Recomiendo este artículo de Augusto Álvarez Rodrich, publicado hoy en La República, sobre el autoritarismo del gobierno en relación a las protestas en la Amazonía:
http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/07/06/2009/el-lobo-del-hortelano
También es interesante leer el siguiente artículo de Fernando Rospigliosi, ex-Ministro del Interior. Está escrito desde la perspectiva de alguien que busca controlar manifestaciones, y no comparto todas sus opiniones (por ejemplo, que las protestas debieron haber sido reprimidas más tempranamente), pero aún así, pienso que proporciona algunas luces sobre el torpe accionar del gobierno desde un punto de vista estrictamente policial:
http://compartidoespacio.blogspot.com/2009/06/huevos-de-esturion-horror-en-bagua.html
7 jun 2009
Perspectivas sobre sucesos de la selva
6 jun 2009
Fotos de enfrentamiento en Bagua
En estas dos páginas web se han colocado fotos de los enfrentamientos en Bagua, tomadas por personas que estaban presentes en la zona.
http://www.flickr.com/photos/34173573@N08/
http://catapa.be/en/north-peru-killings
Muchas de las fotos son chocantes, pero es necesario que se conozca que realmente está pasando en esta parte de la amazonía peruana. Ya por demasiados años los pueblos amazónicos han sido vistos como remotos o irrelevantes a la nación, solo recibiendo el interés del Perú oficial cuando se necesitaban sus recursos, fueran estos el caucho o como ahora el petróleo, el gas y la madera (en relación a los cuales los pueblos amazónicos se comportan como "perros del hortelano," según el gobierno). Esta indiferencia mezclada con desprecio se nota aún hoy en día, cuando tanto los medios de prensa como el gobierno se refieren constantemente, casi sin excepción, a "los nativos" o "los indígenas" que están bloqueando carreteras, nunca (casi ni una sola vez) a "ciudadanos nativos" o a "indígenas peruanos". Como si no fuesen parte del Perú. Si uno lee documentos de la primera mitad del siglo XX de los archivos históricos de la Dirección de Asuntos Indígenas y otras entidades del gobierno, podrá observar que en esa época los hacendados y sus aliados también se referían a personas andinas como "el indígena _____" o "la turba indígena". Esta terminología aún se mantiene cuando se trata de hablar de los pueblos amazónicos. Es cierto que muchas personas (más en otros países, pero poco a poco también en el Perú) están empezando a reclamar el término "indígena" como signo de orgullo, lo cual está muy bien. Pero esa no es por lo general la intención del gobierno y los medios de prensa cuando hablan amenazadoramente de "los nativos" y "los indígenas". Por dios, que daño haría de vez en cuando añadir la palabra "ciudadanos" o "peruanos."
Continúa la violencia en Bagua
Según los informes de los medios de prensa, ya hay 23 policías muertos como resultado de los enfrentamientos en Bagua. El número de muertos entre los manifestantes amazónicos aún no se conoce oficialmente, y parece ser que el gobierno se niega a que se conozca. Según AIDESEP, hay 30 manifestantes muertos, y posiblemente más. Se ha formado una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones, que intentará recorrer la zona de los sucesos para ubicar a los cadáveres y heridos.
El ejército y la policía han tomado control de Bagua y el resto de la zona. Informes provenientes del area hablan de que la policía está sacando a los manifestantes heridos de los hospitales y llevándoselos a lugares no conocidos. Según la Coordinadora Nacional de Radio y sus afiliados en la zona, hay 169 heridos ingresados en los hospitales de Essalud y el Ministerio de Salud en Bagua, Uctubamba y Jaén. Según AIDESEP, hay 150 comuneros amazónicos detenidos en el cuartel militar "El Milagro" de Bagua.
Ojalá cesen de inmediato las muertes tanto de los miembros de las comunidades amazónicas como de los policías, que han sido enviados a la zona de conflicto por un gobierno torpe y autoritario.
Reproduzco 2 breves reportajes de la Coordinadora Nacional de Radio, entidad que agrupa a emisoras radiales comunitarias del país, y que tiene algunas estaciones afiliadas en la zona de Bagua. Se puede encontrar más informes en http://www.cnr.org.pe/.
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Policía se lleva a indígenas heridos de los hospitales de Bagua
Descargar Mp3 Utcubamba, Amazonas (CNR).- La Policía Nacional está sacando a los indígenas heridos en el Hospital Santiago Apóstol y Buen Samaritano de esa ciudad, y se los están llevando con rumbo desconocido.
La denuncia hecha a través de Radio La Voz (Utcubamba), señala que la Policía entró a los hospitales disparando para amedrentar a los familiares y luego sin decir nada se llevaron a los heridos que ya habían sido atendidos.
Frente a este tema. representantes de la Coordinadora Político Social, está tratando de informar de lo acontecido a la Defensoría del Pueblo en Amazonas, sin embargo sus oficinas no contestan.
Esta denuncia, también señala que desde un helicóptero se disparó sobre una manifestación pacífica que se congregó en la Plaza de Armas, frente a la municipalidad de esa ciudad. Producto de esa balacera, murieron dos jóvenes, mientras que 4 niños quedaron heridos por los proyectiles.
De los cuatro niños, una niña de cuatro años permanece grave. La infante estaba en la azotea de su vivienda recibió un impacto de bala en el abdomen. También se hallan heridos 3 niños más.
Dijo además que hay 56 nativos detenidos en el cuartel militar “El Milagro” y otros 19 que se han sido trasladados por helicópteros hasta la ciudad de Chiclayo. Asimismo dijo que 10 indígenas de la provincia de San Ignacio que vinieron para apoyar la lucha Awajun han desaparecido.
De otro lado, Carlos Flores, corresponsal de CNR desde Radio La Voz, en Bagua, expresó su extrañeza ante el afán del gobierno por culpar a su emisora de incitar a la población a incendiar la ciudad. Dijo que ellos no propiciaron ninguna clase de desbande, ni un ataque contra la propiedad pública
Flores dijo que esa es una táctica del gobierno “que trata buscar chivos expiatorios para desvirtuar la masacre contra nuestros hermanos nativos y evitar responsabilidad por nuestros hermanos policías que también hayan caído en esta acción”.
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:: Según denuncia de estudiantes indígenas - Cadáveres habrían sido arrojados al río Marañón
Lima, 06/06/2009 (CNR) -- El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz denunció que los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar evidencia, sobre todo los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón.
El Movimiento Estudiantil Indígena, que agrupa a los universitarios indígenas en Lima, rechazó el acto de violencia ocurrido esta mañana en Bagua y expresó su profunda preocupación por estos acontecimientos que consideran fueron provocados por el actual gobierno.
Velásquez Ruiz, afirmó que hasta estas horas de la noche la cifra de nativos fallecidos serían más de cincuenta, pero que esta situación estaría siendo ocultada por los militares y policías.
“Este es un acto lesivo que atenta contra los derechos humanos, que atenta además contra el derecho a la libre información”, afirmó el coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena.
Los jóvenes universitarios indígenas, a través de un pronunciamiento, hicieron también un llamado público a a la sociedad civil y a las partes para que de inmediato reanuden el diálogo para alcanzar la justicia requerida.
Finalmente, ante esta situación solicitan la presencia del Relator de los asuntos Indígenas de las Naciones Unidas y la OEA para que realice una investigación exhaustiva sobre la muerte de indígenas en Bagua.
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5 jun 2009
Matanza en la selva
Las protestas de las comunidades amazónicas lideradas por AIDESEP, que por 50 días bloquearon pacíficamente las carreteras, han tenido un trágico desenlace el día de hoy. Esta mañana se enfrentaron un contingente policial y los manifestantes, y en la lucha que se desató han muerto 35 manifestantes indígenas y 9 policías, además de resultar heridos un gran número de personas.
Recién en los próximos días, mientras se entierra a los muertos y se hospitaliza a los heridos, se podrá empezar a tener alguna información confiable sobre lo que realmente pasó durante esta matanza. Por supuesto, el gobierno no ha perdido tiempo en echarle toda la culpa a los manifestantes, alegando que hay "intereses extranjeros" (palabras de Yehude Simon) detrás de las protestas. Que el Sr. Simon nos diga, por favor, si es que no hay intereses extranjeros detrás de los decretos legislativos que fueron impuestos por el gobierno en el marco de las negociaciones para el TLC con EE.UU., que abren la selva amazónica a la explotación de los recursos por parte de empresas multinacionales - decretos que las protestas amazónicas buscaban derogar.
