hacer una revolución, y que esta usualmente iba a incluir algún tipo de lucha armada. Uno puede estar de acuerdo o no con estos postulados (yo personalmente no creo en la estrategia de la guerrilla), pero hay que saber reconocerlos por lo que son.

El MRTA se diferencia de Sendero también porque no compartía el culto a la personalidad ni, en general, la prédica intolerante y totalitaria de este último, y porque usualmente no aplicaba la violencia masiva contra campesinos y poblaciones civiles como hacía Sendero (por ejemplo en Lucanamarca o Tarata) o, innegablemente, el estado peruano en su práctica contrasubversiva (por ejemplo en Putis o Soccos). Sendero siempre consideró al MRTA como un enemigo, y, con el correr de los años, el MRTA pasó de una posición crítica pero algo indecisa frente a SL, a considerarlo como un enemigo irreconciliable también. Militantes de los dos grupos se enfrentaron con las armas en varias ocasiones, causando bajas en ambos.

En sus primeros años (su lucha armada empieza en 1984, 4 años después de la de SL), el MRTA se dedicó a acciones propagandísticas para tratar de obtener la adhesión de los sectores populares y de la izquierda legal, a quienes ellos veían como aliados naturales. Luego pasaron a desarrollar frentes en el oriente peruano y tomar pueblos y comisarías. Le ofrecieron una tregua de un año al primer gobierno de Álan García. En 1987 inician su práctica de secuestrar a grandes empresarios como una manera de recaudar fondos y atacar a la burguesía. Con los años se caracterizan por enfrentamientos con la policía y el ejército más que con poblaciones civiles – enfrentamientos en los cuales mueren efectivos y emerretistas – y por algunos asesinatos selectivos, como el del general López Albújar en 1990. Finalmente en 1996, como todos sabemos, un comando emerretista tomó la residencia del embajador del Japón, con cientos de rehenes – parte de un esquema para obligar al gobierno de Fujimori a negociar una salida al conflicto. La mayor parte de los rehenes fueron liberados en los días siguientes, quedando 72 rehenes. Unos meses después, una operación militar acabó con la ocupación, perdiendo la vida en el asalto 2 efectivos y 1 rehén, seguido por la ejecución sumaria de todo el comando emerretista.

No idealizo al MRTA ni lo justifico. Su decisión de emprender la lucha armada a principios de los 80s me parece equivocada, dado que había una opción democrática y que además era de prever que el pueblo iba a terminar confundiéndolos con el sanguinario Sendero Luminoso. Y como dije anteriormente no creo en la guerra de guerrillas. Lo que es más, muchos actos individuales del MRTA me parecen absolutamente repugnantes, como el asesinato del líder Asháninka Alejandro Calderón (una infantil venganza por su colaboración con el ejército cuando adolescente 20 años antes) o la ejecución sumaria de ocho homosexuales y travestis en Tarapoto el 31 de mayo de 1989 (mezcla de homofobia peruana con la violencia y dureza de una guerrilla). Si bien el accionar del MRTA en promedio no llegó a los niveles de brutalidad y crueldad a los que si llegaron Sendero Luminoso y el Estado peruano (lo siento, señores, no han podido esconder las pruebas), hubieron muchos de estos actos totalmente condenables.

La realidad es que de acuerdo al Informe Final de la Comisión de la Verdad, el MRTA fue responsable por el 1.5% de las muertes durante la violencia política de los 80s y 90s (ver parte final, Conclusiones - sección II B). Esto se compara con el 54% de fatalidades atribuibles directamente a Sendero Luminoso y el restante que fueron víctimas de las fuerzas del estado en su lucha contrasubversiva. Aquellos que piensan que no hay diferencia entre 1.5% y 54%, bueno, díganselo a las víctimas que dicha diferencia numérica representa. En general, el Informe Final de la CVR ofrece una historia bastante detallada del MRTA. Estamos hablando de uno de los períodos más estudiados de nuestra historia, no de algo desconocido sobre lo cual podemos inventar cualquier cosa.

