29 jun. 2009

Solidaridad con Honduras

El golpe de estado ocurrido ayer en Honduras debe ser condenado por todos y sin ambigüedades.

Ayer por la madrugada los militares hondureños secuestraron al presidente de ese país, José Manuel Zelaya, irrumpiendo con ráfagas de metralleta en su vivienda; lo pusieron en un avión y lo enviaron a Costa Rica. Posteriormente el ejército cerró los medios de comunicación críticos al golpe e inauguraron como nuevo mandatario al presidente del Congreso, Micheletti, presentando una supuesta renuncia (falsificada) de Zelaya. Ahora quieren presentar lo que ha sucedido no como un golpe sino como un proceso de sucesión de acuerdo a las leyes, algo que nadie en la comunidad internacional, ni la OEA ni Estados Unidos, cree.

¿De que lo acusan los golpistas y sus aliados al presidente Zelaya? De que estaba intentando hacer un referéndum nacional para consultar a la población si en las elecciones generales de Noviembre se podría incluir un referéndum sobre el nombramiento de una Asamblea Constituyente para diseñar una nueva constitución para el país. O sea no se estaba imponiendo nada, ni siquiera era un referéndum sobre una nueva constitución, era un referéndum sobre un referéndum. De acuerdo a los golpistas, y a medios de prensa que los apoyan en espíritu aunque no necesariamente en la forma como han tomado el poder (en este grupo estaría por ejemplo nuestro Aldo Mariátegui), lo que Zelaya realmente quería era incluir en la nueva constitución la posibilidad de hacerse reelegir después que su mandato concluyera el próxima año. No importa que Zelaya haya dicho que no piensa buscar la reelección, o que en todo caso para eso está un referéndum, para que el pueblo decida. Si no les gustaba la idea de una asamblea constituyente, los golpistas debieron hacer convencido a la gente para votar en contra. A mi personalmente no me gusta la reelección presidencial, ya sea de Alan García o de Manuel Zelaya, pues sería mejor que los líderes políticos busquen cultivar movimientos de largo plazo y no personalismos. Pero esto de la reelección es una pobre (y poco creíble) excusa para lo que realmente ha sucedido: la derecha hondureña no ha estado contenta con el acercamiento de Zelaya a la izquierda, y ha querido interrumpir este proceso violentamente, a la antigua, a la manera en que se hacía en Centroamérica en la época que los empresarios bananeros, los finqueros y los militares norteamericanos hacían lo que querían en esa región.

Un artículo de la página web de Radio Programas esta mañana trataba de hacer creer que la población hondureña era indiferente al golpe, que solo “unos cuantos cientos” habían asistido a manifestar contra el golpe. Aparte de que los métodos de los periodistas siempre son dudosos (pueden decir casi lo que les da la gana), parece que la prensa peruana, si bien en temas estrictamente nacionales es un poco más heterogénea y variada, no se cansa de tratar de lavarle la cabeza a la población cuando se trata de temas latinoamericanos. Los medios y el gobierno quieren que denigrar y despreciar a todo país y gobierno que tenga algún acercamiento con Hugo Chávez se convierta en un deporte nacional. Y lamentablemente si han logrado que un segmento considerable de la población se crea que Chávez es un dictador (no un presidente elegido, que es lo que es) que se está apoderando del continente, que todo gobierno que en aras de la unidad latinoamericana busque acercarse a Venezuela es automáticamente un títere de Chávez. Y a esto se suma el odio a Evo Morales y Bolivia, país que supuestamente nos ha “traicionado” como nos “traicionó” en la guerra del Pacífico, otra de las muchas tonterías que nos enseñan en los textos de historia y en los colegios. Dejémonos ya de patrioterismos absurdos entre países hermanos, desde cualquier otro rincón del mundo debe dar risa vernos pelear entre nosotros. Que Chávez habla demasiado y habla sobre lo que no debe y que debería estar haciendo reformas más profundas y menos personalistas en su país, y no tratar de hacerse reelegir, es otro tema. Pero dejémonos de tonterías, como decir que Chávez es un dictador o que Evo, Correa y Zelaya son sus títeres o que problemas diplomáticos o de fronteras que el Perú tiene con algunos de estos países tienen más importancia que los problemas reales de América Latina, como la desigualdad, la discriminación, la corrupción, el autoritarismo cotidiano y político, etc.

Volviendo al tema de Honduras, debe servir para reflexionar y darnos cuenta que a pesar de lo que nos dice el gobierno peruano y sus intelectuales y los medios de prensa, no es la izquierda o el “chavismo” la mayor amenaza para la democracia en la región. La derecha recalcitrante al parecer sigue dispuesta a recurrir al golpe de estado cuando le faltan otros medios. Ojalá la presión internacional termine por desprestigiar rápidamente a los golpistas hondureños y estos se vean obligados a ceder el poder al gobierno legítimamente elegido.

16 jun. 2009

¿Que pasó en la selva?

En los últimos días he colocado en este blog algunos artículos escritos por distintas personas sobre el conflicto en la selva; ahora quisiera compartir algunos puntos de vista personales.

Pocas veces en la historia del Perú la región amazónica ha irrumpido en la conciencia nacional con tanta fuerza como ha sucedido en estos días con los violentos sucesos de Bagua y con las protestas que se han extendido a buena parte de la selva norte y central.

Aún es difícil determinar todos los pormenores de lo sucedido, debido a las distintas versiones que provienen por un lado del gobierno y por otro de fuentes independientes. Los antecedentes a los sucesos del 4 de junio parecerían estar más claros. El año pasado la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) lideró a un conjunto de comunidades amazónicas en una jornada de protesta que logró la derogación del Decreto 1015.

Este decreto modificaba las reglas para la venta de tierras de comunidades andinas y amazónicas, reduciendo el requisito de obtener la aprobación de 2/3 de los comuneros empadronados al 50% de los asistentes a una asamblea comunal, de esta manera facilitando la venta de tierras a empresas extractivas (mineras en la sierra y madereras y petroleras en la selva). Aún si fuese verdad que esta ley estaba dirigida a promover el desarrollo económico de las comunidades andinas y amazónicas (algo que yo no creo), debió haber sido consultada con las federaciones de comunidades de la selva y sierra.

Las protestas amazónicas del 2008 tuvieron un desenlace pacífico; los comuneros abandonaron las instalaciones petroleras tomadas y liberaron a los policías rehenes, y el Congreso derogó el 1015. Este decreto era tan sólo uno de una multitud de decretos legislativos que el Poder Ejecutivo emitió el 2008 valiéndose de poderes especiales otorgados por el Congreso para la negociación del TLC con Estados Unidos. Varios otros de estos decretos se referían también a la selva y sus recursos, en particular las tierras. Las organizaciones amazónicas y andinas solicitaron la derogación de estos decretos a lo largo de muchos meses, y ante los oídos sordos del gobierno, AIDESEP inició una nueva jornada de protesta en Abril del 2009.

Esta protesta incluyó el bloqueo de carreteras y de vías de extracción de petróleo, pero durante los 50 días que duró no se registraron incidentes de violencia, aún si al nivel de retórica la situación se iba polarizando. El premier Yehude Simon ofreció dialogar sobre los decretos, pero al mismo tiempo el partido de gobierno bloqueó la discusión del tema en el Congreso, mientras que el presidente Alan García seguía aferrado a su tesis del “perro del hortelano,” que demoniza a todos los que cuestionan algún aspecto del modelo económico dominante en el Perú.

Finalmente, el 4 de junio el Estado envió contingentes policiales para expulsar por la fuerza a los comuneros manifestantes. En los siguientes enfrentamientos murieron 10 manifestantes y resultaron docenas de heridos, según las cifras oficiales del gobierno. Esperemos que estas cifras sean correctas y que el número de ciudadanos amazónicos muertos no resulte ser mayor, aunque es imperativo que se haga una investigación a profundidad, dadas las versiones alternativas que siguen saliendo a la superficie sobre un mayor número de víctimas, así como los esfuerzos del gobierno por minimizar o hasta ignorar el sufrimiento de los comuneros amazónicos que perdieron sus vidas o las de familiares.