No sabemos aún si el manejo de la situación por parte de AIDESEP fue el más adecuado, talvez si, talvez no; alguna información saldrá a la luz en los próximos días. Pero lo que si está claro es que el autoritarismo histórico de Alan García no ha podido ser encubierto por la hipócrita y manipuladora amabilidad de Yehude Simon. Los resultados están ahora a la vista.
En los medios de prensa se encuentra muy poca información sobre el contenido de los famosos decretos que han dado origen a las protestas - ¿en que consisten? Abajo reproduzco un análisis de estas leyes hecho por la organización Servicios en Comunicación Intercultural Servindi. Reconozco que su perspectiva no es "imparcial" sino favorable a las protestas lideradas por AIDESEP, pero por lo menos hacen un análisis, en un contexto en el que falta una discusión seria de estas leyes.
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Perú: ¿Por qué luchan los pueblos indígenas amazónicos?
Por Jorge Agurto
Servindi, 17 mayo, 2009.- La jornada de protesta amazónica tiene una plataforma concreta que es fundamental conocer para saber sus motivaciones y no caer en el manido argumento de la manipulación política. Luego de un breve repaso de las normas cuestionadas comprobaremos que las organizaciones indígenas están luchando no solo por su vida e identidad como pueblos, sino también por el bosque amazónico, sus recursos, la biodiversidad y el patrimonio de todos los peruanos y la humanidad.
Las principales normas cuestionadas son:
La Ley 29317, que modifica el Decreto Legislativo 1090 y se constituye como: Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El artículo 6 de esta norma permite cambiar el uso de las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría cuando se trata de proyectos de interés nacional.
Como lo advirtió el Colectivo Forestal, el tema de fondo de esta ley aprobada a trompicones y de espaldas a la sociedad civil, “son los compromisos ‘inconfesables’ del Gobierno con grandes inversionistas para producir etanol” y constituye un incentivo perverso para reducir el propio patrimonio forestal.
Hay que tener resente que el 18 de abril de 2009 el gobierno constituyó el Grupo Técnico de Trabajo para formular el Plan Nacional de Agroenergía en un plazo de noventa días y la Resolución Ministerial 0315-009-AG destaca que es función del sector Agricultura promover “el desarrollo de las áreas disponibles con aptitud agrícola para la producción de biocombustibles”.
Tal rol se encuentra en la Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles y los decretos supremos 004-2008-AG y 016-2008-AG que declaran de interés nacional las plantaciones de piñón, higuerilla, caña brava y bambú con fines energéticos.
Lo que nuestros hermanos indígenas amazónicos están haciendo al enfrentar esta norma es defender el bosque tropical amazónico de las terribles consecuencias que significan las plantaciones de monocultivos para fines de agrocombustibles.
La Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. Esta norma se aprobó con modificaciones de último minuto y abre paso a la privatización del agua con fines de lucro y para el provecho de operadores privados.
Un comunicado de las organizaciones sociales denunció oportunamente que favorecerá particularmente a las empresas mineras “que cuentan con 18′260,779.87 millones de héctareas de denuncios mineros, la mayoría de ellos asentados en las cabeceras de cuenca”.
La norma ignoró las propuestas formuladas por las juntas de usuarios de los distritos de riego, los gremios campesinos, las organizaciones indígenas y los grupos ambientalistas, reconcentra la gestión del agua en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y elimina las Autoridades Autónomas de Cuenca que existían en la anterior legislación.
El Partido Nacionalista advirtió que la concentración de funciones en la ANA “favorece a las empresas, principalmente mineras, interesadas en la explotación comercial del agua, las que ahora podrán obtener licencias desde Lima sin la intervención de las Regiones”.
El Decreto Legislativo 1020. El dispositivo promueve la constitución de unidades productivas mayores de 20 hectáreas mediante el estímulo de la compra de tierras. Se le critica por no proponer ninguna actividad alternativa para el sustento de las familias con menos opciones y recursos.
El Decreto Legislativo 1064. Elimina el requisito del acuerdo previo entre las empresas y las comunidades campesinas y nativas para iniciar las actividades de exploración y explotación de los recursos del subsuelo. Esta norma significa un grave y brutal atropello al derecho a la propiedad privada de las comunidades y propietarios rurales dándoles ventajas a los inversionistas privados.
El Decreto Legislativo 1089. En lugar de culminar el proceso de titulación de las comunidades campesinas y nativas a cargo del antiguo Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), las Direcciones Regionales Agrarias o los municipalidades que podían sanear la propiedad en áreas rurales este dispositivo establece un régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de los predios rurales a cargo del COFOPRI, un organismo dedicado a la formalización de la propiedad informal especialmente en áreas urbanas.
La norma deja en suspenso leyes importantes como las de comunidades campesinas y nativas y la ley de deslinde y titulación de comunidades campesinas que cautelan importantes derechos colectivos.
Reforma de la Constitución Política del Estado para reintegrar los derechos territoriales indígenas. La Constitución Política de 1979, que significó el retorno a la institucionalidad democrática definió el carácter inalienable, inembargable e imprescriptibles de las tierras comunales (las denominadas tres “i”).
Esta Carta Magna fue rubricada por Víctor Raúl Haya de la Torre, supuesto mentor y adalid del actual gobierno del partido aprista, del cual fuera histórico jefe y fundador.
La Constitución de 1993 -que tiene un carácter ilegítimo pues fue impuesta de manera fraudulenta en un régimen de excepción por Alberto Fujimori- eliminó el carácter inalienable e imebargable de las tierras comunales y debilitó su carácter imprescriptible, al colocar como causal de excepción el “abandono”.
En consecuencia, es justo y legítimo que las organizaciones indígenas demanden se restablezca la protección constitucional a su derecho colectivo al territorio y que es fundamento para su vida e identidad como pueblos indígenas u originarios.
Otras normas que deberían ser enfrentadas
Además de las normas señaladas hay un paquete de normas legales que favorecen la introducción de los productos transgénicos, la apropiación de la biodiversidad y el acceso a los recursos genéticos a favor de empresas transnacionales.
La denuncia formulada por la especialista Isabel Lapeña en Servindi señala cómo el gobierno ha canjeado su mercado de biodiversidad por su afan de suscribir el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que ha ocasionado que tengamos el régimen más privatista del mundo al permitir el patentamiento de los genes o de la vida.
Este nuevo régimen, que solo favorece a un puñado de empresas transnacionales, como Monsanto se expresa en la Ley 29136 y los decretos legislativos 1059, 1060, 1075 y 1080, que también deberían ser derogados por afectar el patrimonio nacional, poner en riesgo la bioseguridad del país y violar compromisos y principios internacionales.
¿Quién defiende el interés nacional?
Este apretado repaso de normas es únicamente para enfatizar que la lucha actual de los indígenas amazónicos tiene sobrados fundamentos porque se trata de normas inconsultas, espúreas e ilegítimas, que intentan avasallar sus derechos colectivos como pueblos pre existentes al Estado peruano, que tienen derecho colectivo al territorio, a su identidad y a sus propios modos de vida.
Al dictar normas que afectan sus condiciones de existencia sin su participación y consentimiento el Estado peruano ha violado el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, norma que tiene rango constitucional y que prevalece sobre otras normas de menor jerarquía.
Esto lo ha destacado de manera clara el jurista Dr. Magdiel Gonzáles Ojeda, ex Magistrado del Tribunal Constitucional, en una brillante disertación realizada en el propio Congreso de la República en enero de este año.
El gobierno aprista, en su afán desmedido de entregar los recursos nacionales al interés privado transnacional, sin cautelar el patrimonio ni los intereses nacionales, está permitiendo que el Estado se aleje cada vez más de su rol garante de los derechos humanos y ciudadanos y que el actual régimen pierda legitimidad.