(Este es el momento en que muchos dicen, “Claro, la CVR. La Comisión de la Media Verdad. La Comisión de la Mentira. Los que están del lado de los terroristas.” Es obvio que los que dicen estas cosas no han leído el Informe Final. La CVR condujo un trabajo de investigación muy serio como lo hicieron similares Comisiones de la Verdad en otros países con pasados de conflicto armado o dictadura: Guatemala, Argentina, Sudáfrica, etc. Este trabajo es respetado a nivel internacional. Por supuesto que nadie es poseedor único de la verdad y ningún texto es realmente “final” ni libre de errores. Pero no es tan difícil distinguir una investigación seria y objetiva de una que no lo es. El Informe Final no es pro-terrorista por ningún lado que se le vea. Pero hay una solución muy fácil a toda la controversia en torno a la CVR. Que los que la atacan creen otra comisión, que investigue con la misma profundidad y los mismos estándares de rigor histórico que la primera, y que logre sustentar con evidencia real lo que ellos alegan es la verdadera historia, para así corregir las “distorsiones” de la CVR. Dinero no les falta para dicho proyecto; después de todo, los que denuncian a la CVR y sus conclusiones son los que controlan el gobierno actual o son cercanos a él; la CONFIEP sin duda estará feliz de apoyar también. Hasta que no estén dispuestos a hacer eso, mejor quédense callados, o por lo menos lean aunque sea una partecita del Informe Final antes de decirles “mentirosos”).

¿Cómo es que podemos sostener por un lado que el MRTA tenía una estrategia equivocada y que cometió actos de intolerancia y violencia – como muchos movimientos en distintos países - y, por otro lado, afirmar que era una organización fundamentalmente distinta de Sendero Luminoso y que no llegó a los niveles de violencia de este último? Pues así es la vida de complicada, lo siento, no la inventé yo. Acéptenlo. Podemos escondernos en lo fácil y en el cliché, o podemos reconocer que la vida es compleja y llena de matices. El cliché y el facilismo pueden ser muy bonitos cuando se trata de acusar a otros o de participar en una caza de brujas, pero no son tan agradables el día que a nosotros mismos o a alguien cercano nos toca ser sus víctimas.

Si me he detenido un poco en la historia del MRTA es porque esta es la organización con la que Lori Berenson tuvo algún contacto en 1995, creyendo apoyar a un movimiento socialista. Sin duda hizo mal, y talvez haya merecido algún tiempo en prisión, en su momento. Ese es un tema aparte que se puede debatir. Pero nunca mató a nadie ni utilizó la violencia ni dio órdenes para tal efecto. Nunca fue dirigenta del MRTA. Y su historia no tiene absolutamente nada que ver con la de Sendero Luminoso – asi que Sr. Mekler y demás congresistas, piensen un poco antes de decir semejante necedad como que Berenson “quiso matarnos” en Miraflores (palabras de Mekler), refiriéndose al atentado senderista de Tarata. Lori Berenson ya ha pasado casi 15 años en prisión; ¿hasta cuando la quieren tener? Y, una vez que ella ya no sirva, ¿a quién van a agarrar como chivo expiatorio, como objeto de nuestro odio colectivo?

Sr. Mekler y demás, quizás ustedes tienen razón. Mejor hundámonos nomás en la bruma, digamos cualquier cosa, inventemos cualquier cosa, participemos alegremente en cuanta caza de brujas se nos presente, repitamos todos los clichés. Dejemos que los medios de prensa embrutecedores nos laven el cerebro. Al paso que vamos, pronto ya no sabremos ni tocar la punta de nuestras narices con el dedo índice. Y saber hacerlo será considerado apología del terrorismo. Pero no importa cuántas habilidades perdamos; todos los problemas del país se habrán solucionado, pues Lori Berenson estará en la cárcel.