La muerte de 10 comuneros sin duda hubiera indignado a muchos (no a todos), pero quizás no hubiera causado tanta sorpresa – en un país cuya historia está llena de matanzas de gente que lucha por sus derechos – como el otro componente de los sucesos del 4 de junio: la muerte de 24 policías en manos de algunos manifestantes. Varios de estos policías fueron ejecutados cuando ya se habían rendido. Estas muertes han sido utilizadas por el gobierno para pintar a las protestas amazónicas (y a los que les han manifestado apoyo, como los 7 congresistas suspendidos el día jueves) como salvajes, terroristas, y como parte de una conspiración internacional. Y sin duda la muerte de los policías es perjudicial para la imagen de AIDESEP, organización que había logrado acumular fuerzas y visibilidad a través de mucha organización y esfuerzo.

Al parecer, los dirigentes que ocupaban la Estación Petrolera 6 decidieron dar muerte a los policías al ver la forma en que sus hermanos eran atacados violentamente por las fuerzas del Estado. Sin embargo, nada justifica la ejecución de los policías. Es importante que los sectores de izquierda del país reconozcan que la muerte de estos policías no sólo es una tragedia sino una matanza condenable. Sin necesidad de idealizarlos, los policías aquí como en la mayor parte de los países son gente del pueblo, gente trabajadora que terminan defendiendo los intereses de las transnacionales sólo por que el Estado los manda.

La responsabilidad por la muerte de los policías recae tanto sobre los individuos que ordenaron su ejecución como sobre el gobierno que manejó la situación de una manera torpe y autoritaria, poniendo tanto a los policías como a los comuneros en una situación de alto riesgo. No es justo que se le atribuya toda la culpa automáticamente a Alberto Pizango (para quien el Estado ha pedido entre 35 años de prisión y cadena perpetua) y que se satanize a AIDESEP como grupo terrorista. Pizango no ha promovido una ideología ni una cultura política de violencia o intolerancia; ha liderado protestas que hasta el momento habían sido pacíficas, pero cuyo enfrentamiento con las fuerzas enviadas a reprimirlas terminó en derramamiento de sangre.

El asesinato de los policías es condenable, y debe ser investigado no solo por el gobierno sino también por la misma AIDESEP (si es que el estado permite que siga existiendo), para ver porque las cosas sucedieron de esta manera. Pero al margen de las decisiones de algunos dirigentes y las estrategias de otros, la causa por la que luchó AIDESEP sigue siendo justa, y es importante que se siga diciendo esto en los próximos meses, que no se pierda de vista el tema de la selva y de los derechos de las comunidades. Dentro de movimientos que luchan por causas justas hay gente buena y mala; esto siempre ha sido así.

Defender solamente el orden y la autoridad, como vienen haciendo algunos fascistoides seducidos por el poder como Aldo Mariátegui, puede ser muy atractivo (aunque ciertamente Mariátegui y sus colegas no hablan de la autoridad del estado cuando se trata de las protestas en contra de Evo Morales en Bolivia). Parecería ser una respuesta fácil y automática a la situación actual. Pero esta adulación al orden ignora el hecho de que ya hay desorden en el mundo cuando se dan injusticias como la desigualdad extrema y la apropiación de recursos para el beneficio de algunos.

Lo cual no quiere decir que estas realidades justifiquen la violencia. Cierto orden es importante también para vivir, y para que funcione una democracia. Pero no se puede satanizar la idea de la protesta cuando sus manifestaciones concretas van en contra de la ideología de uno y endiosarla cuando están de acuerdo. Hay protestas que son justas y necesarias y punto. Otro tema es que ejecutar a alguien que ya se ha rendido nunca es justo, ni cuando lo hizo Fujimori con los emerretistas rendidos en la residencia del embajador japonés en 1997, ni cuando se hizo con los policías en Bagua.

Ojalá esta matanza de comuneros amazónicos y de policías no se repita. Lamentablemente, el gobierno de García, en vez de tratar de conciliar y dialogar, ha estado haciendo todo lo posible por polarizar aún más la situación con su actitud arrogante y autoritaria y su hostilidad hacia todo lo que tenga que ver con movimientos indígenas. Hoy se ha dado la noticia que Yehude Simon ha aceptado derogar los decretos 1090 y 1064, y que estará solicitando tal derogación al Congreso el día de mañana. Esperemos que esto represente un verdadero cambio en la actitud del Ejecutivo, aunque ciertamente hay que mantenerse en alerta dada la tendencia del actual gobierno de manipular y utilizar maniobras deshonestas. Pero de todas formas, hay que preguntarse, ¿era necesario que murieran 34 personas para que el gobierno se diera cuenta de que la Amazonía en su mayoría rechaza a las “leyes de la selva”?

11 jun. 2009

José Álvarez Alonso - ¿Cuánto vale la vida de un peruano?

Comparto un artículo de José Álvarez Alonso, biólogo ornitólogo que trabaja en la Amazonía, y cuya esposa es especialista en enseñanza bilingue. El original está en http://www.viajerosperu.com/articulo.asp?cod_cat=7&cod_art=1406.


¿Cuánto vale la vida de un peruano?
Por: José Álvarez Alonso, especial para VOL.
Foto: www.catapa.be, 10 de junio de 2009

Días de luto para el país exigen calma, diálogo pacífico y reflexión. Con insultos y descalificaciones no se solucionará el conflicto indígena en el Perú. Nos duele, nos debe doler en el alma a todos, cada vida perdida de un peruano, vida valiosa e irreemplazable. Se han enfrentado innecesariamente peruanos con peruanos, jóvenes con uniforme y jóvenes con pinturas tradicionales. He visto las caras de las madres y esposas de los policías, y las de los familiares indígenas que lloraban también a sus muertos, y ambas me duelen.

No importa si son indígenas o policías, han muerto peruanos que tienen padres, madres, esposas, hijos. Han muerto gratuitamente, porque sus muertes no solucionan nada, echan más leña a una hoguera ya demasiado caliente. La violencia engendra más violencia, siempre. Miles de indígenas se están sumando a la rebelión indígena en varios puntos de la Amazonía, y algunos hablan ya de riesgo de guerra civil. Se impone la calma, la conciliación y la serenidad, en ambos lados.

El duelo nacional debe ser por todos, aunque algunos parece que sólo se duelen de “sus” muertos: siguen considerando a los indígenas como ciudadanos de segunda clase, “esos llamados nativos”, como los calificaron despectivamente algunos. Mientras se muestra en televisión las escenas de dolor de los valerosos policías muertos en cumplimiento de su deber, se ignora o minimiza la cifra de muertos indígenas, que algunos calculan en más de un centenar, quizás dos; ya se han encontrado más de una docena de cadáveres hinchados de indígenas arrojados al río Marañón, y se habla de cadáveres incinerados y enterrados en fosas comunes. Esos ciudadanos tienen derechos que han sido violados, y tienen familias que hoy lloran a sus muertos tanto como las dolidas madres de los jóvenes policías. El dolor no tiene color político ni racial.

Mientras la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y otros sectores siguen haciendo llamados al cese inmediato de la violencia, a la serenidad y al diálogo, se sabe que se sigue cazando casa por casa a los indígenas y otros civiles en Bagua, como si fuesen animales, y se está planeando el debelamiento por la fuerza de los bloqueos en la carretera a Yurimaguas, en Andoas, en Trompeteros y otros lugares. ¿Qué se busca, otra masacre?

No se puede criminalizar a todo un pueblo, a un sector de la población, acusándoles de criminales, salvajes e ignorantes, por defender lo que consideran con justo derecho suyo. Los insultos racistas van a alimentar más la violencia. Si ha habido violencia y han muerto policías y ciudadanos, que se castigue a los culpables, pero no se insulte o condene a todo un pueblo.

¿Quién es responsable de este desastre?

Lo que ocurrió en Bagua es la historia de una masacre anunciada. Sabíamos que bastaba una chispa para desencadenar el desastre. ¿Tan poco conocen nuestros gobernantes a la Amazonía y a sus pueblos? ¿No pudieron asesorarse con expertos en antropología amazónica? Los Awajún son un pueblo que nunca se dejó conquistar por el imperio inka; es el único pueblo indígena que se rebeló con éxito contra el imperio español. Mandar a un pelotón de policías armados con bombas lacrimógenas y armas de fuego a atacar una masa de indígenas fue mandarlos a una masacre anunciada. Es una torpeza que le está costando muy cara a decenas de familias y al país, y que tiene responsables políticos, los mismos pésimos manejadores del conflicto indígena.