Con su protesta, los pueblos indígenas amazónicos nos están recordando que existe el derecho a la protesta para defender la vida de los pueblos, los recursos naturales, el agua, los bosques, la biodiversidad.
No es otro el sentido de la reflexión tan oportuna de los Obispos de la Amazonía que instan al presidente Alan García derogar los Decretos Legislativos, y a quienes no se puede acusar de intereses electorales o políticos subalternos.
La ciudadanía peruana no debe permitir que el gobierno en su afán facilista, entreguista y depredador prosiga su política para la amazonía que consiste en permitir la tala ilegal, la contaminación minera, alentar la deforestación para producir agrocombustibles y cubrir la selva peruana de lotes de hidrocarburos, sin respetar los territorios indígenas, las áreas protegidas e incluso lugares donde existen evidencias de grupos en aislamiento extremadamente vulnerables a cualquier contacto.
El 72 por ciento de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está cubierta por lotes hidrocarburíferos. A pesar del avance tecnológico, solo la desidia e incapacidad estatal ha permitido, por ejemplo, que desde noviembre de 2006 a marzo de 2009, se hayan producido 48 derrames entre los lotes 8 y 1-AB de Pluspetrol. De esta cifra, 22 derrames son de mayor importancia, afectando los ríos Tigre y Corrientes y sus afluentes, “generando impactos negativos en la salud de la población que se encuentran entre los dos lotes”
Por las razones expuestas debemos recordar a los políticos, a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional que los pueblos indígenas amazónicos están luchando no solo por su vida como pueblos, sino también por la amazonía, uno de los sistemas naturales más importantes del mundo en recursos naturales, servicios ambientales y diversidad cultural.
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15 may 2009
Aidesep y comunidades amazónicas se declaran en estado de insurgencia contra el gobierno
Tras 35 días de huelga y bloqueo de carreteras, Alberto Pizango, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), una de las principales orgainzaciones de comunidades nativas de la selva, ha anunciado que las comunidades se declaran en estado de insurgencia contra el gobierno de Alan García. Esta medida es una reacción a la inacción del gobierno frente a las demandas amazónicas de que se deroguen los decretos legislativos emitidos el año pasado como parte de los poderes otorgados por el legislativo al ejecutivo para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; la medida también es una reacción al colocamiento de la amazonía peruana en estado de emergencia por parte del gobierno.
Como se recordará, protestas lideradas por Aidesep y otras organizaciones de comunidades amazónicas el año pasado consiguieron que el gobierno se viera obligado a derogar los decretos 1015 (que facilitaba la venta de terrenos comunales, permitiendo que esta tome lugar con tan solo la aprobación de la mitad de los asistentes a una asamblea, en vez de 2/3 de los comuneros empadronados) y 1073. Estas protestas asimismo llevaron al Congreso a formar una comisión para evaluar el resto de los decretos que afectan a las comunidades de la selva; esta comisión recomendó derogar los decretos 994, 995, 1060, 1064, 1020, 1081, 1083, 1089, y 1090, por ser anti-constitucionales y porque van en contra de convenios internacionales firmados por el Perú. Pero nada se ha hecho desde que el informe fue emitido.
El premier Yehude Simon ha anunciado que "hay que tomar las medidas necesarias para poner orden." También ha dicho refiriéndose a Aidesep y las comunidades que agrupa, "No son de izquierda. La izquierda lucha por los pobres y por cambiar la situación de las cosas. Estos son reaccionarios que ponen a los pobres delante del cañón."
Mientras tanto, los bloqueos de carretera y el estado de emergencia están causando estragos entre la población de la zona, tanto la población rural como la ciudad de Tarapoto. Los líderes de las protestas hoy permitieron el paso de vehículos por unas horas para permitir el abastecimiento de la ciudad y para evitar más choques con los camioneros.
No conozco a profundidad la situación por la que atraviesan las comunidades de la selva, y cuales son las aspiraciones de sus dirigentes o por que estos han decidido en esta medida de lucha en este momento. La mayor parte de los medios de comunicación no muestran interés por lo que pasa en la amazonía, excepto para denigrar a las comunidades amazónicas como primitivos que se resisten a la modernidad y toman refugio en el paternalismo. Pero esperemos que esta situación se resuelva sin derramamiento de sangre y sin mayor daño a la población. Y que, posteriormente, el gobierno entienda que no se pueden ignorar protestas de este tipo ni utilizar el TLC como pretexto para emitir decretos de manera autoritaria y en violación (según la propia comisión del Congreso) a la constitución y a tratados internacionales firmados por el Perú como es la OIT 169. Si estos decretos causan tanta animosidad entre las comunidades nativas de la selva, lo mínimo que puede haber es un debate serio, no más burocracia y demoras.
A continuación reproduzco un pronunciamiento en contra del estado de emergencia declarado por el gobierno en la amazonía, firmado por conocidos intelectuales peruanos, emitido el 11 de Mayo, antes de la medida de lucha tomada últimamente.
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PRONUNCIAMIENTO
NO AL ESTADO DE EMERGENCIA EN LA AMAZONÍA
1. El gobierno del Dr. Alan García Pérez ha decretado el estado de emergencia en casi todo el territorio amazónico como una respuesta represiva a las demandas justas y legítimas de los pueblos indígenas amazónicos movilizados desde el pasado mes de abril. Ellos, de manera unitaria exigen la derogatoria de los decretos legislativos con los que entregan la administración de los territorios amazónicos a las grandes corporaciones.
2. La lotización petrolera y gasífera, la minería aurífera, la masiva e ilegal extracción forestal, el narcotráfico y otras actividades extractivas están provocando devastadores e irreversibles impactos ambientales en los ecosistemas acuáticos y terrestres de la Amazonía. El escenario que se configura, con la implementación de los TLC que implican la transnacionalización y privatización de la Amazonía, es el de la destrucción de una de las regiones de mayor biodiversidad y oferta de agua en el mundo.
3. Las grandes movilizaciones indígenas pacíficas y unitarias iniciadas en agosto del año pasado, obligaron al gobierno del Dr. García a derogar los decretos legislativos 1015 y 1073 y al Congreso de la República a constituir una Comisión Multipartidaria que recomendó derogar los decretos legislativos, 994, 995, 1060, 1064, 1020, 1081, 1083 1089, 1090 porque vulneran la Carta Magna, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El informe de esta Comisión fue encarpetado durante cinco meses y recién, como consecuencia del reinicio de la huelga amazónica fue debatido sorpresivamente en el pleno del Congreso el jueves 7 de mayo pasado y, luego fue remitido a la Comisión de Constitución a través de una maniobra del APRA y de sus socios políticos.
4. La Amazonía Peruana, como han señalado los expertos, puede ser el recurso estratégico del Perú en el siglo XXI, por su riqueza en agua, energía y biodiversidad. Pero todo ello a condición de construir un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo, moderno y democrático, con la participación del pueblo amazónico y, en particular, de los pueblos indígenas, habitantes ancestrales y dueños históricos de la Amazonía Peruana, cuya ciencia, saber y cosmovisión son fundamentales en la construcción de un nuevo Perú.
Hacemos nuestras las demandas de los pueblos amazónicos que hoy asumen la defensa del interés nacional y acaban con su histórica invisibilización. Rechazamos la declaratoria del estado de emergencia y otras medidas autoritarias del gobierno del Dr. Alan García, defensor de los intereses del gran capital; y respaldamos el comunicado de los obispos y vicarios de la región amazónica recientemente publicado.
Lima, 11 de mayo del 2009
Alberto Adrianzén
Fernando Eguren
Sinesio López
Carlos Alberto Adrianzén
Pedro Francke
Nicolás Lynch
Eduardo Ballón
Roxana García Bedoya
Carlos Monge
Hugo Cabieses
Ricardo Giesecke
José Oscátegui
Álvaro Campana
Marisa Glave
Marisa Remy
Humberto Campodónico
Cecilia Israel
Roger Rumrrill
Isabel Coral
Félix Jiménez
Jurgen Schuldt
Francisco Durand
Salomón Lerner G.