15 ago. 2010

A propósito de la OIT 169 y la Consulta

Hace unos días CEPES organizó en Lima un panel de tres antropólogos para discutir el tema de la Ley de Consulta Previa y las modificaciones que le ha hecho el ejecutivo – en particular, al declarar que la definición de “pueblos indígenas” en el Perú incluye solo a las comunidades amazónicas, más no a las comunidades campesinas de la sierra y costa, para que así estas últimas no tengan que ser consultadas ante actividades extractivas que tomen lugar en sus tierras y cercanías.


Como se sabe, este controvertido debate parte del hecho que, desde 1995, el Perú es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual compromete a los estados a respetar los derechos de los pueblos "indígenas y tribales" y a "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente."

Foto: www.ilo.org

Asimismo afirma que "en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras." A pesar de ser signatario, el Perú hasta ahora no había reglamentado ni implementado los lineamientos del OIT 169.

Ricardo Marapi de CEPES ha difundido un breve video que incluye extractos de los comentarios de los panelistas - http://www.youtube.com/watch?v=E5W6pky1TQQ.

Más allá del hecho que sería interesante que este tipo de eventos involucraran más bien un diálogo entre antropólogos y dirigentes o activistas, quisiera comentar algunos de los puntos que plantean así como el tema general de la consulta y el afán por definir lo indígena. No he podido encontrar un video o transcripción completa del evento, así que inevitablemente estoy sacando fuera de contexto los comentarios de estos antropólogos que de hecho han expresado sus puntos de vista en muchos otros textos.

Uno de los ponentes considera que en la identificación de lo indígena lo que prima es el aspecto subjetivo, y que la comunidad campesina es un ente demasiado diverso y cambiante como para poder hacer generalizaciones.

Otro de los panelistas identifica el tema de la categoría “indígena” y de la OIT 169 con el tema de la ciudadanía, y argumenta que la norma “se aplica solamente a aquellos que están excluidos de la ciudadanía. Porque el resto de la población, tiene como ciudadanos, con derecho, ya goza de derechos que les quiere otorgar el convenio 169 de la OIT... Hay que ver quienes son los ciudadanos, y quienes no son los ciudadanos. Y allí me parece muy claro que los no ciudadanos, entre todos los descendientes de la población precolombina del Perú, son aquellos que no gozan de ciudadanía, y esa es la población de la Amazonía.”


Dos significados de “indígena”

No estoy de acuerdo con definir lo “indígena” como la falta de ciudadanía. En una región como América donde “indígena” históricamente se ha referido no solamente a un concepto abstracto sino a un grupo humano concreto – los pobladores que ya habitaban el continente cuando sucedió la invasión europea, desde los navajos hasta los runas andinos – no se puede definir a una cultura, a un pueblo, a través de una ausencia, de una negación. Las culturas quechuas, aymaras y amazónicas, y los mestizajes a los que ellas contribuyeron, forman un repertorio vivo, siempre cambiando y transformándose pero manteniendo su vigencia hasta el día de hoy.

La experiencia de los pueblos nativos de América, así como la de otras culturas colonizadas y sometidas a lo largo y ancho del mundo, han dado origen también al concepto más abstracto de lo “indígena,” variedades del cual son utilizadas por la OIT y la ONU – los indígenas como pueblos excluidos del estado, descendientes de pueblos que ya “existían” antes de la colonización, que han mantenido una identidad aparte.

foto: www.mapasderecursos.org.arg

Estas definiciones pueden muy bien ser útiles, pero no borran el hecho que al final estamos hablando de culturas concretas que, si bien si, efectivamente, han sido con frecuencia marginadas y excluidas, no dejan de pertenecer al mundo contemporáneo y a un país como el Perú. Lo que necesitamos en el Perú es precisamente un proceso de descolonización cultural, de ver a lo quechua, lo aymara, lo amazónico como parte de nuestra modernidad, y a la identidad indígena como algo flexible y cosmopolita. Un alemán que adopta el budismo como religión no deja de ser alemán; en Estados Unidos un afroamericano que estudia para ser médico o abogado o profesor universitario no se convierte en un “mestizo” – se convierte en un profesional afroamericano, talvez en un líder de su comunidad. No necesariamente defiendo ni quiero imponer la noción a veces esencializada de la etnicidad (como algo que uno siempre lleva consigo) que predomina en algunos países; sin embargo, estas comparaciones nos ayudan a relativizar la manera de pensar que predomina en el Perú (otro tipo muy distinto de esencialismo), según la cual lo indígena tiene que siempre ser lo pobre, lo excluido, lo que carece de derechos y ciudadanía, y con frecuencia se cuestiona (en vez de celebrar) la identidad indígena de alguien por tener estudios, profesión, ciudadanía plena, hablar varios idiomas, haber viajado, etc.