No estoy de acuerdo con algunas de las formas de protesta que se salen del marco de la ley, y mucho menos con cualquier acto de violencia, pero junto con los obispos de la selva, comprendo la desesperación de los indígenas, marginados y expoliados de sus recursos por décadas. Y la desesperación de pueblos que sienten amenazado su futuro y sufren día a día el hambre de sus hijos no se puede enfrentar con bombas y armas.

¿Pudo evitarse la masacre de policías e indígenas?
Por supuesto. Situaciones más difíciles en el mundo se han solucionado de forma pacífica, negociando. Pero cuando uno se sienta a la mesa sin la mínima intención de ceder, porque hay grandes intereses económicos en juego, no se puede encontrar soluciones…

Matando al mensajero

Se habla de la obstinación de Alberto Pizango, y ahora se lo ha convertido en chivo expiatorio de la masacre. ¿Es culpable Pizango de “intransigencia”, de los hechos de violencia como le acusa el Gobierno? Eso es desconocer totalmente la cultura e idiosincrasia indígena.
Como bien explicó en una entrevista a RPP el P. Jaime Regan, uno de los antropólogos más reconocido en temas amazónicos, Pizango no tiene facultades delegadas por los pueblos indígenas para cambiar términos de negociación, él es simplemente un portavoz de sus demandas. Los indígenas amazónicos nunca tuvieron gobernantes, practicaron una democracia sui géneris que apenas delegaba facultades parciales a sus curacas en tiempo de guerra. Una democracia bien diferente a la que practican nuestros congresistas, que una vez elegidos hacen lo que les da la gana en el Congreso. Cuando Pizango firmó un acta en la mesa de diálogo con el Premier, aceptando revisar decreto por decreto, inmediatamente salieron los apus de muchas comunidades a desconocer ese acuerdo, “porque eso debía ser consultado con las bases”. Por eso tuvo que retirar su firma. ¿Es culpable por eso?

Por qué le echan la culpa a Pizango, si él sólo transmite lo que le exige su gente”, me comentó Doña Marina, con la sabiduría de una madre de familia de Iquitos. Esto que entiende Doña Marina no lo entiende o no lo quiere entender el Gobierno. En la antigüedad existía la salvaje costumbre de matar al mensajero que traía malas noticias de una batalla. ¿Qué culpa tenía el mensajero? ¿Creen que si Pizango hubiese firmado alegremente un acta de acuerdo se habría solucionado el conflicto?


¿Y de la obstinación del Gobierno, quién habla?
Hasta los obispos de la selva peruana exigieron al Gobierno que derogara esos ignominiosos decretos. ¿Vale más un decreto promulgado de forma inconsulta que la vida de decenas, quizás de cientos de peruanos? Ni la vida de uno… La sangre de peruanos inocentes salpica también a las empresas y consorcios que han presionado al Gobierno a sacar esos decretos para favorecer sus intereses. Espero que se pudra en los bolsillos de los responsables cada dólar corrupto que esté detrás de esa obstinación en defender unos decretos legislativos no pergeñados a exigencia de EE.UU. para la aplicación del TLC (ya fue desmentido por el embajador de este país), sino para facilitar el acceso a las tierras y recursos de la Amazonía de los grandes capitales.

La conjura internacional

¿Están manipulados los indígenas por intereses extranjeros? La teoría de la conjura extranjera siempre ha sido usada por los gobiernos autoritarios para tratar de justificar sus problemas internos y para unir a los ciudadanos frente a un potencial enemigo común. Los indígenas no son niños, son ciudadanos inteligentes, que saben lo que les conviene, y hoy tienen entre sus filas a profesionales muy bien capacitados. Se oponen al gobierno porque rechazan un modelo de desarrollo que, definitivamente, no les beneficia gran cosa, más bien pone en riesgo su modo de vida y su único patrimonio, sus bosques y sus ríos.


¿No los creen capaces de pensar por sí mismos? Calificarlos de manipulados por foráneos es racismo. ¿Por qué no califican así a los empresarios que protestan por un nuevo impuesto o una nueva política económica? Lo que no se puede negar es el oportunismo de algunos partidos políticos para sacar ventaja apoyando la causa indígena. Pero este “aprovechamiento político” de una causa justa, común en nuestra arena política, no invalida ni descalifica en absoluto a la causa indígena.

Se usa el argumento de que necesitamos los recursos del subsuelo, y especialmente el petróleo, para desarrollar al país. Creo que pocos pongan en duda eso, incluyendo quien escribe estas líneas. Necesitamos explotar éste y otros recursos naturales, pero no a cualquier precio, violando las normas constitucionales (como el derecho a la consulta previa establecida en el Convenio 169), o envenenando a la gente que está encima, como se ha hecho, con bendición del Estado, por 30 años en el río Corrientes.

El derecho a la consulta de los indígenas no es sinónimo al derecho a la participación que tenemos todos los peruanos. Los indígenas tienen un privilegio, como pueblos originarios, y la obligación de consultarlos y lograr su aceptación sobre proyectos o leyes que les afecten es vinculante para el Gobierno, lo que quiere decir que los decretos legislativos cuestionados son inválidos de origen, como bien determinó ya la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso.

¿Demasiada plata, demasiada tierra?

Muchos han hablado de los cuatro y pico millones de dólares que ha recibido AIDESEP en cuatro años, como si hubiesen llegado a las manos de Pizango para que haga lo que quiera con ellos. “A ver qué escuelas ha construido con esa plata”, dicen algunos corifeos del poder. Este dinero está repartido en decenas de proyectos ejecutados por sus organizaciones regionales descentralizadas en los confines más alejados de la Amazonía, y me consta que son supervisados estrechamente por las entidades financieras. Incluyen proyectos de educación intercultural bilingüe para profesores y niños indígenas (como el prestigioso programa FORMABIAP, con sede central en Iquitos), proyectos de salud, proyectos para titulación de tierras y ampliación de territorios, proyectos de fortalecimiento de capacidades para la gestión de sus recursos, y otros muchos. Si bien tiene derecho el Estado a supervisarlos, es repugnante que se difame alegremente a los indígenas de malos manejos de este dinero, sin fundamento.

Se habla de los 12 millones de hectáreas tituladas a los 400,000 indígenas reconocidos como tales por el Estado peruano. Tocan a unas 30 ha por cada uno. “Es demasiado”, dicen algunos, queriéndolos comparar quizás con las tres o cuatro hectáreas que tienen algunos campesinos en la sierra o en la costa. Es como si quisiéramos comparar el apartamento de 100 m² un neoyorquino en la 7ª Avenida con el lote de 250 m² de un habitante de un barrio peruano como Las Malvinas o Huaycán, y dijésemos: ¿de qué te quejas, cholito?
Es ridículo. Primero, que los indígenas son los pueblos originarios de la Amazonía y son los legítimos propietarios de esas tierras, que es cierto, ahora también son, en cierto modo, de todos los peruanos, pero prioritariamente de ellos. Y segundo, los indígenas no son campesinos que viven de cuatro cosechas, son “bosquesinos”, que viven de los recursos silvestres, de la caza, de la pesca, de la recolección: necesitan para su subsistencia grandes extensiones de bosques, con lagos, ríos y quebradas sanos, para garantizar su subsistencia y la sostenibilidad del ecosistema, de acuerdo a su modo de vida tradicional. Están en su derecho, conforme a la ley peruana y al derecho internacional. Pero acerca de esto abundaremos más en otro artículo.

9 jun. 2009

Informe de Francisco Eguiguren sobre los decretos legislativos

Recomiendo leer este análisis jurídico de los decretos legislativos que fueron emitidos por el Ejecutivo el año pasado y que hoy están en el ojo de la tormenta que se ha desatado en la amazonía. El informe fue elaborado por el abogado Francisco José Eguiguren Praeli, el 5 de Agosto del 2008, a solicitud de Oxfam-Peru. Contiene observaciones generales sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la delegación de poderes que hizo el Legislativo al Poder Ejecutivo el año pasado; además, discute de forma individual algunos de los decretos más importantes, los cuales AIDESEP y sus aliados buscaban derogar.

Para acceder al archivo ir a http://es.oxfamamerica.org/ y hacer click en “¿Los Decretos Legislativos dados por el Ejecutivo son Constitucionales?,” en la categoría “Últimas Publicaciones,” lo cual le llevare directo al PDF del informe de Eguiguren.