Ricardo Soberón
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12 may 2009
Denucia de plagio contra el historiador César Pérez Arauco
Reproduzco aquí una denuncia de plagio publicada por la investigadora y narradora oral pasqueña Elizabeth Lino Cornejo contra el escritor César Pérez Arauco. Las pruebas presentadas son bastante contundentes y parecen indicar que Pérez Arauco ha copiado extensas secciones de un testimonio oral que Lino Cornejo recopiló en la comunidad de Rancas, que ella misma editó y que luego publicó en un blog en noviembre del 2006 y otro blog en marzo del 2008, y que también incluyó en un artículo suyo publicado en el Comercio el 8 de Marzo del 2008 (ver detalles abajo). Pérez Arauco utilizó fragmentos de este texto en su blog como también en su recientemente publicado libro Filones de Historia, sin citar la fuente correcta, más bien presentando el texto como parte de supuestos testimonios contados a el por comuneros de Rancas el año 1960, y algunas partes como sus propios pensamientos.
Respeto al Profesor Pérez Arauco como un importante escritor pasqueño que ha publicado numerosos libros, pero el plagio no está bien. Más aún cuando es cometido por una figura eminente y con mucha experiencia en el mundo de las letras, que sabe lo que hace. Toda persona que trabaja en la historia o las ciencias sociales debe saber que hay ciertas reglas éticas de comportamiento en estos campos, que son harto conocidas y que no debería ser necesario repetir. Naturalmente todo autor quiere que su trabajo reciba la más amplia difusión posible y que su material sirva a los demás, pero en el mundo de los libros siempre hay que poner entre citas las cosas que vienen de otros, y citar la fuente.
Es injusto utilizar el trabajo de otros y presentarlo como propio. Mas aún que en este caso, el plagio no es solamente del trabajo del recopilador oral (Lino Cornejo), que se ha dado el trabajo de investigar el contexto, solicitar el testimonio, recopilarlo, editarlo e incorporarlo a un conjunto de significado (siempre dejando en claro, explícitamente, que se trata de una recopilación de testimonios de comuneros de Rancas), sino que también se trata de un plagio de la voz y memoria del informante, pues el Profesor Pérez Arauco atribuye estos a veces a un supuesto informante del año 1960, a veces a su propia voz de narrador.
Además, siendo Pérez Arauco una eminencia en Cerro de Pasco, es doblemente injusto apropiarse del trabajo de investigadores más jóvenes, que con su esfuerzo tratan de abrirse paso y contribuir al mejor conocimiento de la realidad de su tierra, pues lectores que no conocen la situación naturalmente van a estar más inclinados a asumir que el escritor menos conocido se ha copiado del que es mejor conocido, cuando la realidad en este caso es al revés.
Es una lástima que el Sr. Pérez Arauco haya caído en esto; esperemos que se rectifique, admita su error y que esta situación no se vuelva a dar.
Por favor leer el texto de Elizabeth Lino Cornejo abajo, que explica la situación y da los detalles necesarios.
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FILONES DEL PLAGIO
ESCRITOR PASQUEÑO CÉSAR PEREZ ARAUCO NO CITA FUENTES NI RESPETA INVESTIGACIONES AJENAS
- DENUNCIA PUBLICA-
Elizabeth Lino Cornejo
http://www.zumbayllu.blogspot.com/
En el Blog Pueblo Martir y el libro Filones de la Historia el Sr. César Pérez Arauco publica un texto titulado "Los comuneros de Rancas" en el que incluye la historia de Doña Silveria Tufino Herrera con textos extraídos de un testimonio recopilado, editado y publicado con anterioridad por Elizabeth Lino C. en dos blogs de su autoría y un artículo periodístico.
EL "COPY AND PASTE" DE CESAR PEREZ ARAUCO Para quienes no sean cerreños o no hayan frecuentado el mundo literario de Pasco seguramente este nombre no les dirá mucho. César Perez Arauco se ha dedicado durante años a contar la historia de pasqueña en numerosos trabajos y publicaciones. Es respetado y conocido en la ciudad minera. A fines del año pasado presentó su último libro titulado "Filones de la Historia", evento al que asistí, lógicamente por mi interés en las publicaciones pasqueñas. Sin imaginar lo que hallaría meses después dentro de dicha publicación, con sorpresa e indignación.
¿Cómo podía sospechar siquiera que "el maestro" se tomara la libertad de publicar parte de un texto que no lo pertenece, sazonarlo a su manera y presentarlo como su creación?
- El 20 de noviembre de 2006 publiqué en el blog San Antonio de Rancas un post con un testimonio que da cuenta sobre la muerte de Silveria Tufino Herrera comunera de Rancas en la masacre de Huayllacancha de 1960, titulado "Silveria Tufino"
- Reproduje el mismo texto el 9 de marzo de 2008 en este blog con el título "Silveria Tufino Herrera, mujer para no olvidar"
- El 8 de marzo de este año el suplemento Dominical del Comercio me publica por el día de la mujer el artículo titulado Silveria Tufino Herrera, para el cual me valgo de mi material de testimonio recopilado y editado por mí.
El Sr. Perez Arauco publica en su libro Filones de la Historia y en su blog Pueblo Martir, el texto titulado Silveria Tufino Herrera, EL QUE CONTIENE BUENA PARTE DE MI MATERIAL.
Aquí una "pequeña muestra" (dar clic sobre la imagen para ampliar):
Considero necesario detallar cual es el proceso que utilizo para llegar a un texto escrito desde su versión oral: primero surge el contacto con el informante quien accede a una conversación que con su consentimiento es grabada. Esta versión oral es "vaciada", transcrita en su totalidad, la cual demanda hasta tres o cuatro veces más del tiempo que se toma en la grabación de la conversación. Una vez obtenida la transcripción se procede a la edición de acuerdo al criterio del investigador.
De esta forma por más que dos personas hubieran realizado la misma grabación, a la misma persona en el mismo momento es casi imposible que tengan la misma edición escrita de la versión oral, ya que cada uno trabaja sobre su criterio (ejercicio que ya he comprobado en una investigación anterior)
El Sr. Perez Arauco hace un intento ficcional de contar la historia de Silveria Tufino, durante el día del suceso. Dice que es a él como periodista que "le narran tal historia". El Sr. Perez Arauco ha tomado mi material y lo ha insertado en su ficción, añadiendo en muchos casos palabras o frases de su creación, intentando disimular el uso de un material de investigación serio y comprometido que no le pertenece.
He recogido numerosas versiones sobre la masacre de Huayllacancha que estarán contenidos en una publicación que además suma las costumbres y tradición oral de la Comunidad Campesina de Rancas, cuyos pobladores me han brindado largas horas de conversaciones llenas de historias y recuerdos.
He dejado un comentario en el blog del Sr. Perez haciendo referencia a "las coincidencias", pero como el blog tiene la opción de moderación de comentarios ha optado por no publicar mi anotación.Todo investigador que se precie de serlo y que tenga interés certero por la historia sabe lo que significa "una cita", "permiso de publicación" o "la referencia a una fuente", asunto que el Sr. Perez Arauco demuestra desconocer. Lo cual pone bajo tela de juicio su "vasto" material publicado con anterioridad.
El Sr. Perez Arauco nunca me pidió autorización para utilizar el referido texto claramente publicado con anterioridad a la publicación de su libro y su blog. Tengo en mi poder material suficiente sobre mi investigación (audios, transcripción, versiones de edición y publicación) para probar fehacientemente todo lo anotado anteriormente.
-- Elizabeth Lino Cornejo
http://zumbayllu.blogspot.com/
10 may 2009
Ortografía, cultura y racismo: Aldo Mariátegui e Hilaria Supa
Sin embargo, sería bueno que esto no quede en el olvido una vez que deja de ser noticia del momento, y que la discusión no se limite simplemente a las personalidades de Aldo Mariátegui e Hilaria Supa, pues la controversia ha dejado al descubierto muchos aspectos del tipo particular de racismo que existe en el Perú. Es por esto que comparto las siguientes reflexiones.
Hay algo muy irónico en todo esto. Aldo Mariátegui, como buen neoliberal (o digámosle liberal, como les gusta ser llamados) se llena la boca hablando de la “modernidad” que el Perú debe alcanzar a través del libre mercado y el apoyo (a toda costa) a la inversión privada nacional y extranjera. Esto nos ayudaría a ser como los países desarrollados y dejar de lado el atraso y primitivismo del pasado.