Variedades de colonialismo

Ahora bien, se podrá objetar que el concepto más abstracto y general de lo indígena es necesario para defender los derechos de estos pueblos, como trata de hacer la OIT 169, y para poder entender su relación histórica con los estados. Según la visión del actual gobierno, se puede negar el estatus indígena de las comunidades campesinas de la sierra y costa ya sea porque siempre han tenido ciudadanía, o porque, como parece argumentar uno de los panelistas en el video, la consiguieron plenamente a través de la constitución de 1979.

Veamos el caso del Perú en relación al de otros países con pasados coloniales. Las múltiples experiencias históricas de colonialismo se pueden colocar a lo largo de un espectro en base a la relación que predomina entre los descendientes de los pueblos “originales” y los que vinieron después. A un extremo estarían países como Uruguay, donde la población indígena fue casi exterminada, y un poco más hacia el centro un país como Estados Unidos, donde existen poblaciones indígenas importantes pero como una minoría, dentro de una sociedad de colonos o “settler state.” Al otro extremo estarían lugares como la India o buena parte de África, que fueron colonizados por europeos pero estos no pudieron o no quisieron eliminar la élite local, y mayormente se retiraron (con excepciones) una vez declarada la independencia. En estos lugares se sufren todavía secuelas del colonialismo, ciertamente, pero tanto los gobernantes como los gobernados descienden de pueblos que estaban allí antes del colonialismo, y proclaman para sí mismos vínculos de continuidad con identidades y culturas locales o regionales. Lo cual no elimina para nada el conflicto étnico (y, en el caso de la India, por ejemplo, no impide que hayan pueblos que se autodenominan “indígenas” en relación al resto de la población india, debido a su clasificación histórica como tribales y la distancia que han mantenido de los estados y del sistema de castas).

El Perú estaría ubicado en un punto medio entre estos dos lados del espectro. En nuestro país la mayoría de la población siempre ha estado formada por los descendientes de los pueblos invadidos – a diferencia de muchos países incluso de América Latina - pero estos no asumieron el poder político y económico después de la independencia. Esto lleva a la confusión alrededor del uso de términos como “minoría,” que tiene un doble sentido – ya sea minoría numérica o minoría en el sentido de menos poder. En el Perú la minoría numérica, no la mayoría, ha tenido el poder históricamente. En esto se ha asemejado más a un país como Sudáfrica en la era del apartheid, con la (importante) diferencia que en esta última las restricciones y discriminaciones estaban formalizadas en la ley.

Los pueblos indígenas del Perú, así como muchos mestizos, afroperuanos y otros grupos, han sufrido discriminación y opresión al igual que los de Canadá, Estados Unidos o Argentina, pero, a diferencia de estos últimos, no se han convertido en grupos reducidos arrinconados en su propia tierra, sino que históricamente han constituido la mano de obra de los sectores productivos del país. Toda esta complejidad naturalmente produce mucha confusión.


Ciudadanía

Por supuesto, el Perú ha cambiado en las últimas décadas. No ha habido quizás un cambio dramático en las actitudes de los sectores tradicionalmente dominantes, pero si se ha dado un enorme avance en la ciudadanía de las mayorías – no por un decreto o constitución, sino por los propios esfuerzos de los pobladores marginados y oprimidos, que lucharon por sus tierras, migraron a las ciudades o construyeron en efecto nuevas ciudades y economías. Es por eso que hoy en día se puede decir que las comunidades de la sierra y de la costa tienen mayor ciudadanía y forman parte del Perú “nacional.”