8 jun. 2009

Frederica Barclay y Alberto Chirif sobre la crisis en la Amazonia

Recomiendo leer este artículo escrito por Alberto Chirif y Frederica Barclay, conocidos antropólogos y expertos sobre la amazonía peruana:


Ataques y mentiras contra los derechos indígenas

Por: Alberto Chirif y Frederica Barclay, especial para VOL.

Fuente: http://www.viajerosperu.com/articulo.asp?cod_cat=4&cod_art=1388

En un artículo periodístico, titulado “El radicalismo indígena”, aparecido en el diario El Comercio (15/5/09), el periodista Jaime de Althaus insiste en restarle importancia al derecho de consulta previa, libre, informada y de buena fe, consagrado en la legislación peruana desde hace 15 años, fecha en la que entró en vigor en el Perú el Convenio 169 de la OIT. Como los indígenas han tenido que batallar en la arena internacional para lograr el reconocimiento de éste y otros derechos, Althaus alega que se trata de un complot internacional destinado a cercenar el territorio nacional.

El derecho de consulta

Según sus palabras: “El pecado original –y quizá el único- de los decretos rechazados por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep es que, efectivamente, no fueron consultados. Ese es un pecado general de la institucionalidad peruana, un rezago de la cultura autoritaria: ni las leyes ni los decretos suelen ser consultados ni con los especialistas, se imponen respondiendo con frecuencia a intereses específicos”.

Para Althaus el incumplimiento de este compromiso y derecho no sería sino una mala “costumbre” de la “institucionalidad peruana”, un pecadillo menor, que disculpa señalando que así es siempre, en todos los casos. Este ninguneo a la consulta nos lleva a pensar que él no ha entendido que se trata de un derecho que emana de su condición de pueblos originarios y no de una graciosa concesión del Estado. Que el Estado no consulte decretos con especialistas está muy mal, ya que hacerlo abonaría en favor de una concepción más amplia de la democracia y de posibles planteamientos mejor sustentados. Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas pasar por alto la consulta es violar un derecho reconocido por la ley que, como señala la Defensoría del Pueblo, “posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas”. Estamos así ante realidades diferentes.

La consulta es un derecho perfectamente definido en el Convenio 169 (Ley Nº 26253). Éste señala que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”; y que estas consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 1 y 2).

Queda claro entonces que las consultas tienen que ser previas, mediante procedimientos apropiados, de buena fe, deben realizarse a través de sus instituciones representativas y, muy importante, tiene por finalidad llegar a un acuerdo. Por su naturaleza lo que establece el Convenio 169 al respecto es vinculante, es decir, obligatorio, no facultativo, como se ha pretendido señalar. El convenio, entonces, es concluyente en el hecho de la obligatoriedad de realizar la consulta, cuya violación invalida automáticamente cualquier decisión o norma que tome el Estado de manera unilateral.

En un reciente documento (Informe Nº 011-2009, mayo 2009), la Defensoría del Pueblo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida”. Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella”. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente, le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan”.

¿El gobierno ha actuado de esta manera y se ha enfrentado a las opciones planteada por Defensoría de aprobación de la materia de la consulta, de consentimiento parcial o de desaprobación total? No, nunca. Jamás ha hecho una consulta. Frente a una decisión arbitraria del Estado luego de una consulta, los pueblos indígenas podrían cuestionada judicialmente por carecer de fundamentación. Pero el problema es que en el Perú el gobierno (éste y los anteriores) ni siquiera hace consultas de mala fe.

La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que “la consulta es el instrumento previsto por el Convenio para institucionalizar el diálogo, asegurar procesos de desarrollo incluyentes y prevenir y resolver conflictos” (citado en Informe Nº 011-2009 de la Defensoría del Pueblo, antes mencionado). La Defensoría señala que la consulta “es un ‘derecho instrumental’ que posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo: a la identidad cultural, a la propiedad, a la integridad, al desarrollo, etcétera. Su ámbito de ejercicio es el sector público”. Es decir, el derecho a la consulta es un derecho central de la legislación peruana referida a pueblos indígenas y está también ampliamente reafirmado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Para los casos de explotaciones mineras, el Convenio señala que la consulta debe llegar a “determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. Y remata diciendo que: “Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” (Art. 15).

¿Algo de esto ha hecho alguna vez este gobierno o los anteriores? No, nunca. ¿Por qué? Porque al parecer el Estado no sabe lo que firma o porque, tratándose de indígenas, ¡qué diablos!, por qué hacer tanto alboroto. A fin de cuentas, como ha señalado el presidente Alan García, “las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos”, lo que significa borrar de un plumazo los derechos legales de propiedad de las comunidades nativas y campesinas, hacer una declaratoria por la vía rápida de libre disponibilidad de las tierras de la región y convocar al caos para que se encargue de cancelar los derechos indígenas.

El gobierno actual trata de confundir a la ciudadanía haciendo pasar la participación como consulta, como si se tratara de lo mismo. Pero, como la propia Defensoría del Pueblo ha señalado: “El derecho a la consulta corresponde solamente a los pueblos indígenas”, mientras que “El derecho a la participación ciudadana le corresponde a todas las personas. Es un derecho que salvaguarda y propicia la libre intervención en el ámbito político, económico, social y cultural. No tiene por finalidad lograr un acuerdo o consentimiento. Su ámbito de ejercicio es el sector público y privado” (Ver Informe de Defensoría antes citado).

El gobierno ha introducido esta confusión interesada en el DS Nº 012-2008-EM, “Reglamento sobre participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos”, y en la práctica, con resultados desastrosos. Un caso concreto sucedió en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, en marzo de 2008, cuando funcionarios de PERUPETRO y del MEM convocaron a un “evento presencial” (así los llama ese reglamento) para informar a la población nativa sobre la suscripción de un contrato de exploración con la empresa petrolera HOCOL en diciembre de 2006, es decir, un año y tres meses antes. Los pobladores, lógicamente, reaccionaron de manera violenta y largaron a toda la delegación, también integrada por el inefable representante de CONAP.

¿Qué derechos vulneran los decretos cuestionados por las organizaciones?

El análisis de la inconstitucionalidad e impactos negativos de los decretos ha sido ya efectuado por diversas instituciones, incluidas la Defensoría del Pueblo y el CAAAP, y especialistas, como Francisco Eguiguren: (ver “Informe jurídico Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el congreso al poder ejecutivo mediante la ley N° 29157”) Patricia Urteaga y Pedro García, que se han referido a esto en varios documentos, unos publicados y otros de circulación más restringida.

No obstante, sí podemos señalar al DL 1064 como uno de los más nocivos para las comunidades indígenas, porque atropella el derecho de imprescriptibilidad de sus tierras y permite que invasores con cuatro años de establecidos se apropien de tierras comunales. ¿Será por esto que el presidente Alan García ha dicho que las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos, contradiciendo por cierto lo que había dicho en su primer gobierno, cuando afirmó públicamente los derechos preferenciales de los indígenas porque estaban “antes que los Pérez y los García”? También expropia terrenos comunales usados para servicios públicos o declara como propiedad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas, aunque estén poseídas y pretendidas por los pueblos indígenas y las pone en condición de adjudicables a inversores.

Esta misma norma coloca nuevamente el tema del abandono sin definirlo, lo que significa un grave riesgo para las comunidades que utilizan sus territorios de manera extensiva y con un sistema de rotación perfectamente adaptado a los suelos amazónicos, suprime el acuerdo del minero con el dueño del suelo, permite que mediante un expediente técnico se cambie el uso de la tierra y deroga todo el régimen comunitario desconociendo la necesidad de una legislación especial, tal como señala el Convenio 169 y el propio Código Civil. Por último, todos los decretos tienen defectos formales que los hacen inconstitucionales por el hecho de no haber sido consultados y de legislar, algunos de ellos, sobre temas no permitidos por delegación de funciones legislativas al Ejecutivo.