Sin embargo, invectivas como las que lanzó en el Correo del jueves 23 de abril – agresiva e ignorantemente racistas – ya hace un tiempo que dejaron de tener un espacio en el escenario político de por lo menos EE.UU., el único país del primer mundo que puedo decir que realmente he conocido. No quiero decir que no haya racismo allá; ciertamente lo hay, y muy fuerte, contra los de descendencia africana, asiática, indígena, mestiza, y otros. Este racismo aún se manifiesta en innumerables interacciones cotidianas y está materializado en la estructura social y económica.
Pero en el ámbito oficial y periodístico el racismo abierto ya no encuentra un ambiente tan hospitalario como si parece hacerlo todavía en el Perú. Precisamente debido a que en EE.UU. tanto el racismo oficial y legal como el cotidiano eran tan fuertes hasta hace unas décadas – la segregación, los linchamientos, etc. – hubo una fuerte reacción que llevó a un movimiento social por parte de los mismos discriminados y oprimidos. Esta reacción ha hecho que ese país haya progresado algo en el tema racial.
Este progreso no se ha dado en igual medida en el Perú, donde el racismo no estaba oficializado en restricciones legales sino que vivía cómodamente en la vida cotidiana y la estructura económica – de las cuales es quizás más difícil extirparlo. En el Perú ha habido avances, por los mismos esfuerzos y luchas cotidianas de la gente andina, afroperuana, y otros, pero los cambios en la esfera oficial han sido mucho más lentos, si es que se han dado. Esto ha quedado claro con el caso de Aldo Mariátegui.
Los exabruptos del Sr. Mariátegui, lejos de acercarnos a alguna “modernidad,” nos condenan a un primitivismo decimonónico y nos hacen parecer ante los ojos del mundo como un país anticuadamente racista, colonial y señorial. Flaco favor le hace el Sr. Mariátegui a su ideología liberal si es que busca implantarla a través de la burla y el desprecio hacia la gran mayoría de sus compatriotas (aunque lamentablemente, hay que decirlo, la internalización del racismo hace que un buen número de peruanos esté de acuerdo con este individuo). Sería más inteligente si siguiera el ejemplo de algunos de sus camaradas liberales como Hernando de Soto o Jaime de Althaus, que, aunque puedo no estar de acuerdo con muchas de sus ideas, hay que reconocer que por lo menos tienen más respeto por los sectores populares del Perú.
En su libro Indígenas Mestizos: Raza y Cultura en el Cusco, la antropóloga Marisol de la Cadena habla extensamente sobre cómo en el Perú el racismo desde hace muchos años viene expresándose a través de la diferenciación y la discriminación en torno a la “educación” y la “cultura.” El editorial de Aldo Mariátegui del 23 de abril (junto con el artículo del periodista Agustín Chávez) parece haber sido diseñado explícitamente para ilustrar esta especie muy peruana de racismo. Para el Sr. Mariátegui “nos provoca pena que esta humilde mujer tenga esas carencias,” pues la congresista Supa, y gente como ella, escriben “peor que un niño de ocho años” y “no están mínimamente iluminados por las luces de la cultura.” Se pregunta “si es sano para el país que pueda acceder al Congreso alguien con un nivel cultural tan bajo.” La portada del diario lleva el titular “¡Qué nivel! Urge Coquito para congresista Supa.”
Como muchos de los que practican este tipo de racismo, Aldo Mariátegui sin duda negará en público que el sea racista. Pero es en buena parte a través de este tipo de prácticas que se reproduce la discriminación y la desigualdad en el Perú (sin olvidar a los que si son orgullosa y públicamente racistas).
Como buen liberal, el Sr. Mariátegui dirá que el sólo está exigiendo un estándar necesario, que lo exige a todos por igual. No vamos a enfocarnos sobre las contradicciones siempre presentes en esta superficial “igualdad” de los liberales, que aplica algunos estándares y no otros, selectivamente. Este tipo de igualdad ya fue descrita hace un siglo por el escritor francés Anatole France, cuando escribió que “la ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe tanto a ricos como a pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan.”
Más bien, más allá del tema de su aplicabilidad, es el estándar en si (el de la “buena ortografía”) el que hay que cuestionar. No niego que la escritura y la lectura sean cosas muy buenas – si es que son bien utilizadas. Pues la escritura, como muchas cosas en este mundo, tiene una naturaleza dual. Así como puede servir para la liberación individual y colectiva, también puede estar vinculada a la represión y la opresión. ¿Cuando empezó a surgir la escritura en las civilizaciones antiguas? Con el desarrollo de clases sacerdotales dirigentes, que empezaron a apropiarse del excedente producido por los campesinos para así construir pirámides y templos y para tener el tiempo que dedicar a tareas intelectuales – entre ellas la tarea de diseñar nuevas formas de explotar al campesinado. No quiero decir que hubiera sido mejor si la escritura no hubiese aparecido, sino que no se puede negar este lado negativo.
Más cercano a nosotros en el tiempo y el espacio, en el Perú rural de los siglos XIX y la primera mitad del XX los hacendados y sus tinterillos utilizaban lo que muchas veces era su monopolio sobre la palabra escrita para enmarañar a las comunidades indígenas en densas telarañas jurídicas con el propósito de despojarlas de sus tierras. A los niños de estas comunidades con frecuencia no se les permitía ingresar a las escuelas para aprender a leer y escribir, pues los hacendados veían como una amenaza a un campesino indígena que fuese letrado.
Por supuesto, la escritura tiene también su lado liberador y unificador, pues crea lazos entre personas y situaciones lejanas y permite la elaboración de nuevas maneras de ver el mundo. Pero alguien que representa este espíritu sería en todo caso no Aldo Mariátegui, quien ha tenido muchas oportunidades y las utiliza para la burla y el desprecio, sino Hilaria Supa. No he seguido con detenimiento todas sus acciones en el congreso, así que no puedo calificar su gestión en su totalidad, pero en todo caso lo que importa acá son los principios más que las personalidades. Habiendo tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir solo después de los 20 años, Hilaria Supa ha impulsado campañas de alfabetización y ha defendido la cultura quechua con dignidad y orgullo, buscando que los que son ajenos y hasta desprecian esta cultura – como la congresista Martha Hildebrandt, a quien Supa regaló un ejemplar de su libro – se acerquen a ella.
Como Hilaria Supa, millones de peruanos han luchado a lo largo del siglo XX para acceder a la educación que elites letradas les habían negado, o para que por lo menos sus hijos puedan acceder a ella. Esta lucha cotidiana y silenciosa se ha dado en múltiples formas - asistiendo a clases nocturnas después del trabajo, organizando faenas para construir una escuela para su comunidad, sacrificándose largas horas en su trabajo o pequeña empresa para que uno de sus hijos pueda asistir a la universidad.
Y si se quieren ejemplos más dramáticos de acción colectiva, también los hay – como el caso de los trabajadores de la mina de Huanzalá (Huánuco), que en 1985 protagonizaron una huelga general e indefinida, (contra la dura oposición de la empresa minera y de la Sociedad Nacional de Minería) cuyo pliego de reclamos consistía de un sólo punto: que se construyera un colegio secundario para sus hijos en el asiento minero.[1]
La educación y la alfabetización han sido vistas por la mayoría de los peruanos como un medio de ascenso social y de mejora de vida. No hay que tener una visión romántica ni triunfalista de esto, pues la educación a la que se accedía muchas veces era no sólo de calidad deficiente y poca variedad sino también hostil a la cultura andina, por ejemplo reforzando la idea de que el quechua significa atraso y la adquisición del castellano significa progreso.
Sin embargo, es innegable que el esfuerzo popular, de millones de peruanos, ha democratizado la educación (y la escritura) en el país. Sin duda muchos de estos padres que trabajaron por la educación de sus hijos tendrían una ortografía que Aldo Mariátegui consideraría sumamente deficiente (aparte de que el hubiera prohibido a la gran mayoría de ellos de tener la posibilidad de acceder al Congreso, pues escribe que “debe haber requisitos extras para ser congresista, como grado universitario”). Pero, ¿quien pertenece más en una sociedad que valora la educación – el o ellos?