Pero la situación no deja de ser complicada e híbrida – no dejamos de ser un país con una mentalidad colonizada que desprecia lo andino y en el cual grandes sectores de la población, como la sierra sur quechuahablante, son aún excluidos de los mecanismos de poder y ciudadanía cultural y social. Vivimos en un país donde grandes sectores de la población han empezado a conquistar su propia ciudadanía, digamos incluso a producir una nueva ciudadanía, pero donde esta ciudadanía es todavía despreciada en la vida cotidiana y en las estructuras de poder.

Esta situación híbrida se da también en la cultura en sí. El quechua se mantiene en la sierra sur y sur-central y, en bastante menor medida, en el centro del país – y a nivel de toda América es la lengua amerindia más importante, en lo que a número de hablantes se refiere, algo que muchos peruanos no sabemos. Pero al mismo tiempo, es obvio que ha habido tremendos cambios – varias regiones del país han cambiado parcialmente o enteramente del quechua (u otras lenguas indígenas) al castellano; hay costumbres y patrones de vida que naturalmente se van dejando a cambio de otras, más aún bajo la presión de la discriminación y el racismo. Como dije anteriormente, la cultura es algo que siempre cambia y tiene que ser vista como flexible e híbrida. Y en el Perú el término “indígena” no es aceptado aún por muchas personas – campesinos, tanto quechuahablantes como no – porque es todavía visto como un insulto, o porque ya dejó de ser una categoría burocrática-estatal cuando las “comunidades de indígenas” fueron re-bautizadas como “comunidades campesinas.” Ha sido, después de todo, un término impuesto desde afuera, como muchos otros.


Contradicciones del poder

Los aliados de los poderosos, en este caso del capital extractivo, siempre oscilan entre dos estrategias aparentemente opuestas: o consideran a los pueblos andinos y amazónicos como inmutables y atrasados (por lo cual necesitan la influencia civilizadora de la industria extractiva), o argumentan que estos ya han cambiado tanto que ya no son indígenas. Recuerdo una ponencia de un conocido académico, consultor para mineras y petroleras, que dijo que la minería era necesaria para que las comunidades andinas (se refería específicamente a la sierra) no sigan “viviendo en el siglo XV.” Es decir, en épocas precolombinas. Y ahora por otro lado el presidente (del cual dicho académico es también asesor) declara que estos pueblos no son indígenas después de todo, y por tanto no tienen derecho a la consulta.

El convenio OIT 169 es un producto histórico y contingente, aún si bien intencionado; sus directivas son además bastante generales y vagas en su contenido. Como toda ley, es una construcción social, que tiene que ser interpretada en cada contexto nacional e histórico. La definición de “indígena” que dan allí puede no aplicarse al pie de la letra a la situación en el Perú. Pero esto no debe de ser utilizado como excusa para obligar a la gente a escoger entre la falta de ciudadanía y la exclusión, por un lado, y la identidad cultural, por el otro.

Estoy de acuerdo con el tercer panelista del evento de CEPES respecto a que este debate ofrece una oportunidad no tanto para tratar de definir quién es indígena y quién no lo es – algo difícil de hacer con exactitud, en un país tan diverso como el Perú – sino para replantear el rol que deben jugar las comunidades campesinas y, por extensión, otras instituciones sociales en la sierra y costa. ¿O es que queremos que no haya otras instituciones aparte del mercado y el capital? Eso es lo que está detrás de los esfuerzos del gobierno por eliminar la posibilidad de que las comunidades de la sierra y costa se constituyan como poderes con los cuales las empresas extractivas tengan que dialogar. El gobierno de Alan García quiere negarles una identidad cultural a las comunidades de la sierra y la costa porque no le conviene dentro de la actual configuración política y económica, dado que a diferencia del capital dichas comunidades no constituyen su base de apoyo y legitimidad.