Un ataque integral

Pero la arrogancia y prepotencia del gobierno va más allá de los actuales decretos. El perro del hortelano fue algo así como el “marco teórico” y la clarinada para el ataque que vendría de inmediato. El presidente García pretende que los proyectos y las medidas dictadas se orientan a la lucha contra la pobreza y devastación de los bosques amazónicos. Para darse un aire técnico y convocar el apoyo a sus medidas los voceros del gobierno han señalado una y otra vez que hay 11 millones de hectáreas deforestadas, que efectivamente existen, pero ninguno ha mencionado dos cosas: la primera, que la devastación de los bosques no es consecuencia de la actividad de los pueblos indígenas, que han vivido en la región durante siglos sin poner en riesgo ni el bosque, ni otros recursos naturales, como los suelos y la fauna; y la segunda, que la deforestación es producto de la colonización impulsada desde fines del siglo XIX por el Estado y potenciada durante los dos gobiernos del presidente Fernando Belaunde, a través de la Carretera Marginal y de proyectos especiales, financiados con deuda externa contraída por el Perú con organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y US/AID.

¿Saben ustedes cuál fue la razón que dieron ése y otros gobiernos para emprender estos programas de colonización?: Superar la pobreza. Ahora el presidente García se ilumina y sin cuestionar el rol del Estado y la responsabilidad que a él mismo le toca, en la medida que ya estuvo a la cabeza de éste en 1985-90, emprende una nueva búsqueda para “superar la pobreza”. Lo que está en cuestión es si a los anteriores gobiernos les interesaba la pobreza de los peruanos o más bien buscaban engañarlos con promesas ilusorias de tierras ubicadas en el Dorado amazónico. Y al actual gobierno, ¿le interesa la pobreza o satisfacer las demandas de empresarios ávidos de terrenos para plantaciones de biocombustibles?

El gobierno, si es que el tema le interesa de verdad, no debe buscar la pobreza en lugares tan alejados como la Amazonía, sino en Lima y en las demás grandes ciudades del país, donde un gran porcentaje de la población no tiene trabajo y sobrevive con ingresos ínfimos. La pobreza que sí afecta a indígenas amazónicos está precisamente en las zonas que han sido devastadas por la colonización y por las industrias extractivas, que han contaminado el medio ambiente, afectado su salud y destruido sus redes sociales de solidaridad. Pero las políticas del gobierno no se dirigen hacia la solución de estos problemas, sino hacia su expansión.

El ataque a los pueblos indígenas desatado por este gobierno no se limita a socavar su derecho al territorio sino que procura acabar con ellos a través de la medidas destinadas a debilitar sus lenguas y culturas. Es con esta finalidad que hay que entender las sucesivas medidas tomadas por el Ministerio de Educación, como la exigencia de la nota 14 para los postulantes a institutos superiores pedagógicos. Es verdad que esta norma es general y afecta a todos los candidatos: durante los tres años que lleva de vigencia no ha habido ingreso a dichos institutos en el país, porque la dispersión de quienes superaron la valla (alrededor del 3% de más de 14.000 postulantes) no he permitido conformar un número suficiente para justificar el funcionamiento de un año lectivo.

Una vez más el Estado castiga a quienes son víctimas de su mala política, en este caso, educativa. Aunque el ministro de educación ha recibido, de parte de muchas instituciones, explicaciones fundamentadas sobre las consecuencias de la norma, entre ellas, el déficit de profesores bilingües, mantiene su decisión inmutable. El ataque a la identidad de los pueblos indígenas se demuestra, además, por medidas como el rechazo de fondos de la cooperación internacional para educación intercultural bilingüe o la negativa del ministerio de participar en eventos sobre EBI.

¿A quién defiende el Estado?

La consigna del gobierno (y en esto no se diferencia de los anteriores) es negar la evidencias, enterrando bien su cabezota de avestruz en un hoyo. Hace cerca de tres años, cuando los achuares del río Corrientes hicieron pública sus denuncias sobre la contaminación de las fuentes de agua y sus recursos para la vida y, en general, del medio ambiente de su territorio, y de cómo ésta estaba afectando la salud de los pobladores, el Estado negó con desparpajo que esto fuese verdad, a pesar de que el Ministerio de Salud y el de Producción habían comprobado, mediante análisis de laboratorio, la magnitud del daño.

Solo una protesta descomunal por parte de los indígenas, con toma de campamentos petroleros y pozos y cierre de válvulas de estaciones de bombeo, lo llevó a reaccionar, aunque su primera opción fue por la recaptura de las instalaciones por la vía violenta, lo que en realidad quería decir que seguía negando que la actividad afectaba la salud de la gente y el medio ambiente. La presión fue tan grande que tuvo luego que dar marcha atrás y reconocer la veracidad contenida en las denuncias y suscribir, junto con la empresa y la federación indígena, el acta de Dorissa, mediante la cual Pluspetrol y el Estado se comprometían a remedir la situación en un plazo perentorio. En buena hora que haya sido así, pero ¿no pone esto en evidencia el hecho de que el gobierno mintió al negar primero los estragos negativos causados por la extracción de petróleo? El hecho de que hoy día el ministro Brack trate de hacer aparecer los cambios en la legislación sobre explotación de hidrocarburos como un logro del gobierno y no de los indígenas, nos parece un hecho carente de sinceridad.

Pero esa reacción del gobierno fue apenas coyuntural y producto de una presión formidable ejercida por las organizaciones indígenas, la sociedad civil y algunas instituciones pública, como la Defensoría del Pueblo, que antes como ahora ha jugado un papel destacado. Ahora el Estado niega una vez más la realidad de que el petróleo y las industrias extractivas en general son fuente de contaminación e impactos negativos para los pobladores locales. Toda la contaminación, afirma, es cosa del pasado. Ignoramos qué alcance querrá darle el gobierno a su noción de pasado, pero lo cierto es que el gasoducto se rompió cinco veces durante el primer año de funcionamiento, lo que es un indicador de irresponsabilidad y, probablemente, de corrupción, por el uso de tubos en mal estado o de segunda mano, como lo estableció una auditoría ambiental independiente que luego, para seguir con la costumbre nacional, fue silenciada.

Pero el anterior no es el único caso, ya que las denuncias de contaminación causadas por industrias extractivas o de transformación de minerales van desde el Callao y, pasando por La Oroya (donde el gobierno, una vez más, ha prolongado el plazo de Doe Run para cumplimiento del PAMA, mientras la población se ahoga en humos y los índices de plomo y otros metales pesados aumenta en su sangre), se expande por otras zonas.

Y no es un problema sólo de derrames, sino, de manera más global, de impactos en el medio ambiente en que viven indígenas y campesinos. En el Urubamba, durante la época de instalación del proyecto del gas del Camisea, un promedio de 200 barcazas diarias “batían” o “licuaban” las aguas del río, contaminando y alterando el hábitat de los peces, fuente principal de las proteínas que consumen los pobladores. Los matsiguengas que habitan la cuenca han sido “compensados” temporalmente por la pérdida admitida de capacidad de pescar en ése y otros ríos de la zona con un sol diario, lo que apenas alcanza para adquirir una lata de conserva a la semana.

¿Quién es el responsable de crear pobreza en los pueblos indígenas? Que no se diga que la contaminación es cosa del pasado porque ahora hay estándares, pues éstos existen desde 1993 y los achuares, quichuas y urarinas sólo consiguieron que se supervise la actividad de las empresas y se les obligue a cumplir las normas después de 13 años de continuas denuncias.

El problema es que al gobierno y a mucha gente le parece normal que los indígenas paguen los costos del llamado desarrollo. Si sus chacras son destruidas, también el monte que utilizan para cazar y realizar actividades forestales, poco importa. La idea es que esos espacios valen poco frente a la riqueza que producen las industrias extractivas. También sus vidas y las de las generaciones por venir valen poco, lo que es un indicador más del racismo que impera en el país. Nos preguntamos qué pasaría si 200 barcazas batieran diariamente el agua del mar en los balnearios del sur de Lima. La protesta sería masiva y apoyada por la prensa, porque se consideraría que se está afectando propiedad privada valiosa de gente que vale más.

Los indígenas y la seguridad nacional

En los últimos tiempos, se acusa cada vez más a los indígenas de constituir una amenaza a la seguridad nacional. Cancillería se niega a dar pase a la creación de dos reservas comunales y a un parque nacional, ubicados en la zona comprendida en el curso alto de los ríos Napo y Putumayo, alegando razones de seguridad nacional. Dice temer que los 700 secoyas peruanos y los 300 ecuatorianos, que por lo demás provienen de familias peruanas que emigraron antes del conflicto de 1941 y que luego no pudieron volver, puedan afirmar derechos territoriales y conformarse en un Estado independiente.