Obviamente que estos padres hubiesen querido que sus hijos tengan la mejor ortografía posible. Y yo si fuera profesor de primaria o secundaria haría todo lo posible por enseñarles a mis alumnos la ortografía “correcta” cuando escriben en castellano, y les exigiría que en su trabajo muestren los frutos de esta enseñanza. No porque realmente me importe la ortografía en si (al final una manera de hablar o de escribir no es mejor que otra, más bien la estandarización del idioma tiende a ser una manera de excluir y marginar, sobre todo en el Perú), sino porque la realidad es que vivimos en un mundo donde escribir “correctamente,” a la manera oficial, les ayudará a salir adelante.
Pero la ortografía no es el bien supremo de la sociedad. Primero vienen la igualdad y la solidaridad. Mientras estas no dominen en el Perú, los estándares de ortografía en la política tienen que ser flexibles. Además de burlarse de ellos, el Sr. Mariátegui quiere excluir de la posibilidad de acceder al Congreso (y talvez de la vida política en general) al enorme número de peruanos que escriben como la congresista Supa. Mientras no haya igualdad de oportunidades educativas en el país, yo francamente prefiero que hayan congresistas que escriban “mal” pero que sean gente de principios y que luchen por su pueblo, antes que individuos que son (o se creen) muy “letrados” pero que utilizan el poder político para discriminar y marginar, como han hecho y hacen muchos congresistas.
Las particularidades lingüísticas e históricas del Perú también añaden otro nivel de complejidad al tema de la ortografía. Muchas de las “faltas” ortográficas que Aldo Mariátegui y su periodista Agustín Chávez señalan en los apuntes personales de Hilaria Supa consisten en confundir la i con la e, la o con la u, la v con la b. Sucede que el idioma quechua, la lengua materna de la congresista Supa, no distingue entre los sonidos que estas letras representan en el castellano. No porque el quechua sea un idioma más simple que el castellano, sino porque cada idioma divide el espectro de sonidos de una manera distinta para crear significado. El castellano, por ejemplo, no distingue entre la a larga y la a corta del inglés, aunque en ese idioma esta distinción significa la diferencia entre decir “taza” y “gorra.”
El quechua también posee distinciones que el castellano no tiene. Quisiera ver al Sr. Mariátegui pronunciar correctamente, y repetir siempre correctamente, la distinción que hace el quechua cuzqueño entre la p regular (como en pacha, que significa tierra) y la p glotalizada (como en p’acha, que significa textil), o entre la t glotalizada (como en t’anta, que significa pan) y la t aspirada (como en thanta, que significa gastado, viejo).
Dirá el Sr. Mariátegui que el idioma del Congreso de la República es el castellano, no el quechua. Habría entonces que recordarle que legalmente el quechua y el aymara son tan oficiales como el castellano; el hecho que esto haya quedado en la teoría y no haya llegado a la práctica es un fracaso nacional, no es como se suponía que las cosas debían de ser.
Dirá también Aldo Mariátegui que estamos cambiando de tema al hablar de lo oral en vez de lo escrito, o dirá, como escribió en un editorial del Correo unos días después de la nota original, que, si la congresista Supa es quechuahablante, entonces debería tomar sus apuntes en quechua (cuya correcta ortografía sería vigilada por un académico seleccionado por el Sr. Mariátegui, suponemos).
Olvida que el quechua es un idioma que, aunque tiene una literatura escrita desde el siglo XVI, no tiene una cultura escrita bien desarrollada; es una lengua que vive y se reproduce predominantemente en la cultura oral, sobre todo la cultura oral del campo, que es sumamente rica y además contiene toda una manera de ver el mundo. La oralidad del quechua poco tiene que ver con el hecho de que los antiguos peruanos no tuvieran escritura. Algunos idiomas europeos, como el estonio y el lituano, también se empezaron a escribir recién en el siglo XVI. Sin embargo, hoy en día estos idiomas si tienen una cultura escrita bien desarrollada, son idiomas oficiales (en la práctica, no solo en la teoría), se publican miles de libros en ellos y la gente los utiliza para tomar sus apuntes.
¿Por que? Porque son idiomas que han sido adoptados por sus respectivos estados, y porque, si se dieron procesos de colonización en esos países, estos fueron muy distintos a lo que se dio en el Perú. Debido al colonialismo que sufrió el Perú (no solo el español sino también el colonialismo interno que persistió mucho después de la independencia), el quechua ha sido privado de desarrollar una cultura escrita, lo cual es injusto pues es el idioma que han hablado y hablan varios millones de nuestros compatriotas. Esto se corregirá cuando se cree una mayor esfera pública en quechua, como también en aymara y los idiomas amazónicos, sin dejar de lado por supuesto una esfera pública en castellano.
Pero será difícil que Aldo Mariátegui logre entender estas cuestiones, pues para el la cultura no es algo que cada grupo y cada ser humano posee, ya sea oralmente o por escrito – en su cosmovisión, su arte, su música, sus acciones cotidianas y en la lente a través de la cual interpreta el mundo – sino que es algo que viene en un solo tipo, que se acumula en distintos “niveles” (por eso describe a la congresista como “alguien con un nivel cultural tan bajo”) y que “ilumina” al individuo desde fuera, específicamente desde un lugar occidental, urbano, de habla castellana y de clase media para arriba.
En un momento, el Sr. Mariátegui intenta esconder su elitismo detrás de un populismo que denuncia los altos salarios de los congresistas – refiriéndose a Hilaria Supa, dice que “no se puede pagar más de S./20 mil al mes y darle tanto poder y responsabilidades a quienes no están mínimamente iluminados por las luces de la cultura.” Si es que el cree que los congresistas ganan demasiado (no estoy seguro que crea eso), estoy completamente de acuerdo. No es Aldo Mariátegui el primero en decir esto, ni mucho menos.
Pero ese es un tema aparte, que tiene que ver no con una congresista en particular sino con todos los congresistas, la mayor parte de los cuales se consideran muy “letrados” y seguro en muchos casos tienen grado universitario. Caso conocido es el de Martha Hildebrandt, a quien el Sr. Mariátegui presenta como el ejemplo de la cultura (“nadie pide que cada congresista sea una Martha Hildebrandt”), pero que cobra el pago por escolaridad cuando no tiene ningún hijo de edad escolar, y que arrogantemente defiende su derecho a hacerlo. Si vamos ha hablar de los altos sueldos de los congresistas, y de las serias carencias de un gran número de estos “padres de la patria” (las “fallas” ortográficas no son una de ellas), hablemos de eso entonces.
Pero esa discusión nada tiene que ver con los argumentos racistas y elitistas de Aldo Mariátegui. Perspectivas como la de el hacen daño a todos los peruanos, y nos remontan al siglo XIX, cuando el Perú ya era independiente pero era un país desarticulado, fragmentado, con una elite que se creía muy letrada, pero que perjudicó enormemente al país, y que miraba hacia Europa mientras que la gran mayoría de peruanos eran en la práctica excluidos de la nación, además de ser discriminados y explotados. Ese era el país al que se refería Manuel Gonzalez Prada cuando escribió que “el Perú es un organismo enfermo: donde se aplica el dedo brota el pus.”
Gracias a los esfuerzos cotidianos de millones de peruanos – campesinos, trabajadores, pequeños empresarios, artistas, etc., que defendieron su cultura y su orgullo y los fueron adaptando a nuevos tiempos y espacios (sin apoyo y más bien contra la oposición de gran parte de los sectores poderosos), el Perú ha cambiado en las últimas décadas. Si bien esta sigue siendo en parte una sociedad colonial (y muy racializada), y si bien sigue habiendo una desigualdad y discriminación tremendas, el Perú es hoy en día un país más integrado y menos señorial y feudal que en la época de González Prada o del abuelo de Aldo Mariátegui, José Carlos. Es un país del cual podemos sentirnos orgullosos, a pesar de todos sus problemas, con una cultura muy rica, vibrante, particular, multifacética, que poco a poco (y con muchos retrocesos) se va abriendo paso en la esfera pública y que impresiona y sorprende a los extranjeros que llegan a conocerla. Pero Aldo Mariátegui parece querer que volvamos a ser un país donde brota el pus.
Refiriéndose a la congresista Hilaria Supa, el Sr. Mariátegui escribió en su editorial que “estoy seguro de que su respuesta consistirá en acusarnos de ser nazis y hacerse la víctima.” Más bien, el mismo se pintó como la víctima en sus editoriales siguientes, presentándose como un periodista valiente en cuya contra se había volcado casi toda la clase política (es obvio que tiene derecho a escribir lo que quiera en su periódico; ese no es el tema). Su pretensión de víctima está presente en su nota original, cuando argumenta que “lo ‘políticamente correcto’ se está volviendo asfixiante en nuestro país.” En que país vivirá el, pues piense lo que se piense sobre como funciona la “political correctness” en países como EE.UU., es innegable que en el Perú lo “políticamente correcto,” lejos de haberse vuelto “asfixiante,” recién ha empezado a tener el más mínimo espacio, mientras que lo que si es verdaderamente asfixiante es el racismo y la racialización.
Sin duda los que le han dado el gusto en decirle nazi también alimentarán su complejo de víctima. El Sr. Mariátegui no es un nazi – los nazis fueron un grupo político que tomó el poder en Alemania hace más de 70 años, mientras que Aldo Mariátegui es un racista muy a la peruana, señorial y elitista, que representa los lados más negativos de nuestra tradición nacional.
[1] Ver Denis Sulmont y Marcel Valcárcel, Vetas de Futuro: Educación y Cultura en las Minas del Perú (1993), pp.127-133.
27 abr 2009
La expansión del aeropuerto Jorge Chávez y la ex-hacienda San Agustín
14 abr 2009
Presentación de libro - Dinámica Social y Minería (Guillermo Salas)
Presentación del libro: "Dinámica social y minería. Familias pastoras de puna y la presencia del proyecto Antamina (1997-2002)"
El Instituto de Estudios Peruanos, tiene el agrado de invitarlo a la presentación del libro:
DINAMICA SOCIAL Y MINERIA. FAMILIAS PASTORAS DE PUNA Y LA PRESENCIA DEL PROYECTO ANTAMINA (1997-2002)
escrito por
Guillermo Salas Carreño
Los comentarios estarán a cargo de María Isabel Remy y Alejandro Diez.
La presentación se realizará el día miércoles 15 de abril a las 11:30 a.m. en el local del Instituto de Estudios Peruanos, Horacio Urteaga 694, Jesús María.
11 abr 2009
Minería: Comunidad y Trabajo
Artículo que publiqué recientamente en la revista Trabajo y Desarrollo - http://www.plades.org.pe/publicaciones/revistas/vigilancia_social/revista_nro5.pdf
Minería: Comunidad y Trabajo
Federico Helfgott
El 8 de agosto de 1982, 1,800 trabajadores de la empresa Minas Canaria S.A. salieron del departamento de Ayacucho, recorriendo el camino hasta Lima junto con sus familias, en una marcha de sacrificio. Permanecieron más de un año en la capital, exigiendo el pago de salarios atrasados y la reapertura del centro minero, pues la empresa había suspendido operaciones alegando crisis y dejando a miles de personas sin sustento.
Dos décadas después, se desarrollaba el conflicto de Tambogrande, en que la población de un valle agrícola - productivo y exportador - impidió el ingreso de una empresa minera cuyas operaciones hubieran puesto en peligro la agricultura así como la existencia física del centro poblado. Similarmente, en el 2004 protestas masivas en Cajamarca llevaron a la empresa Yanacocha a desistir de su expansión hacia el Cerro Quilish, fuente de agua para la ciudad y las comunidades aledañas. Situaciones conflictivas se daban también en Vicco (Pasco), Tintaya (Cusco) y otras zonas del Perú por temas como la compra de tierras, el agua, la contaminación y la distribución de los recursos económicos generados por la minería.
Por un lado tenemos el caso (no el único en esa época) de una población que se moviliza para evitar el cierre de una minera, por el otro lado varios casos de movilización dirigida a impedir, limitar o modificar la expansión de la minería. Este contraste, y en general los encuentros y desencuentros entre los dos principales ámbitos sociales en la minería – lo laboral y lo comunitario/poblacional – nos invitan a reflexionar sobre los cambios de las últimas décadas, y sobre las contradicciones y ambigüedades siempre presentes en la minería peruana.
Hasta comienzos de los años 90, la principal preocupación social de la industria minera era de carácter laboral – sus relaciones con sus trabajadores. El surgimiento de la minería industrial en el Perú a partir de 1902 había creado una fuerza laboral concentrada, compartiendo niveles de vida y condiciones de trabajo bastante difíciles dentro de cada centro minero.
Como en otras partes del mundo con condiciones similares, esta situación conllevó al surgimiento de sindicatos, organizaciones de defensa del trabajador en una economía controlada por el capital. A través de un tortuoso proceso de luchas, se llegó a forjar un movimiento sindical minero que en la segunda mitad del siglo XX empezó a conseguir importantes mejoras en salarios y condiciones de trabajo y de vida. Este proceso llegó a su cúspide con las Huelgas Nacionales Mineras de 1988 y 89, en las cuales la Federación Minera luchó por el Pliego Nacional. Al no conseguir esto, debido a la oposición de la Sociedad Nacional de Minería y la difícil situación política que vivía el país en ese entonces, el movimiento sindical minero se debilitó. A esto se sumaron los golpes provenientes del conflicto armado y, a partir de 1990, las reformas anti-sindicales del gobierno de Fujimori. La nueva minería peruana que se perfiló a partir de los 90s por lo tanto fue una industria dominada por el poder y las necesidades del capital, al menos en el ámbito laboral.
Por otro lado, la minería siempre ha contenido la posibilidad (y a veces la concretización) de conflicto con las poblaciones rurales, en particular con las comunidades campesinas, pues es una industria que utiliza el espacio intensiva y extensivamente – ya sea como tajo, depósito de relaves o desmontes o fuente de agua y otros insumos para sus operaciones. Y en nuestro país desde los 70s y 80s el espacio rural andino está mayormente en manos de las comunidades campesinas, instituciones políticas y sociales muy importantes que son producto de la particular historia del Perú. A diferencia del movimiento laboral, las comunidades campesinas no se vieron tan debilitadas por el ascenso del capital en los 90s, pues su supervivencia no dependía tan directamente de su relación con el capital. Por tanto, cuando el área nacional de las concesiones mineras se multiplicó por un factor de 6 en la década del 90[1], muchas comunidades empezaron a defender sus territorios.
Pero hay que recordar que las comunidades campesinas y los trabajadores mineros no han sido ni son dos entidades completamente extrañas una a la otra. ¿De donde han venido históricamente los trabajadores mineros en el Perú sino de las comunidades? Es cierto que con la mecanización de la minería a partir de los años 40 y 50 las empresas tuvieron que crear una fuerza laboral más estable y capacitada, y algunos de los vínculos a la sociedad campesina se debilitaron. Pero estas conexiones nunca se perdieron del todo, pues junto con la población minera urbanizada seguían viniendo trabajadores de las comunidades.
En los últimos años se han mantenido los vínculos laborales entre las comunidades campesinas y la minería, aunque han cambiado su modalidad. Esto está relacionado al harto conocido fenómeno de la tercerización, a través del cual una mayor parte de la fuerza laboral trabaja no directamente para la empresa sino a través de contratistas, con menos beneficios sociales, horas más largas y sin estabilidad laboral. Como ejemplo podemos ver el caso de la mina de Cerro de Pasco, donde el número de trabajadores de planilla disminuyó de 2,090 en 1992 a 1,346 en el 2002, mientras que los trabajadores por contrata aumentaron de 110 a 1,100 durante este mismo período.[2]
En otras unidades mineras de la Región Pasco la situación es aún más dramática: en el 2006, de acuerdo a datos del Ministerio de Energía y Minas, la empresa Brocal empleaba directamente a 264 trabajadores y recibía los servicios de 829 trabajadores de contrata, mientras que Atacocha tenía 280 de planilla y 2,316 de contrata.[3] Este es uno de los principales factores que han impedido el resurgimiento de los sindicatos, pues estos sólo pueden representar a la fracción de trabajadores que tienen un vínculo formal con la empresa; cuando en ciertas zonas mineras los trabajadores de contrata han intentado formar sindicatos, por ejemplo en Pierina (Ancash) y Casapalca (Lima), estos han sido despedidos u hostilizados, al no contar con estabilidad laboral.