Es para no creerlo, sobre todo considerando que tanto las reservas como los parques son áreas naturales protegidas de propiedad pública. Ha dado la misma razón para justificar el recorte del parque nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor, pero en cambio permite la presencia en la parte cercenada de la empresa Dorato Perú, pantalla de la transnacional canadiense Dorato Resources Inc., cuyo gerente general, Carlos Ballón, fue asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno, como ha puesto a la luz César Hildebrandt en un reciente artículo. ¿Resulta ser entonces que una transnacional es mejor defensora de la seguridad nacional que el propio Estado, que, reiteramos, es el dueño de parques nacionales y otras áreas naturales protegidas? Eso se llama tener confianza en las instituciones propias e ideas muy claras sobre la defensa nacional.

La lista de las ventas del patrimonio nacional y de empresas privadas a un país como Chile, con el cual el Perú, por desgracia para la paz, mantiene conflictos pendientes, es inacabable. Más aun, este gobierno quiso venderle incluso parte del terreno del Ministerio de Defensa, lo que tal vez no signifique nada en términos de seguridad nacional comparándolo con lo que ya el Estado peruano había ya vendido a capitales chilenos (en especial, las industrias estratégicas), pero no se puede negar que el simbolismo del hecho resulta grotesco. Podemos también mencionar la profusión de decretos que suspenden la norma constitucional que prohíbe que “dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad” (Art. 71º), alegando para esto razones de necesidad nacional.

Cuando la excepcionalidad de levantar la prohibición por razones de “necesidad pública” se convierte en norma, debemos sospechar de la existencia de otros intereses. El papel aguanta todo. Algunos ejemplos: Petrobras en el lote 117, en el extremo norte del país, en la zona frontera con Colombia y Ecuador; Pacific Stratus Energy, en los lotes 135, 137 y 138, en la frontera con Brasil; y la lista sigue. También podemos mencionar que hace apenas unos años, las denuncias públicas pusieron en evidencia que la empresa maderera Newman Lumber Company de los Estados Unidos había construido una carretera de 150 Km a lo largo de la frontera con Bolivia para extraer caoba de manera ilegal, sin que las autoridades políticas ni las Fuerzas Armadas del Perú se hubiesen dado cuenta, o al menos así lo dijeron. Ni qué decir del ingreso cotidiano a territorio peruano de madereros colombianos por la frontera del Putumayo, sin que los numerosos puestos de las Fuerzas Armadas peruana hagan nada por frenarlos. Frente a todo esto, ¿podemos seguir sosteniendo que son los indígenas una amenaza a la integridad nacional?

Para terminar queremos referirnos a las dimensiones que ha tomado la actual protesta indígena. Su impacto se debe a la movilización masiva de familias y organizaciones indígenas amazónicas, incluyendo entre ellas algunas que eran consideradas como bases de CONAP, como las awajun del Alto Mayo; y a la amplia solidaridad que ha convocado su causa en diversas instituciones y personalidades de los más diversos sectores sociales. Además del carácter justo de los reclamos, esta solidaridad expresa el desagrado de la ciudadanía con un gobierno que le ha mentido de la manera más burda. La lista de mentiras es larga, pero la que mejor describe la traición es el ofrecimiento electoral de renegociar los contratos petroleros y mineros, que terminó con la genuflexión de estirar la mano para esperar una propina, según la voluntad de las empresas, que por supuesto no tienen ninguna.

Confrontado por un periodista con las contradicciones entre las promesas de la campaña y las medidas tomadas por el presidente ya en el ejercicio del poder, el congresista aprista José Vargas respondió: “Una cosa es lo que se dice en la campaña y otra la que se hace cuando se llega al poder”. Estamos frente a una buena muestra de las “interpretaciones auténticas” que podemos esperar de este personaje que se desempeña como presidente de la Comisión de Constitución. Nada menos.

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Informacion sobre los autores (de la pagina de Servindi):

* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.

* Frederica Barclay es antropóloga y Doctora en Historia por la Universitat de Barcelona. Investigadora del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía en las líneas de trabajo: Amazonía. Historia regional. Elites locales. Colonización. Es autora y co-editora de numerosas publicaciones como Guía etnográfica de la alta amazonía, Pueblos en situación de extrema vulnerabilidad. El caso de los Nanti de la Reserva Territorial Kugapakori Nahua, Camisea, La frontera domesticada. Historia económica y social de Loreto, 1851-2000, Órdenes y desórdenes en la selva central. Historia y economía de un espacio regional amazónico, entre otros.

Textos de los Decretos Legislativos relacionados a la Amazonia Peruana

En un post anterior reproduje un artículo de la organización Servindi que analiza los decretos legislativos y leyes que están al centro del conflicto en la selva. Ahora quisiera recopilar los textos de algunas de estas leyes; considero que es importante conocer su contenido, aún si innegablemente se necesita también mucho análisis e interpretación para penetrar más allá del lenguaje complicado y opaco del discurso legalista.

Estos no son todos los decretos; hay más que también fueron emitidos por el gobierno aprovechando los poderes especiales conferidos por el Congreso al Ejecutivo para negociar el Tratado de Libre Comercio con los EE.UU., a mediados del año pasado.

Si notan alguna inexactitud o incorrección en estos textos, les agradeceré que lo comuniquen o dejen un comentario al respecto.

1. En primer lugar, aquí va la edición de El Peruano del 28 de junio del 2008, la cual contiene varios de los decretos en cuestión, entre ellos el Decreto Legislativo 1089 – Decreto Legislativo que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/nor_graf/2008/junio/nl20080628.pdf

2. En el siguiente enlace podrán encontrar el texto del Decreto Legislativo 1090 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre:

http://www.scribd.com/doc/15470571/D-Leg-1090-Decreto-Legislativo-que-aprueba-la-Ley-Forestal-y-de-Fauna-Silvestre

3. Ley No.29317 - Ley que modifica e incorpora diversos artículos al Decreto Legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre:

http://74.125.47.132/search?q=cache:qZJjqTH1VaYJ:www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/download.php%3Fid%3D4625+Ley+29317&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=pe

4. Ley 28054 - Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles:

http://www.argentinarenovables.org/archivos/leyes/peru/Ley_Peru.pdf

5. Decreto Supremo 004-2008-AG – Declara de interés nacional la instalación de plantaciones de caña brava y de bambú:

http://www.minag.gob.pe/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/DECRETO%20SUPREMO%20N%20004-2008-AG.pdf

6. Decreto Supremo 016 – 2008 – AG – Declara de interés nacional la instalación de plantaciones de Piñón e Higuerilla como alternativa para promover la producción de biocombustibles en la Selva:

http://www.inrena.gob.pe/iffs/normas/2008/ds/ds_016-2008-ag.pdf

7. Ley 29338 – Ley de Recursos Hídricos:

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/docs/Ley_29338.html

8. Decreto Legislativo 1064 – Decreto legislativo que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario:

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01064.pdf

7 jun. 2009

Perspectivas sobre sucesos de la selva

Recomiendo este artículo de Augusto Álvarez Rodrich, publicado hoy en La República, sobre el autoritarismo del gobierno en relación a las protestas en la Amazonía:

http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/07/06/2009/el-lobo-del-hortelano

También es interesante leer el siguiente artículo de Fernando Rospigliosi, ex-Ministro del Interior. Está escrito desde la perspectiva de alguien que busca controlar manifestaciones, y no comparto todas sus opiniones (por ejemplo, que las protestas debieron haber sido reprimidas más tempranamente), pero aún así, pienso que proporciona algunas luces sobre el torpe accionar del gobierno desde un punto de vista estrictamente policial:

http://compartidoespacio.blogspot.com/2009/06/huevos-de-esturion-horror-en-bagua.html

6 jun. 2009

Fotos de enfrentamiento en Bagua

En estas dos páginas web se han colocado fotos de los enfrentamientos en Bagua, tomadas por personas que estaban presentes en la zona.