Muchos de estos trabajadores de contrata provienen directamente de las comunidades campesinas, como solía suceder antes de la estabilización laboral en la minería de mediados del siglo XX. En muchos casos estos comuneros trabajan a través de contratistas individuales, pero otra modalidad que ha surgido en los últimos años son las empresas comunales. Así como en los años 70 las políticas del estado incentivan la formación de las cooperativas comunales, el clima político neoliberal a partir de los 90s ha sido más favorable al surgimiento de las empresas comunales; esta forma social es utilizada por las comunidades como un vehículo para mejorar su nivel de vida y su posicionamiento frente a las empresas.
En Pasco, una de las primeras empresas comunales fue formada a principios de los 90s por la comunidad de Rancas; compraron volquetes y otras maquinarias para la minería con la compensación obtenida de la empresa Centromín tras un proceso de lucha contra la usurpación de terrenos comunales para una cancha de relaves. En varios casos, las empresas comunales se han formado por iniciativa de las propias comunidades. En otros, como dice un funcionario de relaciones comunitarias de una empresa de mediana minería de Pasco, entrevistado por Víctor Falconí, Mariella Estrada, y el autor, “vemos que las comunidades a veces no tienen ningún interés. Al contrario nosotros como empresa estamos exigiéndoles a ellos.”[4] La existencia de una empresa comunal beneficia a la compañía minera no sólo porque es una forma mas de tercerización, sino también porque ata el sustento económico de los comuneros a las operaciones de la empresa, haciendo más difícil la oposición comunal a la expansión minera o a la contaminación ambiental.
Sin embargo, también puede crear nuevos problemas para la empresa minera, pues se crea una nueva fuerza en las comunidades. La empresa comunal puede hacerle un paro a la compañía cuando no está satisfecha con los términos de la relación laboral; mas aún, la comunidad en si empieza a incluir el aspecto laboral al negociar con la compañía sobre temas de tierras. Por ejemplo, en Octubre del 2008 la comunidad de Huayllay paralizó las operaciones de la mina Animón, de la empresa Volcan, en protesta por la usurpación de terrenos comunales, pero también exigiendo que un cierto número de trabajadores de la comunidad pasaran a planilla de la compañía.
En algunas comunidades ganaderas de Pasco, especialmente las que están más cercanas a las operaciones mineras, cerca al 40 o 50% de los comuneros trabajan en la minería, manteniendo aún sus ganados y otras actividades. En el caso particular de una comunidad, casi la totalidad de la población económicamente activa trabaja en la actividad minera; la ganadería ya no es factible, pues dentro del pequeño territorio comunal se encuentran dos canchas de relaves, una planta concentradora y parte del tajo abierto de la empresa minera. En otras zonas donde las empresas mineras son recién llegadas, estas a menudo proveen puestos de trabajo rotativos a los comuneros como parte de sus programas de responsabilidad social.
En todos estos casos, vemos que muchas de las comunidades campesinas en zonas mineras del Perú no son únicamente entidades que entran en conflicto con las empresas mineras o que pueden reclamar beneficios de ellas; son también parte de la fuerza laboral que crea valor para la empresa y que contribuye a producir la riqueza minera del Perú – riqueza que no es equitativamente distribuida. Inversamente, esto significa que parte de la fuerza laboral de la minería peruana tiene vínculos a esta actividad que van más allá del trabajo y el salario, y que incluyen la competencia por el agua y la tierra así como la preocupación por la contaminación y por la distribución de los recursos extraídos del territorio.
Al mismo tiempo, otros tipos de comunidad aparte de la comunidad campesina han visto una transformación en su relación con las empresas mineras. Antes de los 90s los trabajadores estables de planilla eran la gran mayoría de la fuerza laboral, y formaban una “comunidad” de otro tipo, viviendo en campamentos con servicios proveídos por las empresas y representados por sus sindicatos que precisamente luchaban por estos beneficios además de por los salarios. Ahora, con los sistemas de trabajo flexible, las familias de los trabajadores muchas veces ya no viven con ellos en el centro de producción. Muchos de los campamentos han desaparecido; un caso dramático es el de la empresa minera Huarón, donde una comunidad vibrante de 1,300 trabajadores y sus familias – con cine, equipos de fútbol, escuelas, sindicato y clubes de madres – vio como su espacio físico era desmantelado en los 90s, al mismo tiempo que ellos mismos eran retirados de la empresa.
Aún en casos como el de Cerro de Pasco donde todavía se mantienen campamentos dentro de la ciudad, ha habido una disminución en los servicios brindados por la empresa, desde materiales como kerosene y leche hasta los colegios de la empresa que fueron transferidos al Estado. Mientras que las empresas mineras en algunos casos han tenido que desarrollar más sus programas de responsabilidad social hacia las comunidades campesinas y otras entidades territorialmente definidas, que son actores fuertes que les pueden generar problemas sociales, han disminuido su relación comunitaria con su fuerza laboral como tal.
Esto talvez ha causado que a veces el núcleo de defensa de lo colectivo también cambie de lo laboral a la comunidad campesina u otra entidad territorial. Es el caso por ejemplo de la Sra. Aquilina Robles, dirigenta de los comités de mujeres de los sindicatos mineros, que había luchado por muchos años por los derechos de las familias de los trabajadores en los campamentos; ya en esta década su madre le dijo “Tú has trabajado mucho para los mineros, y hoy quiero que trabajes por mi pueblo... Tu eres campesina, hija de un campesino, has nacido acá.”[5] Ella ha continuado su labor sindical además de ahora luchar por su comunidad campesina y su distrito.
Sería un error pensar que estos cambios han sido totales, y que el ámbito laboral ha sido absorbido por el comunal, pues no es así. El trabajo minero hoy toma lugar bajo varias modalidades, y los trabajadores de planilla siguen siendo un elemento importante. Además, desde el inicio de la presente década el movimiento sindical minero ha mostrado señales de un cierto re-fortalecimiento. La actual crisis en la minería peruana, en la que miles de trabajadores han sido despedidos en los últimos cuatro meses, afecta tanto a los sindicatos, que ven debilitado su poder de negociación, como a las comunidades, cuyos miembros son muchas veces los primeros en ser despedidos.
Más bien, es necesario pensar nuevas formas de articular los actores y de integrar los temas comunales, ambientales y laborales para poder crear solidaridad en vez de competencia y división. Para esto es necesario plantear tanto el fortalecimiento de los sindicatos como de los derechos de los trabajadores de contrata y de las comunidades campesinas, y el derecho de la población en general a una vida digna y saludable. Tampoco se trata de un rechazo total e inmediato a las empresas mineras, pues en el sistema actual vivimos en un mundo dominado por empresas y nuestra subsistencia se ha vuelto en buena parte dependiente de su actividad, además de que el Perú sigue dependiendo económicamente de la minería.
No se trata por tanto de un simple si o no a la minería; los mismos empresarios mineros saben esto, pues el capital tiene ciclos de expansión y contracción y las empresas son las primeras en paralizar operaciones cuando esto les conviene a sus intereses, como muestra el ejemplo con el que iniciamos este artículo. Pero podemos tratar de re-orientar la forma de esta actividad extractiva y la distribución de los beneficios así como de los reales e inevitables perjuicios; para esto es necesario tener una perspectiva amplia del problema que tome en consideración todas las ambigüedades y contradicciones que se presentan.
[1] José de Echave, Mining Activity and Community Rights. Cooperacción, 2005, p.10
[2] Desarrollo Sustentable, Descentralización y Minería en Pasco. CEDAL, Centro Labor-Pasco, 2005, p.24.
[3] Pasco: Trabajo, Educación, Salud y Medio Ambiente. Documento de Trabajo. CEDAL, 2008, p.16.
[4] Entrevista, 10 de Octubre 2008.
[5] Entrevista, Noviembre 2008.