http://www.flickr.com/photos/34173573@N08/

http://catapa.be/en/north-peru-killings

Muchas de las fotos son chocantes, pero es necesario que se conozca que realmente está pasando en esta parte de la amazonía peruana. Ya por demasiados años los pueblos amazónicos han sido vistos como remotos o irrelevantes a la nación, solo recibiendo el interés del Perú oficial cuando se necesitaban sus recursos, fueran estos el caucho o como ahora el petróleo, el gas y la madera (en relación a los cuales los pueblos amazónicos se comportan como "perros del hortelano," según el gobierno). Esta indiferencia mezclada con desprecio se nota aún hoy en día, cuando tanto los medios de prensa como el gobierno se refieren constantemente, casi sin excepción, a "los nativos" o "los indígenas" que están bloqueando carreteras, nunca (casi ni una sola vez) a "ciudadanos nativos" o a "indígenas peruanos". Como si no fuesen parte del Perú. Si uno lee documentos de la primera mitad del siglo XX de los archivos históricos de la Dirección de Asuntos Indígenas y otras entidades del gobierno, podrá observar que en esa época los hacendados y sus aliados también se referían a personas andinas como "el indígena _____" o "la turba indígena". Esta terminología aún se mantiene cuando se trata de hablar de los pueblos amazónicos. Es cierto que muchas personas (más en otros países, pero poco a poco también en el Perú) están empezando a reclamar el término "indígena" como signo de orgullo, lo cual está muy bien. Pero esa no es por lo general la intención del gobierno y los medios de prensa cuando hablan amenazadoramente de "los nativos" y "los indígenas". Por dios, que daño haría de vez en cuando añadir la palabra "ciudadanos" o "peruanos."

Continúa la violencia en Bagua

Según los informes de los medios de prensa, ya hay 23 policías muertos como resultado de los enfrentamientos en Bagua. El número de muertos entre los manifestantes amazónicos aún no se conoce oficialmente, y parece ser que el gobierno se niega a que se conozca. Según AIDESEP, hay 30 manifestantes muertos, y posiblemente más. Se ha formado una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones, que intentará recorrer la zona de los sucesos para ubicar a los cadáveres y heridos.

El ejército y la policía han tomado control de Bagua y el resto de la zona. Informes provenientes del area hablan de que la policía está sacando a los manifestantes heridos de los hospitales y llevándoselos a lugares no conocidos. Según la Coordinadora Nacional de Radio y sus afiliados en la zona, hay 169 heridos ingresados en los hospitales de Essalud y el Ministerio de Salud en Bagua, Uctubamba y Jaén. Según AIDESEP, hay 150 comuneros amazónicos detenidos en el cuartel militar "El Milagro" de Bagua.

Ojalá cesen de inmediato las muertes tanto de los miembros de las comunidades amazónicas como de los policías, que han sido enviados a la zona de conflicto por un gobierno torpe y autoritario.

Reproduzco 2 breves reportajes de la Coordinadora Nacional de Radio, entidad que agrupa a emisoras radiales comunitarias del país, y que tiene algunas estaciones afiliadas en la zona de Bagua. Se puede encontrar más informes en http://www.cnr.org.pe/.

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Policía se lleva a indígenas heridos de los hospitales de Bagua

Descargar Mp3 Utcubamba, Amazonas (CNR).- La Policía Nacional está sacando a los indígenas heridos en el Hospital Santiago Apóstol y Buen Samaritano de esa ciudad, y se los están llevando con rumbo desconocido.

La denuncia hecha a través de Radio La Voz (Utcubamba), señala que la Policía entró a los hospitales disparando para amedrentar a los familiares y luego sin decir nada se llevaron a los heridos que ya habían sido atendidos.

Frente a este tema. representantes de la Coordinadora Político Social, está tratando de informar de lo acontecido a la Defensoría del Pueblo en Amazonas, sin embargo sus oficinas no contestan.

Esta denuncia, también señala que desde un helicóptero se disparó sobre una manifestación pacífica que se congregó en la Plaza de Armas, frente a la municipalidad de esa ciudad. Producto de esa balacera, murieron dos jóvenes, mientras que 4 niños quedaron heridos por los proyectiles.

De los cuatro niños, una niña de cuatro años permanece grave. La infante estaba en la azotea de su vivienda recibió un impacto de bala en el abdomen. También se hallan heridos 3 niños más.

Dijo además que hay 56 nativos detenidos en el cuartel militar “El Milagro” y otros 19 que se han sido trasladados por helicópteros hasta la ciudad de Chiclayo. Asimismo dijo que 10 indígenas de la provincia de San Ignacio que vinieron para apoyar la lucha Awajun han desaparecido.

De otro lado, Carlos Flores, corresponsal de CNR desde Radio La Voz, en Bagua, expresó su extrañeza ante el afán del gobierno por culpar a su emisora de incitar a la población a incendiar la ciudad. Dijo que ellos no propiciaron ninguna clase de desbande, ni un ataque contra la propiedad pública

Flores dijo que esa es una táctica del gobierno “que trata buscar chivos expiatorios para desvirtuar la masacre contra nuestros hermanos nativos y evitar responsabilidad por nuestros hermanos policías que también hayan caído en esta acción”.

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:: Según denuncia de estudiantes indígenas - Cadáveres habrían sido arrojados al río Marañón
Lima, 06/06/2009 (CNR) -- El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz denunció que los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar evidencia, sobre todo los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón.

El Movimiento Estudiantil Indígena, que agrupa a los universitarios indígenas en Lima, rechazó el acto de violencia ocurrido esta mañana en Bagua y expresó su profunda preocupación por estos acontecimientos que consideran fueron provocados por el actual gobierno.

Velásquez Ruiz, afirmó que hasta estas horas de la noche la cifra de nativos fallecidos serían más de cincuenta, pero que esta situación estaría siendo ocultada por los militares y policías.

“Este es un acto lesivo que atenta contra los derechos humanos, que atenta además contra el derecho a la libre información”, afirmó el coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena.

Los jóvenes universitarios indígenas, a través de un pronunciamiento, hicieron también un llamado público a a la sociedad civil y a las partes para que de inmediato reanuden el diálogo para alcanzar la justicia requerida.

Finalmente, ante esta situación solicitan la presencia del Relator de los asuntos Indígenas de las Naciones Unidas y la OEA para que realice una investigación exhaustiva sobre la muerte de indígenas en Bagua.

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5 jun. 2009

Matanza en la selva

Las protestas de las comunidades amazónicas lideradas por AIDESEP, que por 50 días bloquearon pacíficamente las carreteras, han tenido un trágico desenlace el día de hoy. Esta mañana se enfrentaron un contingente policial y los manifestantes, y en la lucha que se desató han muerto 35 manifestantes indígenas y 9 policías, además de resultar heridos un gran número de personas.

Recién en los próximos días, mientras se entierra a los muertos y se hospitaliza a los heridos, se podrá empezar a tener alguna información confiable sobre lo que realmente pasó durante esta matanza. Por supuesto, el gobierno no ha perdido tiempo en echarle toda la culpa a los manifestantes, alegando que hay "intereses extranjeros" (palabras de Yehude Simon) detrás de las protestas. Que el Sr. Simon nos diga, por favor, si es que no hay intereses extranjeros detrás de los decretos legislativos que fueron impuestos por el gobierno en el marco de las negociaciones para el TLC con EE.UU., que abren la selva amazónica a la explotación de los recursos por parte de empresas multinacionales - decretos que las protestas amazónicas buscaban derogar.

No sabemos aún si el manejo de la situación por parte de AIDESEP fue el más adecuado, talvez si, talvez no; alguna información saldrá a la luz en los próximos días. Pero lo que si está claro es que el autoritarismo histórico de Alan García no ha podido ser encubierto por la hipócrita y manipuladora amabilidad de Yehude Simon. Los resultados están ahora a la vista.

En los medios de prensa se encuentra muy poca información sobre el contenido de los famosos decretos que han dado origen a las protestas - ¿en que consisten? Abajo reproduzco un análisis de estas leyes hecho por la organización Servicios en Comunicación Intercultural Servindi. Reconozco que su perspectiva no es "imparcial" sino favorable a las protestas lideradas por AIDESEP, pero por lo menos hacen un análisis, en un contexto en el que falta una discusión seria de estas leyes.

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Perú: ¿Por qué luchan los pueblos indígenas amazónicos?

Por Jorge Agurto

Servindi, 17 mayo, 2009.- La jornada de protesta amazónica tiene una plataforma concreta que es fundamental conocer para saber sus motivaciones y no caer en el manido argumento de la manipulación política. Luego de un breve repaso de las normas cuestionadas comprobaremos que las organizaciones indígenas están luchando no solo por su vida e identidad como pueblos, sino también por el bosque amazónico, sus recursos, la biodiversidad y el patrimonio de todos los peruanos y la humanidad.

Las principales normas cuestionadas son:

La Ley 29317, que modifica el Decreto Legislativo 1090 y se constituye como: Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El artículo 6 de esta norma permite cambiar el uso de las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría cuando se trata de proyectos de interés nacional.

Como lo advirtió el Colectivo Forestal, el tema de fondo de esta ley aprobada a trompicones y de espaldas a la sociedad civil, “son los compromisos ‘inconfesables’ del Gobierno con grandes inversionistas para producir etanol” y constituye un incentivo perverso para reducir el propio patrimonio forestal.

Hay que tener resente que el 18 de abril de 2009 el gobierno constituyó el Grupo Técnico de Trabajo para formular el Plan Nacional de Agroenergía en un plazo de noventa días y la Resolución Ministerial 0315-009-AG destaca que es función del sector Agricultura promover “el desarrollo de las áreas disponibles con aptitud agrícola para la producción de biocombustibles”.

Tal rol se encuentra en la Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles y los decretos supremos 004-2008-AG y 016-2008-AG que declaran de interés nacional las plantaciones de piñón, higuerilla, caña brava y bambú con fines energéticos.

Lo que nuestros hermanos indígenas amazónicos están haciendo al enfrentar esta norma es defender el bosque tropical amazónico de las terribles consecuencias que significan las plantaciones de monocultivos para fines de agrocombustibles.

La Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. Esta norma se aprobó con modificaciones de último minuto y abre paso a la privatización del agua con fines de lucro y para el provecho de operadores privados.
Un comunicado de las organizaciones sociales denunció oportunamente que favorecerá particularmente a las empresas mineras “que cuentan con 18′260,779.87 millones de héctareas de denuncios mineros, la mayoría de ellos asentados en las cabeceras de cuenca”.
La norma ignoró las propuestas formuladas por las juntas de usuarios de los distritos de riego, los gremios campesinos, las organizaciones indígenas y los grupos ambientalistas, reconcentra la gestión del agua en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y elimina las Autoridades Autónomas de Cuenca que existían en la anterior legislación.

El Partido Nacionalista advirtió que la concentración de funciones en la ANA “favorece a las empresas, principalmente mineras, interesadas en la explotación comercial del agua, las que ahora podrán obtener licencias desde Lima sin la intervención de las Regiones”.

El Decreto Legislativo 1020. El dispositivo promueve la constitución de unidades productivas mayores de 20 hectáreas mediante el estímulo de la compra de tierras. Se le critica por no proponer ninguna actividad alternativa para el sustento de las familias con menos opciones y recursos.

El Decreto Legislativo 1064. Elimina el requisito del acuerdo previo entre las empresas y las comunidades campesinas y nativas para iniciar las actividades de exploración y explotación de los recursos del subsuelo. Esta norma significa un grave y brutal atropello al derecho a la propiedad privada de las comunidades y propietarios rurales dándoles ventajas a los inversionistas privados.

El Decreto Legislativo 1089. En lugar de culminar el proceso de titulación de las comunidades campesinas y nativas a cargo del antiguo Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), las Direcciones Regionales Agrarias o los municipalidades que podían sanear la propiedad en áreas rurales este dispositivo establece un régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de los predios rurales a cargo del COFOPRI, un organismo dedicado a la formalización de la propiedad informal especialmente en áreas urbanas.

La norma deja en suspenso leyes importantes como las de comunidades campesinas y nativas y la ley de deslinde y titulación de comunidades campesinas que cautelan importantes derechos colectivos.

Reforma de la Constitución Política del Estado para reintegrar los derechos territoriales indígenas. La Constitución Política de 1979, que significó el retorno a la institucionalidad democrática definió el carácter inalienable, inembargable e imprescriptibles de las tierras comunales (las denominadas tres “i”).

Esta Carta Magna fue rubricada por Víctor Raúl Haya de la Torre, supuesto mentor y adalid del actual gobierno del partido aprista, del cual fuera histórico jefe y fundador.

La Constitución de 1993 -que tiene un carácter ilegítimo pues fue impuesta de manera fraudulenta en un régimen de excepción por Alberto Fujimori- eliminó el carácter inalienable e imebargable de las tierras comunales y debilitó su carácter imprescriptible, al colocar como causal de excepción el “abandono”.

En consecuencia, es justo y legítimo que las organizaciones indígenas demanden se restablezca la protección constitucional a su derecho colectivo al territorio y que es fundamento para su vida e identidad como pueblos indígenas u originarios.

Otras normas que deberían ser enfrentadas

Además de las normas señaladas hay un paquete de normas legales que favorecen la introducción de los productos transgénicos, la apropiación de la biodiversidad y el acceso a los recursos genéticos a favor de empresas transnacionales.

La denuncia formulada por la especialista Isabel Lapeña en Servindi señala cómo el gobierno ha canjeado su mercado de biodiversidad por su afan de suscribir el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que ha ocasionado que tengamos el régimen más privatista del mundo al permitir el patentamiento de los genes o de la vida.

Este nuevo régimen, que solo favorece a un puñado de empresas transnacionales, como Monsanto se expresa en la Ley 29136 y los decretos legislativos 1059, 1060, 1075 y 1080, que también deberían ser derogados por afectar el patrimonio nacional, poner en riesgo la bioseguridad del país y violar compromisos y principios internacionales.

¿Quién defiende el interés nacional?

Este apretado repaso de normas es únicamente para enfatizar que la lucha actual de los indígenas amazónicos tiene sobrados fundamentos porque se trata de normas inconsultas, espúreas e ilegítimas, que intentan avasallar sus derechos colectivos como pueblos pre existentes al Estado peruano, que tienen derecho colectivo al territorio, a su identidad y a sus propios modos de vida.

Al dictar normas que afectan sus condiciones de existencia sin su participación y consentimiento el Estado peruano ha violado el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, norma que tiene rango constitucional y que prevalece sobre otras normas de menor jerarquía.

Esto lo ha destacado de manera clara el jurista Dr. Magdiel Gonzáles Ojeda, ex Magistrado del Tribunal Constitucional, en una brillante disertación realizada en el propio Congreso de la República en enero de este año.

El gobierno aprista, en su afán desmedido de entregar los recursos nacionales al interés privado transnacional, sin cautelar el patrimonio ni los intereses nacionales, está permitiendo que el Estado se aleje cada vez más de su rol garante de los derechos humanos y ciudadanos y que el actual régimen pierda legitimidad.

Con su protesta, los pueblos indígenas amazónicos nos están recordando que existe el derecho a la protesta para defender la vida de los pueblos, los recursos naturales, el agua, los bosques, la biodiversidad.

No es otro el sentido de la reflexión tan oportuna de los Obispos de la Amazonía que instan al presidente Alan García derogar los Decretos Legislativos, y a quienes no se puede acusar de intereses electorales o políticos subalternos.

La ciudadanía peruana no debe permitir que el gobierno en su afán facilista, entreguista y depredador prosiga su política para la amazonía que consiste en permitir la tala ilegal, la contaminación minera, alentar la deforestación para producir agrocombustibles y cubrir la selva peruana de lotes de hidrocarburos, sin respetar los territorios indígenas, las áreas protegidas e incluso lugares donde existen evidencias de grupos en aislamiento extremadamente vulnerables a cualquier contacto.

El 72 por ciento de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está cubierta por lotes hidrocarburíferos. A pesar del avance tecnológico, solo la desidia e incapacidad estatal ha permitido, por ejemplo, que desde noviembre de 2006 a marzo de 2009, se hayan producido 48 derrames entre los lotes 8 y 1-AB de Pluspetrol. De esta cifra, 22 derrames son de mayor importancia, afectando los ríos Tigre y Corrientes y sus afluentes, “generando impactos negativos en la salud de la población que se encuentran entre los dos lotes”

Por las razones expuestas debemos recordar a los políticos, a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional que los pueblos indígenas amazónicos están luchando no solo por su vida como pueblos, sino también por la amazonía, uno de los sistemas naturales más importantes del mundo en recursos naturales, servicios ambientales y diversidad cultural.
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